Filosofando

Criterios

Falta todavía que el lunes o el martes levanten el dedo los senadores, pero todo indica que el capítulo educativo ya no será modificado. El senado lo aprobará tal cual se lo transfirió el congreso. Se emitieron 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones, aprobando reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Le dan curso a la propuesta de la 4T. Dicen ellos que así ya dejan sin efecto la ‘mal llamada reforma educativa’ confeccionada por los legisladores del Pacto por México, en la gestión de Peña Nieto.

Hoy no fue un proceso legislativo tan vistoso, como la que aprobó la Guardia Nacional. Hubo para ella los apabullantes números de la unanimidad aquí reportados en su momento. Ahora se levantaron 381 dedos a favor. Desde el ángulo que se le vea, es buen caudal de votos. Para alcanzar mayoría los votos de Morena tuvieron que estar incluidos en el paquete. Son los que le dan tal contundencia. También ha de confutarse que fue iniciativa de AMLO, por un lado, y lineamiento de la SEP, por el otro. No hay que perder la perspectiva. El resultado puso de plácemes a la vertiente motejada como empresarial. Aunque se hayan escuchado voces críticas de esa misma oposición novata, en el sentido de calificarla como un engaño a los afectados, una dosis de atole con el dedo.

Analistas conocedores del tema ya nos han advertido de que esta mafufada de reforma educativa, enarbolada por la 4T, sostiene la línea dictada a todos los países que se norman de acuerdo al catecismo neoliberal. Y cuida con todo detenimiento que ninguno de ellos se salga del libreto establecido. Son dictámenes que nos vienen de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), del Banco Mundial y del BID. Por eso no hay poder humano entre nosotros que se salte tales trancas. Hay que ponerle este saco a nuestros gobernantes, pues tenemos un gobierno de país sometido o alineado a tal esquema macroeconómico. Se supone o queríamos creer que a AMLO le dio el pueblo mexicano una amplia votación, suficiente para que pudiera maniobrar con autonomía e independencia en este y en todos los demás campos que se requiriera. ¿No hablábamos de un cambio de fondo? ¿No es tal el contenido semántico de la tal 4T? ¿O vamos a tener que comprobar una amarga medicina de todo esto es de nuevo mero jarabe de pico?

Sostiene uno de estos conocedores mencionados, Lev Velázquez Barriga, que la síntesis más reciente (2015) de esta agenda mundial de educación del neoliberalismo es el Objetivo para el Desarrollo Sostenible Número 4 (ODS4); que los esfuerzos de las instancias antes mencionadas arribaron de manera protagónica a la Unesco, definiendo el rumbo educativo que atenderá las demandas del capitalismo del siglo XXI durante los próximos 15 años. (La Jornada, La OCDE y el ODS4 en la reforma educativa, 27/IV/19).

De dar por asentadas estas informaciones, que suenan a creíbles, dejando a un lado el conspiracionismo, aceptemos entonces que los dogales de estos organismos de los poderosos se atienen al esquema de lo ineluctable. Eso nos llevaría a establecer también que poco o nada valen los dictámenes electorales de los pueblos. Los lineamientos de comportamiento gubernamental se dictan allá y no en las jornadas de los sufragios, en la consulta popular. El cuento de la voluntad popular, de la democracia occidental, del rendimiento de cuentas al ‘verdadero poder’, son meras charadas hasta de mal gusto. De confirmarse estos lineamientos secretos, con tal sambenito va a terminar de ser encuerada la 4T, que hasta este momento sigue teniendo un respaldo popular elevado, pues ronda el 80% aún de aceptación.

Hay muchos puntos en este debate sobre lo que haya de depurarse o levantarse aún en el renglón de lo educativo. Resulta una tarea ingrata proponerse dar cuenta puntual de cada uno de sus recovecos. Habrá que hacerlo, pero con calma y en su momento oportuno. Baste tan sólo referirse, de entrada y por ahora nada más, al sucio juego de los emolumentos para esas tareas, imbricado de lleno en la cuestión de la rectoría del renglón educativo.

Hace un siglo nuestros constituyentes establecieron con claridad que el estado sería el rector de las labores educativas. Nuestro artículo tercero no dejaba duda al respecto. Nada de que gremios especiales o institutos religiosos o acelerados particulares le iban a entrar al toro bravo de la formación de las jóvenes generaciones. Porque así habíamos venido funcionando. La historia de la participación del clero en este renglón es más que conocida. Habrá que revivir muchos capítulos olvidados de estas luchas pasadas. Aún están vivas en la mente de nuestra gente. El mandato constitucional de hace un siglo ponía orden finalmente en un campo donde se escenificaban permanentes batallas campales.

De proponer al estado como rector y garante de la cobertura educativa, derivó también el mandato de cubrir los salarios a los trabajadores del ramo, de asignar partidas necesarias y suficientes para su cumplimiento. Se normó tal ejercicio en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Pues bien, ahora se dice que el régimen laboral magisterial continúa bajo estos criterios, salvo los renglones de ingreso, promoción y reconocimiento, a los que se les remite a un capítulo aparte. O sea, se abre un boquete de excepción. O sea, sí pero no. Es decir, otra vez la ambigüedad en nuestro acontecer cotidiano. O sea, como en la tradición de la colonia: ‘¿Acátese pero no se cumpla?’ ¿Nunca pondremos fin a nuestras dualidades enfermizas?