Lunes 12 de octubre.- Un grupo de 282 profesoras y profesores universitarios condenó la actuación de agentes del Estado durante una manifestación pacífica por la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y exigió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la liberación inmediata y sin cargos de las personas detenidas.
En un pronunciamiento dirigido al mandatario estatal, los académicos denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de grupos antimotines, quienes presuntamente agredieron a los manifestantes mediante el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua, encapsulamientos, golpes y detenciones arbitrarias.
Señalaron que entre las personas que participaron en la protesta había adultos mayores e infancias. Además, indicaron que, hasta la tarde del día anterior a la emisión del documento, 39 personas, en su mayoría jóvenes, permanecían privadas de la libertad en la Fiscalía del Estado.
Ante esta situación, exigieron su liberación inmediata, sin cargos, así como garantías para preservar su integridad física.
Denuncian deterioro en la calidad del agua
En el documento, las y los académicos advirtieron que la crisis hídrica en Jalisco es un problema de décadas que, señalaron, no ha sido atendido de manera responsable y transparente por las autoridades.
Indicaron que durante los últimos meses las afectaciones se han extendido a cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, donde habitantes han reportado que el agua llega a sus hogares con olores desagradables, aspecto turbio y coloraciones oscuras o amarillentas, además de residuos.
También mencionaron reportes de afectaciones dermatológicas y señalaron que análisis realizados por algunas organizaciones han identificado presuntamente coliformes fecales y metales pesados, entre ellos plomo, mercurio y aluminio.
Los firmantes advirtieron que estas condiciones representan posibles riesgos para la salud y vulneran el derecho humano al acceso al agua, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Piden atender las causas de la protesta
El pronunciamiento vincula la problemática del agua con otras crisis sociales que afectan a Jalisco, como la desaparición forzada, las dificultades para acceder a una vivienda digna y el impacto de los monocultivos en los territorios.
Las y los docentes sostuvieron que estas condiciones deterioran la calidad de vida de la población y limitan las posibilidades de un futuro digno, particularmente para las generaciones más jóvenes.
Finalmente, defendieron la protesta social como un derecho ciudadano y rechazaron que las manifestaciones sean criminalizadas, especialmente cuando buscan exigir el acceso al agua potable.
Los académicos llamaron a las autoridades estatales a atender las demandas de la población, escuchar a la ciudadanía y resolver la crisis hídrica. En su posicionamiento, enfatizaron que la represión no constituye una respuesta adecuada ante las exigencias sociales en un Estado democrático.
