Autor: Esperanza Romero

Guadalajara, Jalisco.-El abogado constitucionalista Favio Guzmán Ceja acusa que “en forma tramposa y artificial” el agente del Ministerio Público Jesús Alberto Ramos y el policía investigador Manuel García, han inflado un expediente penal en su contra para favorecer a los familiares de su progenitor, quienes desde hace 15 años pelean en tribunales civiles los bienes de su finado abuelo. Afirma el litigante que tras “vencer” a la familia de su padre en un juicio familiar intestamentario, los elementos de la Fiscalía han recurrido a la argucia de acusarlo de despojo de una de las casas en disputa, misma que desde hace 18 años está en posesión de su padre. La finca se ubica en Francisco Márquez #711, colonia SUTAJ, municipio de Guadalajara. Para el abogado, el tema de fondo es la corrupción en la dependencia encargada de procurar justicia, pues en forma desaseada, “en lo oscurito, y con testigos falsos,” han fabricado un expediente en su contra. Favio Guzmán se enteró del juicio promovido por los hermanos de su padre, para el reparto de los bienes, ante el Juzgado Tercero de lo Familiar (expediente 1335/2000). Oportunamente lo representó para ser considerado heredero, lo que finalmente ocurrió. “Todos los hijos a partes iguales, dijo el juez (…), pero en 2012 promueven otro juicio (expediente 2033/2012) con la mala intención de nuevamente hacer el nombramiento de herederos y, otra vez, dejar fuera a mi padre. Con la ayuda de los elementos de la Fiscalía se simuló la notificación, poniendo como domicilio el de la albacea. Denunciamos las irregularidades y pedimos la acumulación (al expediente más antiguo) y ahora se llevan los juicios sucesorios”, resume. La presión para “investigar” Laura, la madre del abogado Guzmán, cuenta que hace más de un año comenzó a recibir llamadas intimidatorias de un número desconocido (teléfono 3313123932), de un supuesto jefe de la policía investigadora que buscaba a su hijo Favio. Recuerda que eran llamadas tirantes, ya que su interlocutor le decía que la intención (de la llamada) era llegar a un acuerdo con Favio Guzmán. Cuenta que le hacía notar su desconcierto y le preguntaba por qué no enviaba un citatorio formal, como marca el procedimiento. Refiere que el 11 de abril del año pasado le llamó para advertirle que era la última ocasión y que si no entendía era porque no estaba queriendo a su hijo. Las llamadas eran al negocio de su hijo mayor, con quien trabaja, y posteriormente el elemento hizo acto de presencia en su domicilio particular, en la colonia Mexicaltzingo, visita de la que posee una videograbación, la cual le permitió identificar al investigador. Favio Guzmán entrega a Partidero copia de la videograbación y de un supuesto aviso de la Fiscalía para que se comunique con el agente Manuel García. En el papel, que dejaron bajo la puerta, viene el número de teléfono celular del agente y se indica que Favio es imputado en una investigación. Sin embargo, no se trata de ningún citatorio o documento oficial, sino de papelería de uso interno. Como resultado de la visita de Manuel García a la casa de su madre, el abogado se presentó en Fiscalía para reportar el proceder irregular del elemento investigador y obtener la información de la supuesta investigación. “En el medio conocemos estas acciones como un calambre de la judicial”, detalla el litigante. Promovió un amparo (544/2018), que fue admitido el 30 de abril y se sobreseyó ya que la autoridad manifestó que no existía ninguna carpeta de investigación abierta en su contra. El 30 de octubre de 2018 el abogado Guzmán fue citado formalmente. Al día siguiente se presentó en Fiscalía y solicitó a la actuaria copias de la carpeta en su contra. Indica que ella le manifestó que la traía consigo el jefe de grupo y le dio cita para comparecer el día 6 de noviembre de 2018. “Me abstuve de declarar. La abogada me presta la carpeta de investigación, la cual que era la pura denuncia de hechos de la ofendida (una tía). Pregunté que si era toda (la carpeta), me dijeron que sí, y que una vez que regresara de métodos alternos me la iban a otorgar. Transcurrieron los meses, iba a Fiscalía y me decían que no regresaba de métodos alternos, y allí me decían que estaba en la agencia (del MP), hasta que, de plano, me la muestran totalmente inflada, con la explicación que parece confesión, de que hay mucha presión de parte de los ofendidos para judicializarla”. Denuncia que los supuestos testigos declararon que ingresó a la finca acompañado por un grupo de pandilleros. Derechos Humanos El pasado 4 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dictó el acuerdo relativo a la admisión de la queja presentada por Guzmán (5486/19/IV). Lucero Moreno Murguía, abogada adscrita a la Cuarta Visitaduría General de la CEDH, informó que con motivo de la admisión de la queja y para su debida integración, la dependencia solicitó al agente ministerial y al policía investigador señalados que presenten “en un término de quince días hábiles contados partir de la fecha en que reciban la notificación (…) un informe en el que se consigne los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones que le atribuye el quejoso, así como los elementos de información que consideren necesarios para la documentación del asunto”. Asimismo, señala que se les hace saber que, ante la falta del informe, así como el retraso injustificado en su presentación “se darán por ciertos los hechos motivo de la queja en el momento de la resolución, salvo que exista prueba en contrario recabada durante el procedimiento”. Se requirió al titular de la agencia número 2 de Delitos Patrimoniales No Violentos, para que en un término de cinco días hábiles a partir de que se le notifique, presente copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación 43243/2018 iniciada contra el abogado Guzmán por el delito de despojo. La sorpresa para el abogado constitucionalista es que, sin haberse agotado los medios de conciliación y las previsiones que la ley en materia penal estipula, el caso fue consignado el pasado 22 julio. La Fiscalía Anticorrupción informó que tiene bajo investigación cerca de mil 400 carpetas abiertas por denuncias presentadas el año pasado que involucran a diversas dependencias de la administración pública estatal y municipal. Poco más de 30 por ciento (439 carpetas) se refieren a presuntos actos de corrupción en donde se señala a la Fiscalía Estatal. “Los delitos que más aglutinan estas investigaciones son por casos de abusos de autoridad, con 171 carpetas; seguidos por 169 que se refieren a señalamientos de tortura. Otros de los delitos recurrentes en 2018 son los cometidos en la administración de justicia y otras ramas del poder público, donde la Fiscalía ha sido señalada en 35 investigaciones. Le sigue el cohecho, delito por el que se desprenden 13 carpetas de investigación. (Reporte Índigo, 6 de marzo de 2019)

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