Según los registros vistos en pantalla, al finalizar el segundo debate casi dos millones y medio de televisores se encontraban sintonizados en el canal a la hora en que éste se transmitía. Los calificadores de raiting nos dirán luego lo que significan tales números. También nos informarán, como en cascada, a quién consideran el ganador y perdedor o perdedores. Se trata de un material muy manejable para el morbo público. Pronto se llenarán nuestros nidos informativos con minucias de porcentajes, memes y tópicos tecnológicos.
Sin embargo y muy a pesar del atractivo e interés político que se desata por una disputa por la silla presidencia hay un tema de mucho fondo que poco y mal traen consigo en agenda los cuatro contendientes: la cuestión de la seguridad, de la vida de los contendientes de la refriega, es esta asignatura pendiente.
Adolfo Gilly, en su texto de La revolución interrumpida, sostiene que tanto Villa como Zapata no sostuvieron el control de la ciudad de México, una vez que ya la habían ocupado [dato clave que significaba su victoria en la revolución recién concluida], porque su sensibilidad de estadista les dictó la necesidad de arropar, de cobijar el destino particular de sus huestes. La lealtad de tales combatientes a sus cabecillas y a sus principios no sufría detrimento. Pero el hecho de andar fuera de su base social, de sufrir el desarraigo inmediato derivado de sus andanzas dirimiendo tal fortuna hasta en campos de batalla, encendió un foco rojo que no podía postergarse: La seguridad personal de sus legionarios. Había que protegerla. ¿Qué mejor fórmula que el recurso del retorno al útero, al amoroso vientre campesino, a sus chozas de origen?
Ese retorno fue su fortaleza, pero también signó el destino inmediato de muchos de ellos. Fue la gran debilidad a la que hubo de suscribir los desastres posteriores, escenificados en la guerra civil o lucha de facciones. El destino personal final de al menos cuatro de los caudillos revolucionarios (Zapata primero, pero luego Carranza, Villa y el propio Obregón) fue el de ser pasado a cuchillo a traición. Pagaron pues con su propia vida. Pero buscaron salvar la vida particular de la mayoría de sus seguidores.
Es ejemplo antiguo, cierto, pero útil. Muchos ingenuos de nosotros dábamos estos pasajes crueles por superados. Mas hay que revivir estos expedientes, no por mor de antigualla, sino para enterarnos de que esa crueldad y sevicia, mala entraña que revelan nuestros hechos rayanos en la fatalidad, parecen estar tan vivos y actuantes como en todos los momentos más álgidos de nuestra historia. Vasconcelos lo atribuía al atavismo de los arcanos de ‘Huichilobos’ (sic) en nuestra vida pública, al que no podíamos sepultar. ¿Exageraba?
Según informa el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar, el saldo rojo de la campaña va en 94 asesinatos de alcaldes. El dato se contiene en el cuarto informe de violencia política en México 2018. Pero las cifras fatales dan más cuerda de desaguisados violentos. El registro de agresiones contra políticos se eleva a 305. Los estados en los que se concentran estos atentados son Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, México y Chihuahua, principalmente. 267 casos son agresiones directas. El resto fue contra familiares cercanos.
La campaña actual se abrió a un abanico extenso de candidaturas. Se contiende por la silla presidencial federal, pero también por la remoción de las curules para diputados y senadores del congreso federal. Aparte habrá remoción en una decena de estados. Esto quiere decir que se ponen en juego las diputaciones locales y sus municipios. Donde se registra con más acritud esta violencia extrema y cruda es en la parte baja del tablero electoral. Los más desprotegidos de entre las víctimas son los candidatos a diputaciones locales y alcaldías. De los 94 asesinatos, 80 corresponden al ámbito municipal.
Sólo para presentarlo como parámetro, el estudio refiere cuentas de un proceso anterior, el de 2015. 75 agresiones y 20 asesinatos. Como se ve, la cifra fatal se ha cuatruplicado, comparándola con la de hace tres años. Y aún falta más de un mes para el cierre del proceso presente. Marco Antonio Baños, consejero del INE, acepta estas cifras y coincide con la tipificación del director de Etellekt en el sentido de que la cresta de los registros se ensaña en el ámbito municipal.
La directora del organismo México Evalúa, Edna Jaime Treviño, profundiza más aún en este problema de salud pública. “No conozco un caso, dice, que se haya resuelto de estos asesinatos y que los perpetradores recibieran castigo”. Por tal razón deduce que, al ni siquiera investigarse estos crímenes, se ignora el móvil de tales hechos de sangre. Tal y tan rampante impunidad envía un claro mensaje al público: los criminales son más poderosos que el Estado. El mismo proceso electoral empieza a sufrir detrimento. En su edición del sábado 19 de mayo, La Jornada cabeceó con la nota del IEPC de Guerrero de que la inseguridad ya provocó 190 deserciones de candidatos a cargos de elección popular.
Como que eso de poner la cabeza como precio de una disputa electoral tiene un costo demasiado alto. Supera con creces a lo que los viejos decían, cuando un valor era desproporcionado. La prenda – decían- cuesta un ojo de la cara. Sin un ojo, se seguía trotando, aunque fuera tuerto. Pero, descabezado, un ser humano simplemente no deambulará más. Pareciera ser que no nos damos cuenta de que nos estamos orillando de nuevo a un precipicio.
