La misma descomposición que Enrique Alfaro denunció como candidato, e hizo otro tanto en sus primeras semanas de gobierno en contra del Poder Judicial, ahora esa corrupción se apodera del Legislativo y del mismo Ejecutivo que avala a los que deben ser sus contrapesos con acciones u omisiones. corrupción
Como lo hicieran antes otros gobernadores que a su arribo al poder empezaron por denostar al Poder Judicial, como el priista Flavio Romero de Velasco, quien dijo que la justicia en Jalisco era una caricatura del derecho, o como el panista Alberto Cárdenas Jiménez que sólo hizo débiles intentos por reformarlo, el naranja Alfaro Ramírez sólo tronó en contra del Supremo Tribunal de Justicia, que encabeza Ricardo Suro Esteves. Pero de ahí a los hechos, nada. corrupción
Al contrario, el emecista Alfaro en lugar de vetar la más que irregular y trasnochada elección (todo el procedimiento, votación y toma de protesta fue a hurtadillas, entre la 1: 17 horas y las 2:30 horas del viernes 19 de junio) de tres consejeros de la Judicatura, por violación a las reglas que los mismos diputados de la actual legislatura impusieron, como el de cumplir con calificaciones mínimas que ninguno de los tres cumplió. Se trató, más bien, de un deshonesto reparto de cuotas entre las fracciones de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, pues los designados habían reprobado al no cumplir con el mínimo de puntuación exigida que era de 80.
Los favorecidos, con la segura complacencia de Alfaro y cuyos nombres, junto con el acuerdo respectivo, mandó publicar de inmediato en el Diario Oficial el sábado 20 sin que hubiera de por medio veto o, al menos, valoración mínima, son: Claudia Rivera Maytorena, designada consejera juez, como parte del pastel para el PAN, y las otras dos tajadas para MC: Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz, como consejeros ciudadanos.
Este sólo hecho pone en entredicho tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, que se ilegitiman por sí mismos. Además, los imposibilita, de antemano, para combatir la corrupción que es el principal papel que deben desempeñar los integrantes del Consejo de la Judicatura, que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
¿Con qué cara podrán exigir los consejeros de la Judicatura que el gobernador aclare, por ejemplo, el uso y destino de los miles de millones de pesos que solicitó de créditos bancarios? ¿Con qué cara esos mismos consejeros vigilarán para que, en la aplicación de la justicia, no haya de por medio decenas, y hasta centenas de miles de pesos –y en ocasiones millones—que demandan jueces y, en particular magistrados desde el Supremo Tribunal, si los tres Poderes del Estado están podridos?
Sin descartar del todo que en caso de alguna universidad haya habido interés especial de colocar a alguno de sus alfiles en tan mencionado Consejo de la Judicatura, como sería el del Grupo Universidad que también ha hecho su juego para obtener cuotas de poder. La UdeG, junto con la Universidad Panamericana, la del Valle de Atemajac, la Universidad Jesuita (ITESO) y el Tecnológico de Monterrey, manifestaron su desacuerdo con el Congreso del Estado, y en particular en contra de los diputados por ignorar la “evaluación del comité al que ellos mismos (los diputados) nos convocaron a conformar” y que “tampoco consideraron la evaluación de perfiles que realizó el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, desechando el trabajo realizado por las universidades e instancias de participación social y ciudadana”.
Con toda seguridad, cuando esta Legislatura necesite de los servicios de tales instituciones –en caso de que tuvieran la desfachatez de solicitar su auxilio— jamás lo conseguirán, después de que decidieron desechar la evaluación universitaria “aplicada como filtro para calificar la idoneidad de los perfiles a ocupar las vacantes…”, señalaron las instituciones universitarias en un desplegado.
Frente al sinuoso actuar de la legislatura local, puesto en evidencia por las citadas universidades, vino también el reclamo y hasta el amparo contra tales actos de parte del Comité de Participación Social (CPS), único integrante del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que se ha manifestado en contra de los acuerdos bajo el agua –sucia, por cierto– en el Congreso.
Ante la falta de argumentos para defenderse, la Junta Política del Congreso, integrada por Salvador Caro (MC), Gustavo Macías (AN), Gerardo Quirino Velásquez (PRD) y Rosa Angélica Fragoso (PV), rechazó las evidentes imputaciones del CPS. Tan de mala forma lo hicieron estos cuatro diputados que recurrieron a la denostación y la presunta calumnia en contra de dos integrantes del CPS, frente al silencio de los demás integrantes del SEA, entre ellos el Instituto de Transparencia que, se supone, es autónomo frente a los tres poderes.
Como sea, esas y otras complicidades en distintas instancias gubernamentales sólo corroboran que hay un grave contagio del virus llamado corrupción en los tres poderes que conforman el Estado de Jalisco. Unos por acción y otros por omisión. En el peor de los casos se dan ambas agravantes, lo mismo en el Legislativo que en el Ejecutivo y el Judicial, en donde casi todo se mueve con motivaciones ventajosas, sean pecuniarias o sean graciosas prebendas. El gran ausente es el verdadero espíritu de servicio.