Guadalajara, Jalisco.-Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, informó que enviará al Congreso estatal una iniciativa para que aquellas empresas que emitan gases contaminantes paguen un impuesto ambiental, como parte de las políticas de la entidad para utilizar energías limpias  en el sector económico.

“He tomado la determinación de presentar una iniciativa a efecto de compensar las externalidades que generará al medio ambiente esta distorsión en la producción y consumo de energías no renovables. Lo voy a hacer ante el Congreso del Estado para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y crear una contribución a la emisión de gases a la atmósfera. Este impuesto ambiental lo deberán cubrir todas las unidades económicas, empresas o persona físicas, que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado y afecten al medio ambiente”, comentó a medios de comunicación.

Alfaro Ramírez añadió que con el impuesto el estado podrá tener recursos para financiar políticas y programas de adaptación al camio climático, así como para mitigar la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. También, fomentarán la sustentabilidad en las actividades industriales, económicas y productivas de Jalisco.

La motivación para crear el nuevo impuesto fue anunciada en un video compartido a través de las redes sociales del mandatario, en el cual también apuntó que el gobierno del estado interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) con el cual se imponen restricciones para desarrollar nuevas centrales de generación de energías renovables.

Alfaro enfatizó que el acuerdo limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, además de que prohíbe construir proyectos en lugares considerados como congestionados o con poca capacidad de transmisión.

“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales”, puntualizó.

El ejecutivo estatal detalló que el acuerdo implica afectar a 16 proyectos cuya inversión representa alrededor de dos mil millones de dólares para el estado, así como una pérdida de 30 mil empleos.

 

 

Con información de NTR

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