03 de noviembre de 2022.- Señalar que, de diez casos de personas desaparecidas, sólo en uno se presume que hay atrás un delito, tal como lo aseguró el gobernador de Jalisco en su pasado informe sobre Seguridad, “es grave y no puede quedar así”.

El Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas señaló que ese dato “debe ser rectificado mediante un informe veraz y responsable que muestre la verdadera dimensión de esta crisis humanitaria que enfrenta Jalisco”.

A través de redes sociales, el organismo indicó que, sobre todo, “es exigible una disculpa pública por la desinformación y el daño moral para las víctimas directas e indirectas que supone afirmar que 9 de cada 10 personas desaparecidas lo hacen por su voluntad”.

“La desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo, grave, que puede configurarse como delito de lesa humanidad. Difundir información imprecisa o falsa sobre él, o minimizar su gravedad, abona a su proliferación”.

Además, señala el Comité que Enrique Alfaro, debe incluir un reconocimiento expreso de todo el trabajo realizado por los colectivos de familiares “y cientos de cooperantes y activistas, el cual ha servido para contener en alguna medida la expansión de esta crisis y sus múltiples consecuencias”.

“Corresponde al Gobernador del Estado de Jalisco, por su investidura y por ser él quien coordina el Sistema Estatal de Búsqueda, tratar con toda responsabilidad, seriedad y ética esta tragedia que es la de miles de familias jaliscienses”.