Partidiario
Criterios
Mientras que las autoridades se muestran indiferentes, los amagos e intimidaciones a organismos defensores de los derechos humanos son cada vez más frecuentes, sus integrantes son víctimas directas de ataques, desapariciones e, incluso, de asesinatos.
Se trata de instituciones y de personas que luchan por los derechos humanos sin importar los motivos, que van desde la defensa de sus tierras y patrimonios, hasta la lucha contra acciones que les parecen o son injustas, lo mismo de parte de gobiernos estatales o federal que de grandes corporativos empresariales que buscan levantar ya una termoeléctrica, una gran presa u otra infraestructura, sin estudios de impacto ambiental, con desplazamiento de pobladores (caso Zapotillo, por ejemplo) o sin el pago justo por sus tierras, por explotación de minerales, etcétera.
Algo grave debe estar sucediendo para que a lo largo y ancho del país persistan los ataques, decíamos, a organismos o personas.
En no pocas ocasiones esas intimidaciones, amenazas y acciones graves –criminales, en una palabra– son muy de preocupar, pues parecen concertadas, y hacen sospechar hasta de un plan preestablecido a nivel local, nacional y hasta internacional, donde incluso el Estado algunas veces tiene parte o mucha culpa.
A últimas fechas, y señaladamente en lo que va de 2019, las principales víctimas han sido personas de carne y hueso que, por dedicarse a defender y brindar cobijo, alimentos y apoyo a los migrantes, que ahora nos llegan de todos lados, lo mismo de Centroamérica que de Asia o de África, son atacadas de una u otra forma para desalentarlos en su propósito.
Llama poderosamente la atención lo acontecido en el albergue El Refugio, situado en la parroquia del mismo nombre en las faldas del Cerro del Cuatro, en donde, al mediodía del jueves 24 de octubre, un grupo, presumiblemente organizado de delincuentes, extorsionó al templo-albergue cuando tras una llamada telefónica se presentó un falso sacerdote para que le entregaran, “por órdenes del padre Alberto Ruiz”, una indeterminada cantidad de dinero que tenía para las obras materiales del lugar.
Cuando el padre Alberto ya había llegado a la casa parroquial, a eso de las 22 horas se presentaron otros sujetos a solicitar un servicio religioso y, al salir, lo golpearon y sometieron con un arma de fuego, igual que a su madre y a religiosas que junto con él atienden a los migrantes. El botín fue de 20 mil pesos que se tenían ahí para atender las necesidades de los migrantes que a diario reciben comida y abrigo en el albergue.
Al presentar la denuncia ante la Fiscalía General, el hecho se clasificó como un ataque directo a los derechos humanos, tanto al refugio como a quienes hospedan y alimentan a los migrantes.
Mientras tanto, la misión jesuita de Chillón y Bachajón, Chiapas –región en donde predomina el EZLN, no afín al actual gobierno federal– se quejó, el 8 de junio, ante la Comisión de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de intimidación y difamación en contra del sacerdote Javier Avilés Arriola.
Hace más de dos meses, una partida militar merodeó a pocos metros de un albergue en Tamaulipas, a pesar de que no deben acercarse a menos de dos cuadras elementos del Servicio de Nacional de Inmigración ni elementos armados en búsqueda de ilegales, según está estipulado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En lo que va de este año, varios activistas de derechos humanos en México, hombres y mujeres, han sido amenazados, desaparecidos o asesinados.
Si bien hay quienes aseguran que en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de agresiones a defensores de derechos humanos, de acuerdo con recuento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de enero al 30 de abril de 2019 van diez víctimas fatales –una mujer y nueve hombres (en 2018 fueron 13 en total).
En Arriaga, Chiapas, fue asesinado el 13 de enero Sinar Corzo, defensor del agua. Pertenecía al organismo civil “El Coloso de Piedra”; cuatro días después, en Amatán, Chiapas, desaparecieron Noé Jiménez Pabla y José Santiago Gómez Álvarez. Después fueron encontrados asesinados. En Juchitán, Oaxaca, Óscar Cazorla, defensor del colectivo LGBTI, fue encontrado muerto el 18 de ese mes tras un plantón frente al palacio municipal.
El 20 de febrero fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos, Samir Flores, defensor de las tierras indígenas y opositor a la construcción de una termoeléctrica; el 3 de marzo, en Veracruz, otro activista, Abíram Hernández Fernández, fue ultimado, también en su domicilio, entre el 13 y el 19 de febrero desaparecieron en Guerrero los activistas: Otilia, Eugenio, Manuel e Hilario Cornelio Castro, opositores al transporte público en dicho estado.
Se teme que la embestida en contra de los defensores independientes de los derechos humanos propicie la concentración de estas defensorías en el gobierno federal que ya tiene su respectiva subsecretaría en la Secretaría de Gobernación, y deje a la deriva a las organizaciones civiles, por una parte, y por la otra, se limiten las funciones de asociaciones sociales o religiosas de la misión de acogida de inmigrantes para beneficiar, en este caso, al presidente Donald Trump.
¿A quién defienden las instituciones no gubernamentales de derechos humanos si no es a los más desvalidos frente a cualquier poder público, privado, neoliberal o liberal?
