El pasado 27 de octubre de 2026, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, mediante el Decreto Legislativo No. 258-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La normativa contempla el endurecimiento de penas y nuevas disposiciones para investigar y perseguir a las estructuras criminales. Entre sus aspectos más discutidos se encuentra la utilización de tatuajes, símbolos y signos asociados con maras y pandillas como posibles elementos de investigación, sujetos a evaluaciones especializadas.
Lo que inicialmente podía parecer una preocupación sobre la aplicación de la ley ya se ha convertido en una realidad: la Policía Nacional ha intensificado los operativos de seguridad, incluyendo inspecciones a ciudadanos y pasajeros del transporte público para identificar tatuajes presuntamente vinculados con organizaciones criminales. A esto se suma que las autoridades han explicado que una persona puede permanecer detenida hasta 48 horas mientras se investiga la posible relación de determinados tatuajes con estas estructuras.
Aunque la Policía Nacional asegura que los tatuajes artísticos y personales no constituyen delitos, estas actuaciones plantean serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos. ¿Qué sucede cuando una persona es obligada a bajarse del transporte público o de su vehículo particular y se le exige levantarse la camisa, descubrir su espalda o mostrar otras partes de su cuerpo para verificar si tiene tatuajes? ¿Acaso no constituye una situación humillante y degradante obligar a alguien a exponer su cuerpo frente a desconocidos, bajo la mirada de otras personas y sin una justificación suficiente? ¿Quién garantiza que estas revisiones no se conviertan en prácticas de intimidación, discriminación o abuso de autoridad?
Para las personas trans, estas situaciones también representan riesgos particulares de exposición involuntaria de su identidad y vulneración de su intimidad. Y si después de permanecer detenida hasta 48 horas una persona resulta no tener ninguna vinculación con estructuras criminales, ¿quién responde por el daño psicológico, familiar, laboral y social ocasionado? Honduras necesita combatir la violencia y garantizar justicia a las víctimas, pero ninguna estrategia de seguridad puede justificar actuaciones arbitrarias, revisiones corporales humillantes o privaciones de libertad sin fundamento legal. Ningún uniforme debería otorgar el derecho de humillar, intimidar o despojar a una persona de su dignidad. La seguridad ciudadana no puede construirse convirtiendo nuestros cuerpos en territorios de sospecha ni nuestra apariencia física en una sentencia anticipada.
Las maras y pandillas han provocado consecuencias devastadoras en Honduras. Miles de familias han sufrido asesinatos, extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados. Reconocer esta realidad implica exigir investigaciones efectivas y sanciones contra quienes resulten responsables. Pero también exige comprender que combatir la criminalidad no puede significar debilitar las garantías fundamentales. Una investigación seria debe identificar conductas, establecer responsabilidades y demostrar vínculos concretos con estructuras delictivas. Los símbolos pueden adquirir relevancia dentro de determinados contextos investigativos, pero nunca deberían sustituir la prueba de una conducta criminal. La seguridad pública no se mide únicamente por la cantidad de personas detenidas ni por la severidad de las penas, sino también por la capacidad de las instituciones para actuar legalmente y evitar que personas inocentes sean perjudicadas.
En Honduras existe además una realidad que no podemos ignorar: los prejuicios sociales suelen tener consecuencias distintas según la condición económica, el lugar de residencia y la apariencia de las personas. No es lo mismo ser un joven tatuado de una colonia empobrecida que pertenecer a un sector social privilegiado. Las posibilidades de enfrentar controles, señalamientos y estigmatización pueden ser diferentes. Por eso resulta necesario observar estas reformas desde una perspectiva de derechos humanos y desigualdad social. La criminalización de la pobreza ha sido una preocupación recurrente en los debates sobre seguridad, y cualquier disposición que involucre características físicas debe acompañarse de garantías suficientes para impedir prácticas discriminatorias. El Estado tiene la obligación de proteger a toda la población, no únicamente a quienes responden a determinados modelos de apariencia o comportamiento considerados socialmente aceptables.
Como hombre trans, esta discusión también me interpela desde mi propia experiencia. Vivimos en una sociedad donde los cuerpos son constantemente observados, cuestionados y sometidos a expectativas ajenas. Las personas que nos apartamos de las normas tradicionales de género conocemos las consecuencias que puede tener una mirada cargada de prejuicios. Por eso defiendo la autonomía corporal como parte fundamental de la dignidad humana. Mis tatuajes son expresiones artísticas y personales, pero mi derecho a recibir un trato justo no debería depender de que alguien considere aceptables sus diseños. La libertad individual implica poder construir nuestra identidad y decidir sobre nuestra apariencia sin que ello se transforme automáticamente en motivo de desconfianza institucional. Ninguna persona debería sentirse obligada a esconder su cuerpo para ser tratada con respeto.
Resulta preocupante, además, que el debate sobre seguridad se concentre en aspectos visibles de las personas mientras persisten desafíos estructurales mucho más complejos. Honduras necesita fortalecer la investigación criminal, enfrentar la corrupción, garantizar independencia judicial y mejorar la capacidad institucional para responder a las víctimas. Una política de seguridad no puede sostenerse exclusivamente en el endurecimiento de penas o en mecanismos de identificación de sospechosos. Requiere recursos, formación especializada, controles institucionales y resultados verificables. Las organizaciones criminales no se desarticulan únicamente mediante la observación de símbolos; se necesita investigar sus redes financieras, sus estructuras de mando, sus mecanismos de reclutamiento y las condiciones que permiten su funcionamiento. Si el objetivo es reducir la violencia, las respuestas deben atender sus causas y no limitarse a sus manifestaciones más visibles.
También corresponde cuestionar el papel de una sociedad que continúa asociando los tatuajes con la falta de valores, la irresponsabilidad o la delincuencia. Durante años, muchas personas han enfrentado dificultades laborales, rechazo familiar y discriminación por decisiones relacionadas con su apariencia. La discusión actual debería servir para desmontar esos estereotipos, no para fortalecerlos. El arte corporal forma parte de múltiples culturas y experiencias humanas. Puede expresar memoria, afectos, procesos personales, creatividad o simplemente preferencias estéticas. Reducir toda esa diversidad a una interpretación vinculada con la criminalidad desconoce la complejidad de las personas y reproduce una visión limitada de la identidad. No se trata de negar que determinadas organizaciones utilicen símbolos específicos, sino de impedir que esa realidad se convierta en una justificación para generalizar sospechas.
Las autoridades tienen la responsabilidad de explicar cómo se aplicarán estas disposiciones, cuáles serán los criterios técnicos para analizar símbolos vinculados con estructuras criminales y qué mecanismos permitirán prevenir y denunciar posibles abusos. La ciudadanía tiene derecho a conocer los límites de las intervenciones policiales y a exigir que se respeten las garantías constitucionales. Cuestionar una reforma legal no significa respaldar a las maras y pandillas. Significa reconocer que el Estado debe combatir el delito sin apartarse de los principios que sustentan la justicia. La lucha contra la violencia y la defensa de los derechos humanos no son objetivos incompatibles. Por el contrario, una seguridad verdaderamente democrática necesita de ambos.
Yo no pretendo que mis tatuajes sean comprendidos, admirados o aprobados por todas las personas. Tampoco necesito justificar cada diseño que llevo sobre mi piel. Son artísticos, son parte de mi vida y no representan una amenaza para nadie. Lo que exijo es que las instituciones comprendan que existe una diferencia fundamental entre la expresión personal y la responsabilidad penal. Una persona debe responder ante la justicia por sus acciones, no por la interpretación subjetiva que alguien haga de su apariencia. Honduras necesita instituciones capaces de distinguir entre investigar y prejuzgar, entre proteger a la ciudadanía y ejercer un poder sin controles suficientes.
Mi cuerpo cuenta mi historia, no demuestra un delito. Mis tatuajes son arte, no símbolos de pertenencia a maras o pandillas. Y si Honduras realmente quiere enfrentar la criminalidad, que investigue a quienes delinquen, que desarticule las estructuras violentas y que garantice justicia a las víctimas. Pero que nunca permita que la apariencia se convierta en una sentencia anticipada. Porque la verdadera fortaleza de un Estado no se demuestra señalando cuerpos, sino investigando hechos, respetando derechos y garantizando que ninguna persona sea tratada como culpable sin pruebas. La tinta que llevo en mi piel no define mi conducta, y ninguna ley debería permitir que un prejuicio valga más que la presunción de inocencia.
