Puntos y Contrapuntos

Criterios

Cuando parecía que el pasado ya se había ido para siempre, la tenacidad de un abogado empecinado en saber la verdad y en conseguir que algunos diputados rindan cuentas y, en su caso, si se les probaran irregularidades o delitos, sean sancionados, mantiene vivo un caso que ha estado en tribunales desde el 2008, en contra de los coordinadores de la Legislatura 58 del Congreso de Jalisco (2007-2010).

Este miércoles 12 de junio del 2019 estaban citados a comparecer, para declarar ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el excoordinador panista de la Legislatura 58 (2007-2010) del Congreso del estado, Jorge Alberto Salinas Osornio, y el exsecretario general en esa institución, en esa misma temporalidad Alfredo Argüelles Basave.

Los magistrados de la Sala Superior Fany Lorena Jiménez Aguirre, Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez pretendían desahogar una audiencia en el juicio por Responsabilidad Patrimonial, que promovió el abogado Gabriel Valencia López, debido a que desde el 2008 ha realizado otras acciones jurídicas para lograr que se le informe sobre el uso discrecional que los exlegisladores hicieron de por lo menos 58 millones de pesos que se presume fueron depositados en sus cuentas personales.

El abogado Gabriel Valencia López pretende que los exlegisladores sean sancionados, inhabilitados para el servicio público y que además se les obligue a pagarle todos los gastos que ha realizado en la promoción de por lo menos tres juicios, varios amparos y diversas acciones ante otras instancias públicas.

Salinas Osornio y Argüelles Basave no se presentaron a la audiencia porque no fueron localizados en los domicilios que dieron en el Congreso de Jalisco y en el Ayuntamiento de Guadalajara, informó el abogado Gabriel Valencia López. Se les emplazará nuevamente.

PRINCIPIO

El domingo 19 de julio del 2009 trascendió en medios de comunicación de Guadalajara que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) había citado a declarar a cinco de los seis coordinadores parlamentarios del Congreso local para que aclararan qué hicieron con los 58 millones de pesos que les fueron asignados en la Partida 8000 del Presupuesto del Poder Legislativo en el 2007.

“Este citatorio llega después de un largo proceso judicial en el que, primero, los coordinadores parlamentarios se negaron a entregar información, y, segundo, la Procuraduría se negó a investigar la denuncia por abuso de autoridad en contra de los legisladores presentada por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI)”, encabezo entonces por Augusto Valencia López, advierte una nota publicada ese día en Mural por el reportero José David Estrada Ruiz Velasco.

Funcionarios del Congreso de Jalisco reconocieron ante el reportero de Mural que los citatorios a cinco de los seis coordinadores parlamentarios -el del PRI no estaba incluido- llegaron entre el miércoles 8 y jueves 9 de julio del 2009 y que en dichos documentos la PGJE les concedía 10 días para rendir su declaración.

Hasta la fecha de la publicación de la nota referida ninguno de los coordinadores involucrados, Jorge Alberto Salinas Osornio, del PAN; Samuel Romero Valle, del PRD; Juan Óscar Díaz, del Panal; Alfredo Zárate, del PT, y Luis Manuel Vélez, del PVEM, habían acudido a declarar.

Los diputados se negaron a entregar información sobre el uso de la Partida 8000, negativa que en ese tiempo estaba considerada como abuso de autoridad, delito que podía denunciarse por la vía penal, lo que en su momento hizo el ITEI.

La nota explicaba que, a finales del 2007, Gabriel Valencia López, hermano del ex presidente del ITEI, Augusto Valencia López, pidió a los coordinadores de diputados los documentos contables que justificaran las erogaciones de los recursos públicos por parte de los grupos parlamentarios durante el año 2007, entre otros datos. En enero del 2008 los coordinadores negaron la información con el argumento de que no eran sujetos obligados.

Ante la negativa de los coordinadores, Gabriel Valencia promovió dos amparos, uno administrativo para que se le entregara la información, y otro penal, para que la Procuraduría investigara la denuncia por abuso de autoridad. Los citatorios a los coordinadores, en julio del 2009, se derivaron del segundo amparo en materia penal, registrado bajo el número 838/2008 en el Juzgado Séptimo de Distrito.

Este asunto llegó a extremos tan absurdos como el siguiente, reseñado por Mural el 8 de septiembre del 2009: “El expediente del Amparo 1170/2008 en contra de cinco de los seis coordinadores del Congreso de Jalisco por no transparentar millones de pesos que gastan como erogaciones parlamentarias -conocidas como partida 8000- terminó en Acapulco”.

La explicación: “La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Gabriela Huízar Flores, pidió el auxilio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), argumentando exceso de trabajo. El 3 de agosto (del 2009), el CJF acordó trasladar el expediente al centro auxiliar de Acapulco (…) Con esta decisión, el promovente del Amparo, Gabriel Valencia López (…) tendría que viajar a Guerrero para mantenerse al tanto del expediente y allí tramitar nuevas promociones”.

PROMESAS

El 23 de noviembre del 2010, luego que integrantes de la Legislatura 59 (2010-20012) informaron los resultados de una auditoría practicada a la administración de los colegas que les antecedieron, se anunció que habría acciones jurídicas en contra de quienes resultaran responsables por anomalías, adelantaron los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD, Roberto Antonio Marrufo Torres y Raúl Vargas López, respectivamente.

La auditoría fue realizada por un despacho externo ante los señalamientos de opacidad de los diputados integrantes de la Legislatura 58.

Los exdiputados Jorge Salinas, José García, Juan Carlos Castellanos, Samuel Romero, Juan Óscar Díaz, Alfredo Zárate y Luis Manuel Vélez, en su momento coordinadores de sus fracciones, recibieron depósitos en cuentas personales por más de 5 millones de pesos durante el 2008. Su salario anual era de poco más de un millón de pesos, explicaba una nota de Mural publicada ese día.

Sobre los ex coordinadores de las fracciones del PAN, PRD, PT, Panal y PVEM pesaba también una denuncia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, debido a los depósitos documentados en cuentas personales durante el 2007.

La denuncia, recibida en el área de Visitaduría de la Procuraduría estatal el 30 de julio del 2008, fue presentada por Gabriel Valencia López, quien a través de un juicio de Amparo obtuvo documentación del Congreso local relativa a los gastos de los excoordinadores con dinero de la Partida 8000 en el 2007, y que ascienden a 21 millones 424 mil pesos.

La queja exponía que durante el 2007 el coordinador del PAN, Jorge Salinas, recibió depósitos por 8 millones 318 mil pesos; el del PRD, Samuel Romero, 4 millones 105 mil, y el del PT, Alfredo Zárate, 2 millones 598 mil pesos.

Además, el entonces coordinador de Nueva Alianza, Juan Oscar Díaz, recibió depósitos por 3 millones 200 mil pesos y el del Partido Verde, Luis Manuel Vélez, también 3 millones 200 mil.

Gabriel Valencia no incluyó en su petición de información al coordinador del PRI, Juan Carlos Castellanos, por lo que no estaba mencionado en la denuncia.

 MALOS ANTECEDENTES

“La herencia de la LVIII Legislatura: Ineficacia, nepotismo, opacidad…”, señala un análisis sobre el desempeño de los diputados de Jalisco en la edición de Proceso Jalisco del domingo 24 de enero del 2010.

La nota hace referencia a que el 4 de junio de 2009 el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) de Jalisco difundió un informe en el que asignó a la Cámara de Diputados local una calificación de 50 en una escala de 100 en materia informativa.

Según el documento citado por Proceso, los legisladores no sólo se negaban a publicar la nómina y el presupuesto que manejaba el Congreso, también ocultaban las cuentas públicas, los viajes oficiales y las auditorías aplicadas al organismo. “Hasta la fecha, el sitio en internet sigue sin subir esos datos”, se señala en la nota publicada una semana antes de que esa legislatura concluyera su periodo, el domingo 31 de enero del 2010.

Según reporte del ITEI, de las 42 áreas de la LVIII Legislatura sólo la Comisión de Desarrollo Urbano pasó de “panzazo” con 62 puntos. El resto reprobaron: la peor fue la Auditoría Superior del Estado, órgano técnico-contable auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, encabezada entonces por el muy cuestionado Alonso Godoy Pelayo, con apenas 39 puntos. El ITEI, encabezado entonces por Augusto Valencia López, consideró que la revisión de cuentas públicas que hizo fue muy superficial y dejó mucho que desear.

Esta falta de transparencia enfrentó durante dos años y medio al presidente del ITEI, Augusto Valencia, con el coordinador de los diputados panistas, Jorge Alberto Salinas Osornio.

La nota de Proceso explica que en 2007 el Congreso de Jalisco destinó 58 millones para la partida presupuestal 8000. Este dinero era repartido entre las fracciones parlamentarias y se utilizaba para gastos discrecionales, como la instalación de oficinas distritales y pagos a los asesores de los diputados. De todo este dinero, la Legislatura no rendía cuentas.

Más polvos de aquellos lodos.

“Ante la división que impera en Acción Nacional, algunos se aventuran a asegurar que antes de hacer un juicio sumario contra los traidores de la elección, el PAN buscará linchar a algunos con el propósito de lavar culpas. Los nombres de Alfredo Argüelles Basave y Jorge Salinas Osorno son los que más suenan”, señala una nota publicada por Reporte Índigo el lunes 13 de agosto del 2012, firmada por la reportera Paloma Robles.

Explicas las razones: “Y es que dejan pendiente el presunto manejo irregular de los recursos públicos del Congreso del Estado en la 58 Legislatura y la repartición discrecional de la antes llamada partida 8000 hoy 3827 correspondiente a las asignaciones a grupos parlamentarios. En dicha legislatura, Salinas Osorno fungió como presidente de la Comisión de Hacienda, y Argüelles Basave era el secretario general”.

Salinas Osornio fue candidato a la presidencia municipal de Guadalajara en 2009, pero perdió con el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y fue regidor de representación proporcional en el trienio 2010-2012. En ese mismo gobierno Augusto Valencia fue encargado de la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Guadalajara entre enero y julio del 2010, y cuando dejó el cargo señaló que le faltó apoyo de la Administración que encabezaba Sandoval Díaz.

EL PERFIL

El 27 de mayo del 2009 el reportero de Mural, José David Estrada Ruiz Velasco, hizo una semblanza de Jorge Salinas, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara.

Aunque sus amigos lo consideran el joven maravilla -escribe el reportero- que pronto ocuparía el lugar de Batman, sus enemigos lo calificaban -aunque eran contados los que lo decían abiertamente- como alguien tan perverso como El Guasón.

“Es un político cabrón, pero en esto, si no eres cabrón, eres un pinche político”, afirmó el diputado perredista Enrique Alfaro (del PRD entonces, compañero de Jorge Alberto en la Legislatura 58), reseña la información.

“Entre amigos y enemigos, opositores y compañeros de partido, el panista despierta una misma sensación. Hay un halo de misterio que lo rodea y que no permite que nadie sepa qué piensa en realidad, sobre todo cuando manda mensajes de forma obsesiva desde su celular”, describe la misma nota.

Agrega: “No sé si es para que sepas que le vale madre lo que dices”, relata uno de ellos (no precisa el reportero si amigo o enemigo).

La misma información referida rememora: “Al iniciar su periodo, el panista (Salinas Osornio) se mostraba abierto a la transparencia y comprometido con la rendición de cuentas, hasta que se atravesó la partida 8000, que contenía más de 50 millones de pesos para gastos políticos de los 40 diputados”.

Y relata después: “Salinas, como el resto de coordinadores parlamentarios, se negaron a entregar la información que se les pedía, y el asunto se trasladó a un enfrentamiento con el titular del Instituto de Transparencia, Augusto Valencia, con quien cruzó descalificativos y acusaciones”.

Cuando fue escrita la semblanza parecía un joven político con mucho futuro: “Para Juan María Naveja, ex coordinador de Asesores del Gobierno de Ramírez Acuña, y quien fue su primer jefe en la Administración Pública (en la dirección de comunicación social del gobierno del panista Alberto Cárdenas Jiménez 1995-2000), Salinas nunca ha cambiado, siempre ha tenido mucha ambición”.

“Es un animal político preparado para cargos de elección popular o partidistas. La secuencia no necesariamente es Presidente Municipal, Gobernador, presidente de la República; la secuencia la da la vida misma (…) Es uno de los políticos más solventes que hay, es un hombre muy inteligente, astuto y sabe jugar sus cartas”, lo describió Naveja.

REGRESO SIN GLORIA

Usted recordará que el pasado viernes 29 de marzo del 2019 la reportera Sonia Serrano publicó en El Diario NTR, de Guadalajara, una información que cimbró al gobierno de Jalisco.

“En la imagen que circuló del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la diputada Mirza Flores Gómez, observando desde las primeras filas un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles (el miércoles 27 de febrero del 2019), aparece a la derecha de la legisladora el empresario Guillermo Romo Romero, quien resultó beneficiado con el contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal: 3 mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”, dice la nota.

El sábado 30 de marzo del 2019, en un seguimiento de la misma información, Mural precisó: “Al juego también asistió el exdiputado local del PAN, Jorge Alberto Salinas Osornio, excompañero del ahora Gobernador en la 58 Legislatura local y que actualmente trabaja para Romo Romero”.

Concluía la nota: “El hermano de Jorge Alberto, el también albiazul Carlos Alonso Salinas Osornio, es titular de Inteligencia Comercial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), dependencia que solicitó el arrendamiento de las máquinas”.

Sí, entre truenos y tempestades, el poderoso y cuestionado excoordinador de la Legislatura 58 está de regreso, abrigado por el afecto de su amigo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Difícil que lo alcance el baldado brazo de la justicia.

A no ser que la “refundación” de Jalisco que promueve el Gobernador Alfaro Ramírez también tenga entre sus propósitos que llegue luz suficiente a los rincones oscuros, tenebrosos, de la vida pública, pasada, presente y futura.

Foto: Alberto Salinas Osornio/ Proyecto Diez