Guadalajara, Jalisco.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) condenaron los actos de violencia ejercidos contra el sacerdote Alberto Ruiz Pérez y su equipo de colaboración en las instalaciones de El Refugio Casa Migrante, ubicado en la colonia del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque.
Recordaron que el pasado 24 de octubre, la institución fue víctima de una extorsión y un robo a mano armado, en el que además Ruiz Pérez fue golpeado y un grupo de religiosas encañonadas.
Expresaron que ante lo sucedido, existe la preocupación de que ambos hechos delictivos tengan como finalidad “inhibir su labor como defensores de los derechos humanos”, misma que han realizado desde hace muchos años, “brindando ayuda humanitaria a miles de migrantes que transitan por el estado de Jalisco”.
“Las personas defensoras realizan labores fundamentales para la vida democrática del país. Estas no sólo trabajan para la defensa de los derechos humanos, sino que han incidido en la creación de herramientas indispensables para su efectiva garantía, como la actualización y armonización de la legislación y en el fortalecimiento de las instituciones, entre otras acciones”, expresaron en conjunto ambas organizaciones en un comunicado.
Reconocieron que actualmente, las y los defensores de derechos humanos enfrentan el riesgo y vulnerabilidad” que implica realizar una tarea como la que su labor y vocación requiere, en un contexto como el que vive el país. Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos”.
“En su último informe, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, relativo a su misión a México, del 26 de febrero a 23 de marzo de 2018, señaló que la mayoría de los defensores con los que se reunió durante su visita confirmaron que habían sido víctimas de actos de intimidación, acoso y estigmatización a manos de agentes estatales y no estatales en represalia por su labor de defensa”, abundaron.
Por los motivos expuestos, tanto la CNDH como la CEDHJ solicitaron a las autoridades competentes que se implementen las medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones. Además, que se indaguen tales hechos con un enfoque diferenciado, atendiendo protocolos y directrices de investigación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
“Las personas y organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, requieren condiciones de seguridad, pues cualquier afectación en su contra vulnera no solamente sus derechos, sino también de todas aquellas personas y temáticas que representan. La CNDH y la CEDHJ permanecerán atentas al desarrollo de las investigaciones”, puntualizaron.
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