Guadalajara, Jalisco.- Aunque Vanesa Gaytán Ochoa, asesinada el pasado 25 de abril frente a Casa Jalisco ─residencia oficial del gobernador jalisciense─ había denunciado desde el 2017 amenazas recurrentes en su contra, por parte de su esposo, no fue atendida, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) emitió este viernes una serie de recomendaciones.
“En síntesis, las medidas de protección debieron otorgarse en función de la violencia extrema que vivía la víctima; sin embargo, ello no sucedió, pues no se les dio el seguimiento adecuado. Se pasó por alto imponer en ellas medidas para salvaguardar su vida ante la vulnerabilidad en que se hallaba y que estas se cumplieran de inmediato”, apuntó el organismo a través de la recomendación 38/19.
Entre otros puntos, la CEDHJ que el gobierno de Jalisco “gestione lo necesario” para que la madre y el hijo de Vanesa puedan adquirir una vivienda propia, se les facilite atención sicológica y el apoyo necesario para que puedan “reconstruir su proyecto de vida”.
También se establece una serie de medidas de seguridad para la Fiscalía del Estado, el Congreso de Jalisco y los municipios, eviten la situación acontecida con Vanesa, pues la víctima había acudido hasta en 16 ocasiones al Centro de Justicia para las Mujeres, donde se le dictaron tres medidas de protección que no bastaron para que la mujer estuviera a salvo, pues no se les dio el seguimiento adecuado.
“Al fiscal del Estado, la CEDHJ le solicita que, a través de su personal, integre y resuelva los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado involucrados”, apunta el documento.
Y agrega: “Se atiendan y cumplan las proposiciones y peticiones realizadas en el Informe especial con propuestas de mejora respecto a las órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia en Jalisco y el Informe especial de observancia de las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara con mecanismos de alerta de violencia de género y alerta de violencia contra las mujeres 2019, emitidos por esta defensoría”.
Por otra parte, “a la presidenta y presidentes municipales de San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto se les solicita que atiendan las proposiciones y peticiones realizadas en el Informe especial con propuestas de mejora respecto a las órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia en Jalisco y el Informe especial de observancia de las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los municipios del área metropolitana de Guadalajara con mecanismos de alerta de violencia de género y alerta de violencia contra las mujeres 2019, emitidos por esta defensoría”.
Finalmente, “a las y los titulares de los 125 gobiernos municipales, así como al cuerpo edilicio de todos los ayuntamientos de Jalisco, se les solicita mejorar las medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres, que las unidades de atención sean incluidas en los reglamentos de las comisarías, desarrollar sistemas de coordinación y de recopilación de datos en los que se pueda dimensionar el problema de la violencia contra las mujeres, además de otros puntos, cuya finalidad sea garantizar la atención, protección, seguimiento a los casos y fortalecer los mecanismos de prevención y profesionalización de los servidores públicos de las áreas involucradas en la atención de casos de violencia familiar y contra las mujeres”.
Vanesa Gaytán fue asesinada el pasado 25 de abril, frente a Casa Jalisco, luego de que su pareja, con quien se encontraba en proceso de divorcio la siguió, y tras intentar atropellarla la atacó con un arma punzocortante. Luego, un escolta de Gerardo Octavio Solís, fiscal general del estado, que resguardaba la zona, disparó en contra del sujeto. Luego, el agresor falleció mientras recibía atención médica.
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