La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 53 denuncias penales durante 2018, 10 de éstas contra administraciones pasadas de siete gobiernos estatales que desviaron recursos públicos, y las demás contra administraciones salientes, de acuerdo con la segunda entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017.
Las denuncian recaen en 10 estados del país.
La gestión del ex gobernador de Veracruz, hoy preso, Javier Duarte, ameritó la presentación de una denuncia más, a partir de la desaparición de 2 mil 568 millones de pesos transferidos por la Secretaría de Salud al estado, en 2014.
Mientras Fausto Vallejo gobernó Michoacán se registró un probable desvío de recursos públicos por 2 mil 139 millones de pesos a cuentas privadas, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en 2013.
La administración de Guillermo Padrés, en Sonora (también preso), fue objeto de una denuncia penal por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
En la Cuenta Pública 2014, la ASF, detectó daños a la hacienda pública por más de 200 millones de pesos por el mal ejercicio de los recursos de este fondo.
En casos como el de Jalisco, el daño al erario, motivo de dos denuncias, data desde hace dos administraciones, es decir, de la encabezada por el panista Emilio González Márquez quien, en 2012 cometió irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
La gestión de Mario Anguiano, en Colima, también fue objeto de dos denuncias penales por malos manejos del mismo: en este caso, se pagaron bonos a personas que no eran maestros, incluso hasta fletes.
En el mismo caso están los gobiernos que encabezaron Marcos Alberto Covarrubias, de Baja California Sur, y de San Luis Potosí, Fernando Toranzo.
David Colmenares, titular de la ASF, detalló a su vez que siete denuncias penales fueron presentadas en octubre, porque dependencias públicas contrataron a universidades para realizar tareas para las que no estaban capacitadas. Estas denuncias, dijo, involucran recursos por mil 900 mdp.
La ASF también detectó que un solo fondo del Ramo 23 (conocido como el ramo de los moches) ejerció mil 500% más de lo presupuestado por los diputados.
El Fondo para el Fortalecimiento Financiero tuvo un presupuesto de 3 mil 243 millones de pesos para 2017, pero en realidad ejerció 55 mil 116 millones.
En este informe, la ASF sólo auditó 16 estados. A partir de este descubrimiento, decidió revisar el ejercicio de las 32 entidades federativas.
De los revisados, el Estado de México reportó el mayor monto observado de recursos (960 millones de pesos), seguido de Puebla (920 millones de pesos) y Guanajuato (173 millones de pesos).
Las irregularidades fueron: falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, obras pagadas pero no ejecutadas y falta de amortización de los anticipos.
Para evitar la discrecionalidad en el gasto de estos recursos, la ASF recomendó establecer lineamientos que regulen el fondo.
La Cámara de Diputados reprobó formalmente el manejo de los recursos públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con 332 votos a favor y 41 en contra se aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2016 por el que se considera que la gestión de los fondos federales es opaca y discrecional. Fideicomisos, donativos, obra pública y padrones de programas sociales son parte de las áreas señaladas por sus irregularidades.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 53 denuncias penales durante 2018, 10 de éstas contra administraciones pasadas de siete gobiernos estatales que desviaron recursos públicos, de acuerdo con la segunda entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017.
La gestión del ex gobernador de Veracruz, hoy preso, Javier Duarte, ameritó la presentación de una denuncia más, a partir de la desaparición de 2 mil 568 millones de pesos transferidos por la Secretaría de Salud al estado, en 2014.
Mientras Fausto Vallejo gobernó Michoacán se registró un probable desvío de recursos públicos por 2 mil 139 millones de pesos a cuentas privadas, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en 2013.
La administración de Guillermo Padrés, en Sonora (también preso), fue objeto de una denuncia penal por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
En la Cuenta Pública 2014, la ASF, detectó daños a la hacienda pública por más de 200 millones de pesos por el mal ejercicio de los recursos de este fondo.
En casos como el de Jalisco, el daño al erario, motivo de dos denuncias, data desde hace dos administraciones, es decir, de la encabezada por el panista Emilio González Márquez quien, en 2012 cometió irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
La gestión de Mario Anguiano, en Colima, también fue objeto de dos denuncias penales por malos manejos del mismo: en este caso, se pagaron bonos a personas que no eran maestros, incluso hasta fletes.
En el mismo caso están los gobiernos que encabezaron Marcos Alberto Covarrubias, de Baja California Sur, y de San Luis Potosí, Fernando Toranzo.
David Colmenares, titular de la ASF, detalló a su vez que siete denuncias penales fueron presentadas en octubre, porque dependencias públicas contrataron a universidades para realizar tareas para las que no estaban capacitadas. Estas denuncias, dijo, involucran recursos por mil 900 mdp.
La ASF también detectó que un solo fondo del Ramo 23 (conocido como el ramo de los moches) ejerció mil 500% más de lo presupuestado por los diputados.
El Fondo para el Fortalecimiento Financiero tuvo un presupuesto de 3 mil 243 millones de pesos para 2017, pero en realidad ejerció 55 mil 116 millones.
En este informe, la ASF sólo auditó 16 estados. A partir de este descubrimiento, decidió revisar el ejercicio de las 32 entidades federativas.
De los revisados, el Estado de México reportó el mayor monto observado de recursos (960 millones de pesos), seguido de Puebla (920 millones de pesos) y Guanajuato (173 millones de pesos). Falta de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, obras pagadas pero no ejecutadas y falta de amortización de los anticipos son algunas irregularidades detectadas.
Para evitar la discrecionalidad en el gasto de estos recursos, la Auditoría recomendó establecer lineamientos que regulen el fondo.
La Cámara de Diputados reprobó formalmente el manejo de los recursos públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con 332 votos a favor y 41 en contra se aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2016 por el que se considera que la gestión de los fondos federales es opaca y discrecional. Fideicomisos, donativos, obra pública y padrones de programas sociales son parte de las áreas señaladas por sus irregularidades.
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