Lo que era un secreto a voces fue confirmado por Herbert Taylor: las  magistraturas estaban a la venta,  tradicionalmente en Jalisco.

Las magistraturas eran designadas por los que ostentaban el poder político en turno. Los gobernadores, a capricho, designaban a sus compadres, amigos, con el único mérito de contar con su simpatía. Posteriormente, esta “facultad” o poder se trasladó a los partidos políticos que también reclamaban su tajada del pastel. Así fue cómo se partidizaron estas designaciones, tantas para los rojos, tantas para los azules, otras más para los amarillos, y hasta la chiquillada peleó exitosamente sus respectivas posiciones.

Los resultados de estas prácticas han sido desastrosos para Jalisco. Dichas posiciones dejaron de ser designaciones desinteresadas y algunos políticos sin escrúpulos vieron la oportunidad “de oro” para enriquecerse brutalmente vendiendo al mejor postor cada una de las magistraturas. 

Desde hace más de 15 años, quien deseaba ser magistrado podía hacerlo con la “inversión” de algunos milloncitos de pesos, mismos que iban a recuperar con su “trabajo” diario. Una mala práctica trae otra. Éste el motivo principal del disparo de la corrupción de forma exponencial. De tal suerte que para ser magistrado solo se requerían dos cosas: o pagar el monto que fijaban los políticos en turno o por medio del tráfico de influencias.

Fuera quedaba el tema de la meritocracia, servicio profesional de carrera y escalafón por méritos propios por parte de los aspirantes, quienes prácticamente servían de burla para una cinicocracia que solo veía la oportunidad de enriqueserse a cualquier costo.

Lo anterior fue confirmado por un político que sabe muy bien lo que habla: Herbert Taylor, panista muy cercano al exgobernador del mismo partido, Emilio González Márquez.

El susodicho se armó de valor (seguramente salió mal con el grupo al que apunta) y en una entrevista señaló a Miguel Ángel Monraz, José María Martínez y Juan Carlos Márquez como responsables de haber vendido magistraturas en sus tiempos de legisladores.

Lo anterior dio pie una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, aunque sabemos los resultados que hasta el momento ha dado ésta dependencia.

Lo preocupante es que están en puerta al menos nueve magistraturas, que podrían estarse tramando perversos planes para su venta, trafico de influencias o reparto de cuotas partidistas. Dice un dicho popular que: “perro huevero aunque le quemen el hocico”. Por ello debemos estar al pendiente sociedad en general, medios de comunicación, universidades, colectivos sociales, para que el siguiente proceso de elección garantice que llegaran a estos puestos los mejores perfiles.

Fue la pasada legislatura en la que un grupo de más de 60 abogados, entre ellos magistrados, jueces, litigantes, maestros y doctores en derecho tomamos la decisión de trabajar un proyecto de iniciativa de ley en la que imperara la meritocracia en la elección de magistrados, jueces, fiscal estatal entre otros cargos. Y así fue, trabajamos por espacio de seis meses y terminamos la propuesta que formalmente se presento ante el pleno del Congreso del Estado.

En dicha iniciativa se contemplan los méritos de cada aspirante, con la finalidad de que ocupe el cargo quien tenga mayor experiencia, mejor conocimiento y especialización en la materia.

Diseñamos también una tabla de puntaje en la que se tiene que considerar la calificación de una evaluación, su grado académico, su experiencia en el litigio o en cargos en el poder judicial, por mencionar algunos puntos a considerar. La iniciativa fue la primera en Jalisco en su tipo. Con la finalidad de erradicar los vicios tan arraigados en quienes momentáneamente detentan el poder en Jalisco.

Invitamos a la presente legislatura a retomar el proyecto, con la finalidad de que la elección sea objetiva, científica y veraz.