Guadalajara, Jalisco.-Con la presunta complicidad del Juez Séptimo de lo Mercantil, y de las Fiscalías, del estado y la federal, fueron despojados de su patrimonio a seis socios que en grupo, tenían la mayoría de las acciones de la lechera Sello Rojo.
A decir del abogado de los socios afectados, Patricio Fernández Cortina, el Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, provocó “un secuestro judicial” al emitir “medidas cautelares ilegales” que permiten tener el control absoluto de la lechera Sello Rojo a tres de los socios, dos de ellos, relacionados con las cúpulas del poder.
Los favorecidos con las “medidas cautelares ilegales” del Juez Séptimo son: Rubén Masayi González Uyeda, actual presidente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), y su hermana, Hilda Hiroko.
Mientras que su otro hermano, Abraham González Uyeda, exsubsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón, fue nombrado el pasado 1 de julio como director general de la empresa, a pesar de que las medidas cautelares también lo afectan al formar parte del destituido consejo de administración.
Patricio Fernández indicó que ante la actuación irregular del juez, se presentó una queja en contra de Juan Pablo González en el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).
El litigante también recordó que el presidente del CJE, y a la vez presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro se comprometió a que todos los jueces debían rendir un informe sobre todas las medidas cautelares que les solicitaran ante el Consejo.
“Lo que quiere decir que, el Juez Séptimo de lo Mercantil no dio ese informe, o peor aún, que sí lo rindió, y el Consejo de la Judicatura lo toleró”, apuntó Fernández.
Detalló que de forma inusual, en dos días -cuando es un proceso que toma semanas– el juez Séptimo de lo Mercantil concedió el 25 de junio pasado medidas cautelares, y al día siguiente se ejecutó su decisión de desaparecer el consejo de administración, despojar a los accionistas de sus derechos, prohibirles acceso a las instalaciones y tener contacto con sus empleados, y se designó a Rubén Masayi como administrador único, hasta que “no se resuelva judicialmente lo contrario”.
Un dato más es que el juez le fijó una fianza a Rubén Masayi de 1 millón de pesos para concederle las medidas cautelares, mientras que a los despojados, les pidió una contrafianza de 400 millones de pesos.
Fiscalías entran al conflicto
El 29 de junio, con apoyo de elementos de la Fiscalía del estado, se realizó un operativo para tomar las instalaciones de la empresa, ante la presencia de Abraham, Rubén y de su abogado Virgilio Rincón Salas. Éste último estuvo acusado de un presunto intento de homicidio contra el hijo del empresario Javier Rodríguez, dueño de la cadena de casinos Big Bola, y de fraude.
En el operativo se utilizaron armas largas, y se llevaron preso al comisario de la sociedad quien tenía más de 30 años en ese cargo. Fue acusado de presunto robo de vehículo utilitario.
El 4 de julio, Rubén Masayi presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República -carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0003085/2019– para solicitar medidas de protección en contra de sus hermanos, Alfredo Shigueru, Roberto Eiji, Aida Araceli Tomi, Sergio Akira, y sus tíos, Josefina Rodríguez y José Luis González.
Ese mismo día, hecho inusitado, el ministerio público federal de la Agencia XI de la Unidad de Atención y Determinación Guadalajara, Fernando Navarro Guillén le otorgó las medidas de protección, con el fin de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en Jalisco “se abstengan de emitir mandamiento alguno que tienda a entorpecer y obstaculizar la investigación o contravenir las medidas de protección, y en caso de que en algún momento emita algún mandamiento” relacionado con la empresa, “lo haga de conocimiento a esta Fiscalía de la Federación de manera inmediata”.
Cuidado
El representante legal de los afectados también advirtió que otros empresarios corren el riesgo de padecer actos similares de corrupción por parte del Poder Judicial, por lo que hizo un llamado al gobernador, Enrique Alfaro a garantizar el estado de derecho, y a la cúpula empresarial a suscribirse al Pacto por la Integridad y el Buen Ser, en especial a Rubén Masayi.
Tras la muerte del fundador de la empresa, se dividieron las acciones en partes iguales entre sus siete hijos, correspondiéndole a cada uno el 12.9%, el resto quedó para dos tíos de ellos.
En 2015, Abraham González se convirtió en director de Sello Rojo; a partir de ese año, las utilidades disminuyeron hasta un 70%. El 24 de noviembre de 2018, se realizó una asamblea donde se pretendía contratar un crédito bancario con condiciones inaceptables, por lo que el consejo se percató de algunas anomalías, presuntamente cometidas por Abraham.
El 5 de julio, se revocaron los poderes los accionistas afectados, se nombró a Rubén Masayi como administrador general único, y se ratificó a Abraham como director.
Sello Rojo es proveedora del 8% de la industria nacional lechera, cuenta con más de 5 mil trabajadores, y genera de forma indirecta 3 mil empleos.
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