Guadalajara, Jalisco.- El acuerdo de compraventa de la Villa Panamericana incluye considera mitigar el impacto ambiental del inmueble que ahí se reconstruya, así como el apego a la normatividad municipal en materia habitacional, aseguró el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en un comunicado.
Según el Ipejal, la empresa Green Life Capital, misma que se perfila para adquirir el inmueble que albergó a los atletas de los Juegos Panamericanos en 2011, deberá resolver las cinco controversias jurídicas que se han promovido desde el inicio del proyecto, y que prohíben cualquier modificación del espacio en tanto no se destrabe el entramado legal.
Además de esto, apunta el organismo estatal, Green Life Capital deberá conseguir las concesiones de servicios de energía eléctrica y garantizar que las vías de acceso hacia la Villa Panamericana sean reparadas y señalizadas.
Destacó también que el acuerdo no se concretará hasta que se promulgue un decreto de protección para la zona del Bajío, tal como condicionó Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, donde se encuentra el inmueble.
Otros puntos anotados por el Ipejal es la realización del plan de acción de mitigación ambiental y una estrategia para definir los procesos de recarga, conducción y almacenamiento de agua en el edificio.
Por su parte, Enrique Ibarra Pedroza, secretario general del gobierno jalisciense, secundó la voz del gobernador Enrique Alfaro, al sostener que la venta de la Villa Panamericana tiene como propósito principal la recuperación de 500 millones de pesos erogados por el Ipejal para la construcción de la edificación.
“Aquí está un interés muy importante: una institución afectada por más de mil millones de pesos, que son las pensiones de decenas de miles de trabajadores. Todo se hará armónicamente, de acuerdo a las disposiciones legales. No habrá afectaciones”, dijo.
No obstante, según recordó Carlos Aldana, abogado representante de vecinos del fraccionamiento Rancho Contento, existen tres juicios de nulidad que se encuentran vigentes, los cuales impiden la venta del inmueble y que se emitan certificados de habitabilidad.
De violarse los recursos legales, el ayuntamiento de Zapopan, los institutos de Pensiones del Estado y de Vivienda, así como el sucesor jerárquico, Enrique Alfaro Ramírez, serían apercibidos. De persistir el desacato, la sanción puede escalar hasta la destitución del cargo, explicó el abogado.