De buen talante y de mejores intenciones, 11 directivos de la Universidad de Guadalajara difundieron el domingo 6 un desplegado dirigido “A la opinión pública”, mediante el cual salieron en defensa de uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), David Gómez Álvarez Pérez. udeg
“El CPS representa y promueve la participación ciudadana de la sociedad civil frente al Estado en materia de prevención, control, vigilancia y denuncia respecto de posibles hechos de corrupción”, destacan en el desplegado de cerca de media plana –robaplana, le llaman– que firman, por orden de aparición:
Juan M. Juárez Durán, César O. Avilés González, Irma Leticia Leal Moya, Armando Zacarías, Francisco J. González Vallejo, Gabriel Torres Espinoza, Alfonso Hernández Godínez, Maria Esther Avelar, Marco A. Cortés Guardado, Mario Alberto Ramos y Karla A. Planter Pérez. O sea, un exrector general y otros rectores o exrectores universitarios o directores de algún departamento y, lógico, parte de la élite o muy cercanos al amo y señor de la UdeG, Raúl Padilla López, El Licenciado, como lo reconocen, le quieren, o le temen y obedecen.
El meollo del asunto es que, al margen de leyes, disposiciones, acuerdos y normativas previamente acordados, como la participación de seis universidades –la estatal UdeG y las privadas: Autónoma de Guadalajara, ITESO, Univa, Panamericana y Tecnológico de Monterrey–,el Congreso estatal nombró a tres miembros del Consejo de la Judicatura.
Esas designaciones de madrugada, casi a escondidas –como los ladrones– provocó severas críticas en todos los medios de comunicación y variados artículos y columnas.
Algunos columnistas apuntamos la descarada corrupción mediante el reparto de cuotas de poder que, de común acuerdo, se hicieron emecistas, que predominan en la LXII Legislatura local, con dos consejeros ciudadanos: Tatiana Esther Anaya y Gabhdiel Iván Novia Cruz, quienes por su calificación ocuparon el quinto y el 28 lugar, respectivamente. A los panistas se les premió con una consejera juez (Claudia Rivera Maytorena, quien quedó en el sexto lugar).
Fuera de esas prerrogativas quedaron Morena y PRD. En el último, el que manda es la cabeza del Grupo Universidad, presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL), Raúl Padilla López, que preside, además, y opera también como amo, señor y dueño, una docena más de dependencia y organismos universitarios que en realidad son negocios al cobijo de la noble y bicentenaria Universidad de Guadalajara.
Ante la avalancha de críticas periodísticas, el CPS tampoco se quedó atrás y emitió sus observaciones.
En ese tenor, liderados por gente de la UdeG, más de un centenar de maestros, rectores universitarios, algunos periodistas, abogados y empresarios, hicieron otra publicación en diarios en el mismo sentido: denunciaron que un grupo de legisladores aprobaron un acuerdo en el que acusaron al CPS de excederse en sus funciones.
Era cierto. Además, era el tiempo de distanciamiento entre Enrique Alfaro y el cabeza sempiterna del Grupo Universidad.
En el escrito del domingo, los firmantes denuncian la filtración pública por parte del Congreso de un exhorto para investigar penal y administrativamente, y separar del cargo a un integrante del CPS (Gómez Álvarez Pérez), “destacado académico y miembro de nuestra comunidad académica”. Agregan que las acusaciones judiciales –“sustraídas ilegalmente en contra del susodicho”–, tienen como finalidad “dañar su reputación pública, amedrentando a los miembros del Comité para que claudiquen”.
Los signatarios, además de juzgar inaceptable los ataques porque coartan la libertad de expresión, impide la crítica, abroga el disentimiento, etcétera, subrayan que la UdeG “respalda al CPS para que cumpla con las tareas que la ley le confiere”.
Y cómo no le va dar ese respaldo al Comité si lo integran esencialmente personas ligadas o afines, de una u otra forma, a la institución y al propio Grupo UdeG del tótem Padilla López, su hermano Trino y cuates, a salvo de cuestionamientos por parte del CPS. ¡Cómo, si por gracia de aquel Gómez Álvarez gana 20 mil pesos como académico y, a decir de los enterados, mensualmente gana –cifra que no ha sido desmentida— más de 88 mil pesos!
No hay que olvidar que los miembros de CPS fueron designados por comités de selección a modo, intelectuales orgánicos de la misma UdeG, o ambivalentes. A Gómez lo escogieron pese a haber sido funcionario público veleta, que trabaja o asesora a gobiernos sin importar colores. Sobre todo, ha sido intransparente, como lo informó Código Magenta, de que tiene cuentas pendientes con el SAT por declaraciones en cero habiendo tenido ingresos.
¿Cómo puede alguien así, incluso con posibles conflictos de interés, señalar y, en su momento, denunciar corrupción en la administración pública?
Ejemplos: ¿habrá propuesto el CPS una revisión –y exhaustiva– del destino que se da al presupuesto de la UdeG y dependencias parauniversitarias que son excelentes negocios, como el Auditorio Telmex? ¿Le habrán siquiera sugerido a Padilla que es tiempo que libere a la Universidad, antes que lo alcance López Obrador, como ocurrió con Gerardo Sosa (Sosa Nostra), cacique de la Autónoma de Hidalgo?
Además, ¿se habrán molestado en el CPS por promover una auditoría a los hospital civiles Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca, e igual al patronato por las aportaciones recibidas y por los cobros, en ocasiones excesivos, a la “humanidad doliente” y pobre, para saber quiénes han lucrado?
Hace dos semanas, una señora con paciente internado hubo de llamar a una hermana para que, en el auto destartalado de su marido, vinieran desde Lagos de Moreno a rescatarla, pues no le perdonaron 200 pesos que le faltaban y menos tenía para el doble pasaje. Con dificultades, vinieron al rescate.
Velar, entonces, por una administración pública es eso y más, no centrarse sólo en la aplicación o en el abuso, sustracción o desvío de recursos. También es supervisar esos pequeños grandes detalles y, además, preocuparse por la aplicación de la justicia, cada vez más cuestionada por perseguidos y defensores dado el alto grado de putrefacción que trasmina y contagia.
No sé si es porque quienes conforman el CPS son principalmente especialistas en gestión, administración pública, gobernanza… con grandes títulos, o porque vuelan tan alto y en otros aires, que no se les ocurre, no les interesa o no saben aterrizar en estas pistas. Se pueden tener variados doctorados, pero si no hay sensibilidad y, en particular, honestidad…
Hay muchos casos de corrupción que no se tocan, a pesar de las promesas de Enrique Alfaro. A los partidos, por su lado, MC y PAN, particularmente, no les interesa. Ya tienen cuotas de sobra en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Consejo de la Judicatura. Ambos organismos, en la práctica, son la misma cosa: tanto de uno como de otro su presidente es Ricardo Suro Esteves, tan cuestionado.
Al final de cuentas, organismos como los multicitados están convertidos en meras dependencias burocráticas, de empleo y cabildeo para beneficiarse entre sí patrocinadores y patrocinados.
Personas cuestionadas nunca combatirán la deshonestidad. De paso, contaminan a quienes los rodean o les hacen casita y, a la mejor, sin deberla ni temerla también son juzgadas. Menos si no pone la muestra y paga, como hijo de vecino, sus impuestos y expide facturas en los negocios que tiene. Esto no sucedía en uno de los negocios en que participa o participó el susodicho. Eran él y sus cuates incrustados en el gobierno. Gozaban, o gozan, de influencia.
Tal vez por eso este hombre está ahora en el ojo de la justicia, y él mismo sabe que puede ser detenido, como se lo confió a Josefina Real en partidero.com.
