Puntos y Contrapuntos
Criterios
Con mucha sapiencia hay quienes afirman que el gusto o privilegio de ser diputado local en Jalisco puede durar tres años, pero la vergüenza de haberlo sido puede durar toda la vida.
Sin que esto signifique que no pueda haber algunos notables y excepcionales casos de aves que crucen ese pantano sin mancharse, o que por lo menos salgan de él sin huellas muy visibles de sus inmundicias.
Sin embargo, con el arribo de nuevos partidos al poder, algunas aves –de rapiña o depredadoras– pueden mutar de plumaje para disfrazarse, y al amparo de las siglas de los nuevos ricos políticos, que en los tiempos actuales son Movimiento Ciudadano y Morena, revivir de entre las cenizas de sus propias miserias.
Durante tres sexenios, la Procuraduría de Jalisco, primero, y la Fiscalía General de Jalisco, después, han sido omisas en investigar denuncias muy concretas y puntuales contra integrantes del Poder Legislativo de la entidad.
Fueron ineficientes, omisos o deliberadamente negligentes, el procurador de justicia Tomás Coronado Olmos, durante la administración panista 2007-2013 del gobernador Emilio González Márquez; igual sucedió con los cuatro fiscales del gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018): Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Raúl Sánchez Jiménez y Marisela Gómez Cobos. Por eso es fuerte la exigencia a Gerardo Octavio Solís Gómez, primer fiscal general de la administración de Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024), quien llegó postulado por el partido Movimiento Ciudadano.
Caso ilustrativo es el que describe el largo y sinuoso camino que ha recorrido en los últimos 11 años el abogado Gabriel Valencia López, quien ha promovido por lo menos tres juicios, varios amparos y diversas acciones ante otras instancias públicas, hasta llegar al juicio de Responsabilidad Patrimonial que desahogan los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en su exigencia de que se le informe sobre el uso discrecional –presumiblemente irregular y hasta potencialmente delictivo– que exlegisladores de la 58 Legislatura (2007-2010) hicieron de por lo menos 58 millones de pesos que habría sido depositados en sus cuentas personales.
Esta historia tiene interesantes variaciones que ilustran la conducta sinuosa y cuestionable de los diputados de la 58 Legislatura en otros casos. Aunque la truculenta historia del Poder Legislativo de Jalisco no sea patrimonio exclusivo de esos diputados.
NEGRA HISTORIA
El viernes 30 de julio del 2010, el ciudadano Gabriel Valencia López presentó una denuncia penal contra los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura (2007-2010), a quienes acusó del presunto delito de enriquecimiento ilícito. Involucró a los exdiputados locales Jorge Alberto Salinas Osornio, del PAN; Samuel Romero Valle, del PRD; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM, y Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, del Partido Nueva Alianza.
Ese caso tendría que relacionarse, obligadamente, con el que describe la denuncia penal presentada el 20 de septiembre del 2011 por el secretario general de la 59 Legislatura del Congreso de Jalisco, José Manuel Correa Ceseña, contra quien o quienes resultaran responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos presumiblemente indebidos hechos al entonces Auditor Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, por 10.7 millones de pesos entre el 2007 y el 2009.
Sobre ese asunto tendrían que haber sido investigados Jorge Arana Arana, quien como diputado local fue presidente de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura, y el exsecretario general del Congreso en esa misma temporalidad, Alfredo Argüelles Basave.
También habrían tenido responsabilidad quienes integraron la Comisión de Administración de la 58 Legislatura (2007-2010) y ratificaron el acuerdo que benefició a Godoy Pelayo: la priista Norma Angélica Aguirre Varela, así como Samuel Romero Valle, del PRD; Luis Manuel Vélez Fregoso, del Partido Verde; Alfredo Zárate Mendoza, del Partido del Trabajo, y Lorenzo Moccia Sandoval, del Partido Nueva Alianza.
En su momento tendrían que haber sido investigados los integrantes de la 60 Legislatura del Congreso de Jalisco (2012-2015), que el jueves 13 de junio del 2013 desecharon la solicitud de juicio político, que el mismo Gabriel Valencia López presentó en contra de exdiputados de la 59 Legislatura (2010-2012), a quienes acusó de encubrir a sus antecesores de la Legislatura 58.
En su solicitud de Juicio Político presentada en 2013, Valencia López argumentó que los ex presidentes de mesas directivas de la 59 Legislatura, Raúl Vargas López, del PRD; José Antonio de la Torre Bravo, del PAN, y Jesús Casillas Romero, del PRI, no hicieron un esfuerzo real por investigar las trapacerías que fracturaron las finanzas del Congreso y lo dejaron en bancarrota durante el trienio de quienes les antecedieron como presuntos representantes populares.
Valencia López incluía como presuntos responsables de complicidad y negligencia, a los coordinadores parlamentarios de la 59 Legislatura, Roberto Antonio Marrufo Torres, del PRI; José María Martínez Martínez, del PAN (quien los siguientes seis años fue senador); Enrique Aubry de Castro Palomino, del Verde Ecologista (luego diputado federal tres años), y al auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo.
LÓPEZ CASTRO
Hay muchas otras historias que involucran a varias legislaturas de Jalisco en presumibles irregularidades, potenciales corruptelas y encubrimientos que empezaron hace por lo menos 10 años.
En 2009, durante la 58 Legislatura (2007-2010) el Congreso de Jalisco contrató los servicios de una empresa denominada Consultores López Castro para que gestionara, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la recuperación de excedentes de impuestos pagados por trabajadores del Poder Legislativo.
La historia documentó que esos servicios jamás se prestaron y los impuestos retenidos indebidamente a los trabajadores del Congreso nunca se recuperaron.
Un sólido trabajo periodístico de Mural desnudó una perversa y sucia maquinación que habría obligado al Congreso de Jalisco a pagar 58.6 millones de pesos que Consultores López Castro reclamaba por presuntos servicios prestados.
En diciembre del 2012 el Congreso de Jalisco fue emplazado por un Tribunal Colegiado en Materia Civil para pagar los 58.6 millones de pesos reclamados por el despacho López Castro.
El lunes 17 de diciembre del 2012, la entonces presidenta de la Comisión de Administración del Congreso de Jalisco, Celia Fausto Lizaola, declaró: “No reconozco dicho adeudo, hasta el día de hoy no se encuentra un documento que acredite el beneficio mediante la devolución del dinero al Congreso de los impuestos entregados en exceso al SAT”.
Durante los primeros meses del 2013 el Congreso de Jalisco contraatacó jurídicamente para exigir la nulidad de ese contrato, que consideró fraudulento en su perjuicio.
En el caso, de presumible fraude, fueron involucrados el exsecretario general de la Legislatura 58, Alfredo Argüelles Basave, y Consultores López Castro.
El Congreso de Jalisco también relacionó con el caso a Luis Octavio Pérez Pozos, quien relevó a Argüelles Basave en la Secretaría General del Congreso de Jalisco, así como a los diputados Omar Hernández Hernández, Enrique Aubry de Castro Palomino, Isaías Cortés Berumen y Raúl Vargas López, vocales de la Comisión de Administración en la 59 Legislatura (del 1 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2013), quienes autorizaron declinar en la defensa del Congreso en el juicio promovido por Consultores López Castro.
Otros que aceptaron que el Congreso de Jalisco se allanara en el pleito y firmara un acuerdo de pago con Consultores López Castro (fechado el 22 de marzo de 2011), según refiere el periódico Mural, fueron los exdiputados locales Patricia Elena Retamoza Vega y el panista Macías Zambrano, exsecretarios de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco que presidió Aubry de Castro Palomino.
Ante la amenaza latente de ser investigados por presumible tentativa de fraude, los consultores desistieron de su reclamo.
El lunes 23 de febrero del 2015 el Juez Séptimo de lo Penal dictó auto de formal prisión contra el exsecretario general del Congreso de Jalisco en la 58 legislatura (2007-2010), Alfredo Argüelles Basave, sometido a proceso por su vinculación en la presunta tentativa de fraude cometida por Consultores López Castro, que pretendía cobrarle al Poder Legislativo 58.8 millones de pesos por un servicio que no se ha documentado hubiese prestado.
Argüelles Basave ganó un juicio de garantías –un amparo– ante el Juzgado Cuarto de Distrito, para evitar que se ejecutara el auto de formal prisión que se le dictó en el Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede en Puente Grande, según publicó Mural el 9 de septiembre del 2015.
El 28 de marzo del 2017 la Fiscalía General de Jalisco emitió un comunicado en el que informó que el caso López Castro seguía abierto. Aunque el caso por fraude genérico fue denunciado desde 2012, la Fiscalía indicó que el expediente 69/2015-A seguía en periodo de instrucción en el Juzgado Séptimo penal. El despacho López Castro recibió 575 mil pesos para iniciar una supuesta recuperación de impuestos para el Congreso en 2009 y pese a que nada hizo, posteriormente demandó un pago de 58 millones.
Además, la Fiscalía de Jalisco explicó que magistrados confirmaron la libertad de Octavio Pérez Pozos, quien relevó a Argüelles Basave en la secretaría general del Congreso en la 58 Legislatura. El argumento fue que no se acreditó su participación en la tentativa de fraude.
PLUMAS PERCUDIDAS
Muchas historias truculentas se han documentado a diputados de anteriores legislaturas.
El 17 de marzo del 2015 la mayoría de los periódicos de Guadalajara reseñaron que durante la 58 y 59 Legislaturas locales, el Poder Legislativo de Jalisco fue defraudado con 685 millones 93 mil pesos, según puntualizó el diputado Víctor Sánchez Orozco, quien llegó al Congreso local postulado por el PAN para el periodo (2012-2015) y el 27 de noviembre de 2014 se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano.
Explicó el legislador al periódico Mural que esa suma millonaria era el resultado de transacciones del Congreso con el despacho López Castro, con OLA Outsourcing y con SAE Consultores, así como el Impuesto Sobre la Renta que se descontó a los trabajadores y que no se pagó al SAT del 2009 al 2012; también de la cuota patronal que no llegó al Instituto de Pensiones del Estado durante 2010, 2011 y 2012, al IMSS en 2012 y el seguro de vida que se contrató por seis meses.
El diputado Sánchez Orozco destacó que entre los responsables de dichos fraudes que fueron acreditados en denuncias penales, estaban políticos que podrían regresar al Poder Legislativo para ocupar curules, como sucedió en los casos de Jorge Arana Arana, quien había sido diputado en la 58 Legislatura (2007-2010); Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM), Isaías Cortés Berumen (PAN) y Omar Hernández Hernández, quienes estuvieron como diputados locales en la Legislatura 59 de Jalisco (2010-2013).
“Todos ellos tienen algo en común: aparecen en las denuncias penales como denunciados. Nos parece delicadísimo, estaremos vigilando que cuando lleguen no se vuelvan a cometer las mismas irregularidades (…) Nos parece un grave riesgo que muchos de estos exdiputados estén en posibilidades de regresar y se vuelva a hacer lo mismo, fraudear, dejar al Congreso en bancarrota y endeudado”, advirtió el legislador en la nota publicada por Mural.
Muchas denuncias se quedaron sólo como enunciados, como material para el archivo muerto.
El periódico Público reseñó el lunes 6 de diciembre de 2010 que las irregularidades en la 58 Legislatura (2007-2010) superaron los 426 millones de pesos, sin contar los más de 152 millones de pesos de sobregiros presupuestales, con lo cual las inconsistencias llegarían a 578 millones de pesos, según auditoría realizada por el despacho Rusell Bedford.
En su momento debieron haber sido investigados, por omisión o complicidad, los excoordinadores parlamentarios de la 59 Legislatura (2010-2012) Roberto Antonio Marrufo Torres, del PRI; Gustavo Macías Zambrano, del PAN (a quien le antecedió José María Martínez Martínez); Raúl Vargas López, del PRD, y Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM (hoy dirigente de ese partido en la entidad). Macías Zambrano fue después presidente estatal del PAN.
Ellos fueron relevados por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 60: Miguel Castro Reynoso, del PRI (a quien relevó Rafael González Pimienta); José Gildardo Guerrero Torres, del PAN; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Edgar Enrique Velázquez González, del PRD, y Jesús Palos Vaca, del Partido Verde Ecologista de México.
Muchas de estas aves cruzaron el pantano y salieron con sus plumas empapadas de inmundicias. Hasta la fecha ninguno de los personajes señalados ha pisado la cárcel. Difícilmente ocurrirá, a menos que la “refundación” que tanto anuncia y promueve el actual gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez rinda frutos en los delicados espacios de la procuración y administración de justicia.
Sin duda, la prueba superior de la entereza que dice tener el gobernador para cumplir con sus deberes y hacer lo correcto, será cumplida cuando meta a la cárcel a algún delincuente de cuello blanco, y más si se trata de alguno de sus amigos o socios políticos.