Tras, digamos, un empate técnico entre la Comisión de Telecomunicaciones (CRT) y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), todos felices. La cámara concluyó con satisfacción que el gobierno tuvo “sensibilidad y disposición” para escucharlos sobre la reforma a los “derechos de las audiencias” que proponía, en principio, intervención y elevadas multas si, a criterio del Poder Ejecutivo, se mentía en la emisión de noticiarios y comentarios. O sea, llanamente, censura que toda autoridad, sea del partido que sea, trata de imponer.
Por fortuna, todo quedó en designar defensor de audiencias y que cada medio radioeléctrico tenga un código de ética. En caso de no hacerlo, la multa oscila entre 0.1 y 1.0 % de las utilidades anuales.
