La información que hoy se reservan por cinco años la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR —entiéndase: manto protector morenista— sobre Rubén Rocha Moya, su gabinete y el senador Enrique Inzunza en torno a sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, son las mismas “pruebas” que repetidamente Sheinbaum exige al gobierno estadounidense para extraditarlos; son las mismas que la justicia gringa tiene. Podrán conocerse pronto, una vez que se llegue a un acuerdo, que puede ya estar definido. De lo contrario, EU actuará unilateralmente en su captura, dado que la fecha de extradición caducó hace once días. Con el argumento de no revelar “elementos sensibles de los mecanismos de comunicación y cooperación bilateral vigentes”, más parece una medida desesperada (consumo interno), de autoprotección.
