Ayotzinapa a la vista / II

Juan M. Negrete

Después de haber pasado y visto todos los rituales republicanos e indígenas en torno a la toma de posesión del nuevo poder ejecutivo y una vez que ya nos pusimos a tono para arrancar o hacer arrancar las nuevas acciones que justifiquen el alborozo popular por el cambio esperado, arrancó ya el día tres de diciembre el inicio formal de actividades de gobierno.

En este espacio nos estuvimos ocupando, o para decirlo en términos más precisos, estuvimos calentando las líneas en la espera de darle seguimiento a una de las muchas acciones para las que se vertieron promesas de cambios de forma, de viraje, de nuevo manejo necesario, la del caso Ayotzinapa. No necesitamos presentarlo más al público. Nos resulta demasiado conocido a todos, porque viene a ser el caso emblema del descuido del estado en la seguridad de su población. Podemos contabilizar muchos casos de desapariciones forzadas, cientos, miles de ellos. Podemos hablar, y de hecho lo hacemos todos los días, de la lista interminable de asesinatos y masacres que nos enturbian y oscurecen la vida cotidiana, de las que las autoridades, las instancias policíacas y ministeriales quedan rebasadas y no dan la cara, por decirlo de la manera más eufemística posible.

Pero el caso de la desaparición de los muchachos normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados y desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, marcó un hito. Despertó la conciencia de millares y millones de mexicanos. Sacó a marchar a las calles a grandes contingentes de protestantes. Le puso un alto al gobierno, a sus negligencias y menosprecios. Se puede calificar como el acto político significante de la gota que derramó el vaso. Por supuesto que para que se derrame el envase es porque ya estaba lleno hasta los topes. No resultó extraño pues que nuestra gente se volcara a las urnas el día primero de julio y depusiera de los puestos de gobierno al PRI, al PAN, al PRD y a todos los que la población miró como responsables de estos descuidos ministeriales y judiciales.

Una de las promesas en campaña, la más sentida para muchos, entre los que se encuentra este redactor (de ahí que me haya mantenido entretenido en darle este seguimiento en las entregas pasadas) era la que le hizo AMLO directamente a los padres de familia de estos muchachos desaparecidos de tomar por los cuernos su asunto y ocuparse de ello desde el primer día de su gobierno. Lo dijo con todas sus letras y lo registramos todos los que andamos en esta danza sin chonchinchi. Es caso emblemático el de Ayotzinapa, está claro. Pero significa mucho para todos los que estamos dispuestos a impedir que naufrague la barca en la que vamos todos.

Pues bien, se llegó el esperado día tres de diciembre, el primer lunes de la primera semana de trabajo del nuevo gobierno moreno. En las instalaciones del palacio nacional se llevó a cabo la esperada, por prometida, reunión de Obrador con los indoblegables papás de los desaparecidos. El presidente firmó el decreto que crea la comisión prometida. La conformarán familiares de los normalistas y sus representantes legales, por un lado. Por el otro, o sea por parte del gobierno, entran a ella funcionarios de secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. El presidente ordenó que se publicara este decreto al siguiente día de su firma en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor entonces el día cinco y tienen un mes hábil completo para instalarla. Incorporarán a ella los expertos profesionales y los técnicos que se requieran.

Su principal objetivo es conocer la verdad de los crímenes contra los normalistas, deslindar responsabilidades, reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. Alejandro Encinas será su coordinador. Explicó que por primera ocasión en la historia del país se definirán los lineamientos para la implementación de beneficios legales y medidas de protección para las personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de esos crímenes. Dijo además que se retomarán las investigaciones ya realizadas, las recomendaciones que emitieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la de ONU-DH, e incluso las indagatorias truncas de la PGR para desahogar todas las líneas de investigación, antes subestimadas o de plano dejadas de lado. Hacienda pondrá la lana que se requiera y la cancillería firmará los convenios necesarios con la ONU y con quien se ocupe para facilitar la cooperación internacional en el caso.

Hasta aquí va caminando la promesa de la solución de este espinoso asunto. Refleja, en primera lectura una distancia notoria a la dinámica que utilizaron todos los gobiernos atenriores en su trato con el estudiantado rebelde. Sirva para su comparación una nota al pie de los agentes de la DFS, que daban seguimiento a la lucha de los normalistas de la FECSM. Se trata de sus propias observaciones y las sugerencias que se le ocurren para frenarlos:

Sean inflexibles con los alumnos… De acceder, se daría lugar a fincar un precedente que perjudicaría los intereses del gobierno y afectaría directamente al presupuesto de la SEP. Planteles de otra rama presentarían peticiones similares… Aunque también, de no concedérseles, lo tomarán como base para hacer un movimiento de carácter nacional, que sería aprovechado por el MLN, por el Frente Electoral del Pueblo, por la CCI… para crear agitación con miras políticas futuras. (oficio del agente Blas García Hernández dirigido al titular de la DAl FS, 15 de abril de 1964).

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