Guadalajara, Jalisco.- Los funcionarios que hayan encubierto el estudio que en 2010 revelaba los daños a la salud que la contaminación en el río Santiago estaba provocando a menores de edad de zonas aledañas, deberán enfrentar procesos administrativos, y en su caso, castigos, informó el gobierno de Jalisco.
A través de una ficha informativa entregada al reportero Javier Toral, la administración que dirige Enrique Alfaro Ramírez sostuvo que se han tomado acciones preventivas en torno a la contaminada cuenca.
“A través del programa Médico de Barrio se han brindado 162 mil 900 acciones tan sólo en el área de intervención prioritaria, atendiendo a un total de 35 mil 30 personas”, indicó.
“Otra acción estratégica fue el rechazo a la construcción de la termoeléctrica ‘La Charrería’, en Juanacatlán, por tratarse de un proyecto que basa la generación de energía a través de fuentes fósiles, yendo en sentido contrario a la agenda ambiental de Jalisco, a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, así como a la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima. Además, se interpuso un recurso administrativo de revisión ante la propia Semarnat, para que se reconsidere el visto bueno a la manifestación de impacto ambiental”. abundó.
De acuerdo con las conclusiones finales del citado estudio, realizado a petición de la Comisión Estatal del Agua por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), eran necesarias diversas acciones, mismas que jamás tuvieron eco, dejando indefensos a 330 menores de edad que sufrían, en su mayoría, varios problemas de salud relacionados con su cercanía al afluente.
Entre las recomendaciones destacaron la atención a niños en el aspecto cognitivo, ya que presentaban dificultados de aprendizaje, así como el seguimiento a la salud de los menores.
“Como pudo verse en la presente investigación, los problemas de salud pública obedecen a riesgos multifactoriales con características de cronicidad, acumulación y sinergismo, que no solo condicionan la esperanza y calidad de vida de los individuos, sino que de manera concomitante les impide desarrollar todas sus capacidades en un nivel óptimo de competencia, que en condiciones favorables harían posible su inserción productiva en todos los ámbitos. La evaluación y resolución de los problemas de salud propios de estos escenarios de alto riesgo, requieren de una aproximación metodológica robusta que permita llevar a cabo un análisis multidimensional e integral de los mismos”, apuntó entonces la UASLP.
Otro punto destacado por el gobierno jalisciense en la ficha informativa es la presencia de 35 centros de salud en zonas aledañas al río, aunque 31 están en remodelación, y se espera que operen completamente en 2021.
Finalmente, “el Gobierno de Jalisco iniciará los procesos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades de los funcionarios de administraciones estatales pasadas por haber ocultado esta información”.
Cuando el estudio fue concluido, quien gobernaba Jalisco era el panista Emilio González Márquez.
Hasta el momento la Federación no se ha pronunciado al respecto.
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