Guadalajara, Jalisco.-A más de dos años que Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez fueron electos como magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (SSTJA), su nombramiento está en la incertidumbre, al incumplir con la Constitución de Jalisco.
En el artículo 59, apartado III de la Constitución establece que para ser magistrado, deberá “poseer al día de la elección, con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente… y registrado en la dirección de profesiones del estado”. Ninguno de los dos magistrados cumplió con este requisito.
En una búsqueda que se hizo en el portal de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, se encontró que Avelino Bravo registró su cédula PEJ 232871, el 13 de marzo de 2017. En tanto que Ramón Jiménez cuenta con la cédula PEJ 254579 a partir del 23 de octubre de 2017.
El 15 de diciembre de 2017, ambos fueron electos por el Congreso local, sus respectivas cédulas apenas tenían unos meses de haberse registrado, cuando la Constitución marca que debía ser una década de antigüedad.
En la elección de los dos magistrados la Comisión legislativa de Justicia tomó en cuenta el informe del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción que en ese tiempo estaban integrado por Jorge Alberto Alatorre Flores, Freddy Mariñez Navarro, Annel Vázquez Anderson, Jesús Ibarra Cárdenas y Lucía Almaraz Cázares, ninguno se percató de ese incumplimiento.
Llama la atención que Lucía Almaraz, ahora en su calidad de presidenta del CPS, en junio pasado recriminó al Congreso local deficiencias en la elección de tres consejeros de la Judicatura, y lamentó que los diputados retomen la práctica de “cuotas y cuates”. Incluso advirtió que se corre el riesgo que en el próximo proceso de designación de nueve magistrados sea opaco y discrecional.
Este medio solicitó una entrevista con el Coordinador de Procesos Legislativos y asuntos jurídicos, Francisco Javier Ulloa Sánchez para conocer en qué etapa se encuentra la suspensión -amparo 71/2018- que le otorgaron a Armando García Estrada para revisar el nombramiento los magistrados Bravo y Jiménez.
No se concedió la entrevista, solo se entregó una ficha informativa que menciona que se interpuso un recurso de revisión que recayó en el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual envió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ésta se negó a atraer el asunto debido a que ya ha emitido diversos criterios para la resolución de la controversia propuesta, “por lo que los órganos jurisdiccionales pueden resolver las particularidades específicas que los casos presenten, sin que sea necesaria la intervención” de la SCJN.