Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por los delitos de cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por la revista Proceso, la orden de aprehensión se deriva de la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin el pasado 11 de abril, en la cual acusó a Videgaray Caso de haber utilizado parte de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para comprar votos de legisladores y así lograr la aprobación mayoritaria de la Reforma Energética.
Según la misma denuncia, Peña Nieto y Videgaray Caso también habrían ordenado a Lozoya Austin recibir una millonaria cantidad de dinero para financiar la campaña política del expresidente, mediante la contratación de asesores extranjeros.
No obstante, explica Proceso, la orden de aprehensión ha sido rechazada en dos ocasiones por el juzgador involucrado, ante diversas deficiencias en las indagatorias.
De acuerdo con el mandamiento judicial de captura, la traición a la patria que se le atribuye a Videgaray Caso es por atentar contra la integridad del Estado mexicano al recurrir a los sobornos de Odebrecht para comprar votos a favor de la Reforma Energética y de esa forma someter los intereses nacionales a los de una empresa extranjera.
Actualmente, Videgaray Caso se encuentra en Estados Unidos, donde colabora en el Instituto de Tecnología de Massachusetts como docente y conferencista.
En septiembre pasado, ante las acusaciones en contra del exfuncionario federal, alrededor de 80 exalumnos, alumnos del Instituto, además de algunos investigadores, exigieron la salida su salida.
Videgaray Caso es, hasta ahora, la figura más importante del gobierno pasado contra quien las autoridades mexicanas solicitan una orden de aprehensión.
De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal federal, se impondrán entre cinco y 40 años de prisión a quien cometa traición a la patria.
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