Felipe Cobián Rosales
Hasta el pasado fin de semana se contabilizaban en todo el país 113 casos de candidatos asesinados por motivos hasta ahora desconocidos casi en la totalidad de los mismos.
Las víctimas han sido abanderadas de prácticamente todos los partidos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional ysin distinción de género.
Además, los contabilizadores de tan lamentables hechos, refieren que el número de agresiones y atentados de diferente gravedad, hablan de una suma de alrededor de 400 en lo que va de la campaña 2017-2018, cosa antes no vista en el país en tiempos modernos.
Y otro dato más: varios de los ejecutados han sido personas que desempeñaban algún cargo de elección popular pero que estaban con licencia para reelegirse para presidentes municipales o diputados.
Y no se trata, en algunos de los casos conocidos, de aspirantes que hayan hecho mal su papel o que estuvieran involcurados en asuntos inconfesables, al contrario.
Tal es el caso del presidente de Jilotán de los Dolores, Juan Carlos Andrade, asesinado madrugada del 15 de abril cuando regresaba de un velorio y lo suple su viuda, Ydalia Chávez Contreras…
Lo más preocupante de esta situación es que, cuando iniciaron esos hechos, se creyó que eran aislados y que ahí pararía todo