Felipe Cobián Rosales
Mientras que en nuestro país son toda una novedad los 50 puntos de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción y en pro de la austeridad, en países desarrollados estos lineamientos salen sobrando. Serían de risa, porque allá la administración pública transparente y honesta, es práctica cotidiana.
Desde hace sexenios, los pagos a los funcionarios públicos mexicanos se fueron a las nubes: son de los mejores, de los más elevados a nivel mundial y casi nunca, o nunca, esos funcionarios han estado a la altura de las circunstancias. No han sido de lo más eficientes. Al contrario, y por regla general, se han contado entre los más corruptos como “servidores públicos”.
De ahí hacia abajo la burucracia nacional.
Ahora, en ese afán de luchar contra este cáncer, el futuro presidente de México fijó por adelantado los lineamientos a seguir en cuanto a percepciones, contratos y austeridad se refiere.
Por principio de cuentas, para tratar de enderezar este barco que cada vez se ha venido hundiendo más y más en ese fango de podredumbre, López Obrador fijó para sí un sueldo –en teoría hasta ahora porque le faltan cuatro y medio meses para asumir el cargo y ponerlo en práctica– de sólo 108 mil pesos mensuales. Y como él mismo lo dijo muchas veces: “El buen juez por su casa empieza”, reducirá a la mitad el pago a funcionarios que ganan ahora más de un millón de pesos al año.
Y vaya que hay muchos “servidores públicos” que aun así tendrán mucho más altos los sueldos que el propio López Obrador, cosa que no debería ocurrir y ojalá no sea este el motivo para que todo lo demás se vaya por la borda y a la hora de la hora una cosa seas los salarios de hecho y otra los de derecho.
Sucede que de acuerdo con ese mandato (punto número 22), habrá no pocos funcionarios que, de acatar la medida toda vez que no forman parte del Poder Ejecutivo y podrán alegar su independencia –o simple avaricia—que aun con la rebaja al 50 por ciento, ganarán al año más que el propio presidente: los consejeros de la Judicatura, más de 2 millones 350 mil pesos (ganan 4 millones 715 mil pesos); magistrados del Tribunal Electoral, 2 millones 340 mil; ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 millones 230 mil y hasta consejeros del INE, con una percepción anual de un millón 410 mil pesos y secretario general de la Cámara de Diputados que percibiría a un millón 325 mil pesos
Ahora la duda es si los otros poderes, el Judicial y el Legislativo pondrán en práctica o aceptarán –legalmente no puede ni debe someterse un poder a otro–, las medidas de austeridad y anticorrupción lopezobradoristas.
Lo mejor que hará (punto 45) es desaparecer las cuantiosas partidas a los legisladores que se reparten discrecionalmente para su beneficio en bonos y aguinaldos hasta igualar ingresos a nivel de los de los más altos funcionarios.