Guadalajara, Jalisco.-Morena demanda la intervención inmediata de la Guardia Nacional para restituir el orden en el estado.
Mediante un manifiesto emitido esta mañana, los diputados federales del partido por Jalisco responsabilizaron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez de los actos de violencia suscitados tras la muerte de Govanni López, ocurrida luego de ser detenido por policías de Ixtlhuacán de los Membrillos.
Piden también la separación del cargo y sanción al Fiscal General de Jalisco, “así como a toda la cadena de mando responsable de los operativos de los días 4, 5 y 6 de junio, bajo el principio de máxima transparencia y publicidad, con el fin de que la población conozca quiénes son los culpables”.
En el manifiesto hicieron notar “la incapacidad del ejecutivo estatal, quien admitió la desobediencia de los agentes de la fiscalía y la infiltración del crimen organizado” en una entrevista televisiva el pasado 7 de junio.
Solicitan un reporte detallado sobre las personas detenidas y desaparecidas, datos sobre su condición física y jurídica, reparación del daño, garantía de no repetición, no persecución y máxima protección para las víctimas de detenciones y desapariciones, así como sus familiares y amigos.
Exigen que las investigaciones se realicen y sancionen por desaparición forzada, tortura y asesinato y se incluya al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.
En el manifiesto destacan que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (artículo 22, fracción VIII) el gobernador es responsable de la conservación y seguridad pública del estado y que la fiscalía no es autónoma, pues Enrique Alfaro se rehusó a abrir el proceso para nombrar a su titular, quien fue elegido de una terna propuesta por él.
Los diputados morenistas exigen a su vez que se ofrezca una disculpa pública por el asesinato de Giovanni López e indemnice a su familia y se cree un ambiente de certeza jurídica y respeto a los Derechos Humanos para toda la población de Jalisco.
Autonomía de papel
Entrevistado por Partidero sobre el tema, Gustavo Benjamín Luna Aguilar, especialista en derecho constitucional, coincide en la necesidad de que la Guardia Nacional (GN) intervenga “en la fiscalía y en todo el estado” para poner orden y salvaguardar la seguridad de los jaliscienses.
Aclara que no se violaría la autonomía de Jalisco toda vez que el gobernador hace un año firmó el convenio de coordinación para que opere en el estado.
A su vez, criticó la estructura creada por el gobernador en materia de seguridad y procuración de justicia “donde el fiscal (Gerardo Octavio Solís Gómez) tiene un coordinador (Macedonio Tamez) y ambos dependen de él”.
“Insisto en que no nada más debe intervenir (la Guardia Nacional) para (poner orden) en la fiscalía, sino para todo el estado (…) más ahorita que Alfaro se las puso fácil, y que ya no va a haber detenciones, que levantó el castigo a los 28 (detenidos) y que alguien debe velar por nuestra seguridad”, enfatiza el abogado.
Explica que el fiscal, independientemente de que en la ley hayan dotado de una supuesta autonomía, es dúctil a los ordenamientos de su jefe y, para prueba, “las detenciones ilegales ocurridas en el periodo de Francisco Ramírez Acuña”, cuando Solís Gómez fue procurador.
“La autonomía del fiscal es de papel. En los hechos fue puesto por el gobernador y responde al gobernador. Recordemos que él mandó la terna y puso a Gerardo Octavio Solís a modo”, recuerda el litigante.
Señala la necesidad de que Macedonio Tamez Guajardo, coordinador estatal de seguridad pública y el fiscal se retiren de sus cargos para que se investiguen los hechos y sancionen a los que violaron la ley.
Luna Aguilar advierte que con la detención y muerte de Giovanni López el gobernador Enrique Alfaro queda en una posición sumamente frágil, “ya que ignoró las advertencias de que nadie puede suspender garantías individuales, solo el presidente por conducto del Senado, el Congreso federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); pero ordenó que la policía detuviera a quien no porte cubrebocas”. Con las manifestaciones, detenciones ilegales y confesión del gobernador sobre la infiltración de grupos criminales “la situación es sumamente grave” y hace imperativo que la Guardia Nacional intervenga, concluye Luna Aguilar.