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50 años de desaparición forzada en México

50 años de desaparición forzada en México

Mirada Violeta

Criterios

 

Este 19 de mayo de 2019 se cumplieron 50 años del primer caso documentado de desaparición forzada en México.

Entre los colectivos y grupos de familiares de personas desaparecidas se considera al profesor Epifanio Avilés Rojas como el primer desaparecido en México; por lo menos el del profesor Epifanio es el primer caso documentado. A él se le detuvo el 19 de mayo de 1969 en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. Lo detuvo el mayor Antonio López Rivera, quien lo entregó al general Miguel Bracamontes indicándole, delante de muchos testigos, que lo trasladara al Campo Militar Número Uno. A 50 años de la desaparición forzada del profesor Epifanio, su familia lo sigue buscando y el Estado mexicano sigue sin dar respuesta efectiva a su familia y a la sociedad entera.

Los primeros reclamos formales de familiares de personas desaparecidas los encontramos en la década de los setenta, cuando comienza a hacerse pública alguna información general sobre las y los desaparecidos a través de fichas y denuncias concretas, con información precisa que incluía datos de los responsables, lugares, fechas y momentos de su detención o último lugar donde fueron vistos, generalmente ante una autoridad policial o militar. Es la época en que nacen los comités de búsqueda de familiares.

A partir de entonces, la práctica de la desaparición forzada en México no ha terminado, por el contrario, en los últimos años se ha agudizado con la presencia de los grupos criminales que adoptaron la medida de represión estatal como un mecanismo de guerra y exterminio, no sólo contra los otros grupos delincuenciales rivales sino contra la sociedad civil, especialmente las y los jóvenes.

En Jalisco, esta práctica se ha agudizado en los últimos años y meses: casi 8 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, de tal manera que ha dejado pueblos enteros con familias fracturadas y corazones rotos. Es el caso de San Miguel el Alto, donde decenas de jóvenes han sido desaparecidos. Cuentan sus familias que en mayo del año pasado sólo en un día se llevaron a 10 jóvenes. El Salto tiene su propio récord, al reportar el número más alto de mujeres desaparecidas en los municipios, 87 en lo que va del año.

La ley general en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece que se debe garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición. También señala que se deben establecer mecanismos que permitan la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

La escucha, el acompañamiento y la atención de las familias de personas desaparecidas es tarea fundamental de un gobierno sensible que sabe que tiene una deuda con todas esas familias que van poblando las ciudades con su dolor.

Hace algunos años, conocí en Ciudad Juárez a un grupo de familias que buscaban a sus hijas desaparecidas. Aún recuerdo el grito de don Antonio, lleno de tristeza y de dolor: “Ni es cierto que ellas estén muertas, ni es cierto que nosotros estemos vivos”.

 

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponc

 

Imagen: Desinformémonos.

 

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Acerca del autor

Guadalupe Ramos Ponce

María Guadalupe Ramos Ponce es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, además de investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara. Funge también como coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México (CLADEM) en Jalisco.

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