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Violencia machista

Violencia machista

Diversas organizaciones feministas hacen un llamado ante las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de una trabajadora del ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, y exigen que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional de diversos funcionarios, obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones a sus derechos humanos cometidas.

Los señalamientos van dirigidos en contra del presidente municipal Sergio Quezada Mendoza y el director de Padrón y Licencias de la misma demarcación, Efraín Martínez Iñiguez, y en contra de todas y todos los funcionarios que con sus acciones y omisiones han permitido la reiterada violencia institucional y ejercicio de violencia sexual en contra de la trabajadora que desde marzo de 2020 presentó las denuncias correspondientes.

Primero lo hizo en contra de Martínez, ante la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres, el órgano interno de control en Tototlán y en diversas instituciones, sin que ninguna hiciese eco de su denuncia y procediera en consecuencia para sancionar al agresor. El colmo de la violencia institucional es la manera en que Quezada intentó “mediar” el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo él mismo, diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora.

Sin duda este caso muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. La presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martínez en la administración pública es un peligro y un riesgo para las niñas y las mujeres, no solo del ayuntamiento, sino, especialmente, de la comunidad a la que supuestamente deben servir; en este caso, el municipio de Tototlán.

De esta manera, se hace urgente y necesario que se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni de otro nivel de gobierno

El artículo 176 Bis del Código Penal señala que: “si el acosador u hostigador presta sus servicios en cualquier institución pública y utiliza medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su cargo y se le podrá inhabilitar hasta por el doble de la pena privativa de libertad impuesta. Al responsable que cometa este delito en contra de servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones estén expuestos al contacto con la ciudadanía, se le podrá aumentar hasta en una mitad la pena prevista. Estos delitos sólo serán perseguidos por querella del ofendido o de su legítimo representante, salvo que se trate de un incapaz o menor de edad en cuyo caso se procederá de oficio. Una vez presentada la denuncia el delito se seguirá de oficio”.

Como se advierte, las conductas del presidente municipal y de su subalterno constituyen un delito y por lo tanto deben ser sujetos al proceso penal correspondiente. Se hace urgente también que en toda la administración pública estatal y municipal se implementen los protocolos de actuación que permitan establecer el conjunto de reglas y procedimientos que rijan el actuar de las autoridades y de profesionales en la atención de víctimas de violencia contra las mujeres, niñas y de género y que constituyan una herramienta de apoyo que dé una base y guía para manejar de forma adecuada los casos de violencia de género, acoso y hostigamiento  que se presenten.

Urge también desnaturalizar la violencia sistemática y estructural que viven las niñas y las mujeres todos los días, ante la indolencia gubernamental. Como sociedad no podemos seguir permitiendo ni un sólo caso de acoso, hostigamiento, violencia sexual, violencia política, violencia institucional o cualquier modalidad de violencia en contra de las niñas y las mujeres en ningún ámbito, ni en el privado, ni el público.

 

medium.com/dra-lupitaramos

@dralupitaramosp

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Acerca del autor

Guadalupe Ramos Ponce

María Guadalupe Ramos Ponce es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, además de investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara. Funge también como coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México (CLADEM) en Jalisco.

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