La reunión que sostuvo el presidente López Obrador con empresarios ─el pasado miércoles 12 de febrero─ es el siguiente capítulo de la saga llamada “venta del avión presidencial sin avión”. Este evento, organizado por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se llevó a cabo en Palacio Nacional, para recaudar fondos para la rifa del avión, cuyos boletos se pondrán a la venta este primero de marzo y se verificarán el próximo 15 de septiembre.
A dicha reunión asistieron 150 de los empresarios más importantes de México, a los cuales se les invitó como cena tamales de chipilín y chocolate caliente; a cada empresario se les entregó un formato para que, de forma voluntaria, escribieran la cantidad de dinero que estaban dispuestos a donar. Según informó el propio presidente 75 empresarios aceptaron cooperar. Con ello, se recolectaron mil 500 millones de pesos, es decir, ya se vendieron tres millones de boletos (cachitos) de los seis millones que se pretende imprimir.
Por supuesto que la oposición, como en nado sincronizado, salió a comparar este evento con el pase de charola que realizó Carlos Salinas de Gortari en febrero de 1993. Ese evento fue organizado por el dirigente del PRI, Genaro Borrego, y no fue un evento público: su objetivo era recaudar 25 millones de dólares para financiar la campaña de Colosio. Es decir, el evento por su naturaleza ilegal no podría ser un evento público ni transparente. A este evento, finalmente no asistió Salinas de Gortari, así que por tanto el evento de López Obrador no tiene similitud con ese suceso de hace 27 años.
La “tamaliza” de López Obrador fue anunciada con una semana de antelación, y su objetivo final es la recaudación de fondos para financiar la compra de equipo médico, no es para beneficio de un partido o de una persona, como fue el pase de charola de Salinas. El diario Reforma publicó que este evento pudo haber violado el artículo 218 del Código Penal Federal, el cual refiere: “Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley”. No parece que AMLO haya violentado este artículo porque no se exigió nada, no es para beneficio personal sino fines altruistas.
Sin embargo, aun cuando ni fue ilegal ni fue igual al pase de charola de Salinas, la reunión organizada por el presidente sin duda fue un enorme error. En primer lugar, la reunión es la continuación de una cadena de errores que no sabemos cuándo va a terminar; puede ser cierto que los empresarios, como lo dijo Salazar Lomelín, no fueron presionados, sino que de forma voluntaria aceptaron asistir al evento y luego donar recursos para un rifa en la que seguramente no están de acuerdo, pero que sin embargo, por miedo a represalias no se atreven a mostrar su desacuerdo en público.
Además es un error porque, ¿cuántos de esos empresarios formaron parte de la campaña negra de desprestigio que armaron en contra de AMLO en las elecciones de 2006, 2012 y 2018? ¿Cuántos de esos altos empresarios están ligados a las redes de corrupción que se armaron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto?
¿Cuántos de ellos estuvieron vinculados con Emilio Lozoya en el cúmulo de transas en contra de Pemex? Esta es una investigación aún en curso, de la que no se sabe con exactitud las redes de corrupción que tejió Lozoya y en donde participaron muchos empresarios. Es probable que muchos de los que cooperaron lo hicieron con la idea de que están comprando impunidad, o ¿tal vez por eso lo hizo AMLO?
Por muy sabrosos que hayan estado los tamales de chipilín, como lo dijo el presidente del empresariado, seguro que muchos de los que donaron, pero sobre todo de los que no donaron nada, estuvieron mascullando en privado el sinsentido del evento, tal vez burlándose del presidente, al que muchos de ellos probablemente odian en privado. Lo más grave, es que este evento pone en duda la pretensión de AMLO de separar al poder económico del político. Estoy de acuerdo que este país necesita de forma urgente una reforma fiscal profunda que extraiga, por la vía de impuestos, más recursos a los altos empresarios de México, en vez de quitarles un poquito a cambio de unos tamales de chipilín.
