Partidiario

Criterios

Cuando el último viernes de febrero (día 22), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que se le habían bloqueado las cuentas bancarias a una importante universidad pública estatal por sospechas de “lavado” de 156 millones de dólares (alrededor de 3 mil 120 millones de pesos), procedentes de más de una veintena de países –algunos llamados paraísos fiscales–, no faltó quien pensara que cualquiera de las casas de estudios superiores del país podría estar involucrada.

Incluso, en el fuero personal hubo quienes pusieron sobre la mesa nombres de universidades cercanas, como la Universidad de Guadalajara, que podrían estar envueltas  en esas transferencias oscuras descubiertas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Y el razonamiento se juzga lógico de parte de esos malpensados,  toda vez que, amparadas en la autonomía universitaria, hacen y deshacen con el dinero de su presupuesto, que es público, sin que nadie las fiscalice.

Al menos eso ha sucedido hasta ahora, pues dichas entidades educativas han sido operadas y manipuladas a conveniencia de quienes las consideran como propias, como han sido los siguientes caciques: aquí, en la UdeG, Raúl Padilla López desde hace tres decenios; Fernando Moreno Peña en la Universidad de Colima, quien surgió a la par del anterior y fue rector de 1989 a 1997, y ahora el redescubierto cacicazgo de Gerardo Sosa Castelán, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que precisamente es la involucrada en presunto lavado de esos 156 millones de dólares.

Congelan cuentas bancarias de Universidad Autónoma de Hidalgo, investigada por lavado de dinero

Al expriista Sosa Castelán, quien ha hecho carrera pública gracias al partido tricolor y se afilió a Morena desde febrero del año pasado, funge como presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y encabeza varias empresas universitarias –igual que Padilla López aquí–, pareciera que de muy poco le va a servir haberse refugiado a la sombra de Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando, como se espera, la investigación encabezada por Santiago Nieto, titular de la UIF, vaya al fondo de las cosas.

Claro que en esa averiguación estará, en primer lugar, el actual rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, quien habrá de dar la cara de manera directa, pero nadie duda que es instrumento, cómplice, pelele de Sosa Castelán, quien preside el patronato universitario desde hace diez años, pero cuyo poder viene desde que fue rector, entre 1991 y 1998, y aún desde antes, cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes  hidalguenses y fue porro. Igualito que aquí con la temida FEG, que se convirtió en surtidora de rectores, y ahora  empieza la FEU.

Caso UdeG-Padilla

Si, como ya lo enunciamos antes, esta investigación de desvío y quizás “lavado” de dinero se consolida y va a fondo en contra de alguien que tratando de salvarse cambia de partido, ¿qué sucederá con aquellos que le dieron la espalda al ahora presidente, creyendo que ganarían una alianza tan disímbola como la inventada por Ricardo Anaya en la que se involucró convenencieramente el todopoderoso dueño de la Universidad de Guadalajara?

Si AMLO es parejo, como se cree que lo será en este asunto de las universidades convertidas en negocios de sus caciques, con un sinnúmero de empresas supuestamente universitarias que trabajan sólo para ellos y sus incondicionales y reciben, como Padilla López, al menos 500 millones de pesos cada año para sus negocios particulares, lo más recomendable es que vayan poniendo sus barbas a remojar, tengan o no sus inversiones, sus riquezas en México o en el extranjero, pues sus grandes bienes no han sido bien habidos.

Antiguos y nuevos académicos honorables de la UdeG afirman que la cúpula del poder del Grupo Universidad se han enriquecido sin pudor a costa de la máxima casa de estudios de Jalisco, con nombramientos de papel, tiempos completos de clases a las que no asisten, investigaciones que no se hacen o simplemente que se van por el copia y pega, independientemente de movimientos de recursos que se hacen sin ton ni son.

Bastaría una revisión a sus ingresos y egresos, a sus cuentas bancarias, a sus propiedades, al pago de sus impuestos, a corroborar obra por obra y su funcionalidad, a ver si están acordes con la demanda de maestros y estudiantes, y al número de inscritos y rechazados.

Tendrán que verse las aulas de clases y compararlas con la suntuosidad y los ingresos, por ejemplo, del Auditorio Telmex, del Teatro Diana, de la Feria Internacional del Libro, del Festival Internacional de Cine, de la Biblioteca Pública, de los hoteles universitarios, de las construcciones y proyectos de condominios y más hoteles, de Artes Escénicas y a todas las obras no indispensables, para que la casa de estudios enderece su camino y sea liberada de quienes la tienen sojuzgada, saqueada  y empobrecida desde hace 30 años.

Hoy como nunca urge que se haga una auditoría a fondo a la UdeG. De ninguna manera sería mancillar la autonomía. Ésta sólo tiene que ver con la libertad absoluta de enseñanza, y que los recursos que aportamos todos vayan directo a su destino primigenio.