Después del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible dentro y fuera de Petróleos Mexicanos (Pemex), algunos mandatarios estatales se han sumado a la lucha, otros buscan alternativas y otros esperan explicaciones por parte del gobierno federal.

El gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha expuesto en varias ocasiones que está a favor del combate al robo de hidrocarburos, pero pide a la federación que fije una fecha para que la situación se normalice y que hable con la verdad, de cara a los jaliscienses.

Por su parte, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció el 11 de enero que “Chihuahua no puede estar al margen de la lucha del presidente López Obrador, por recuperar a Pemex y por acabar con la red criminal que tanto ha dañado a México”.

En un operativo especial se capturó a dos dirigentes de una banda de robo de hidrocarburos y se decomisó 40 mil litros de gasolina.

El 12 de enero, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González Muñoz, anunció que unidades conocidas como pipas de 150 empresas afiliadas, prestarían su apoyo en coordinación con el gobierno federal para la distribución de hidrocarburos.

El 13 de enero, el gobernador de Jalisco insistía en que nadie del gobierno federal le ha solicitado ayuda.

El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que importaría gasolina. Alfaro Ramírez dijo en conferencia de prensa el 13 de enero que eso es imposible porque no es atribución de un mandatario estatal.

Un día después, el lunes 14, Diego Sinhue Rodríguez viajó a Houston, Texas, para concretar el plan de importación de gasolina a su entidad a través de ferrotanques.

En tanto Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), anunciaba el mismo 14 de enero que el gobierno de Toluca también apoyaría con 78 pipas para la distribución de hidrocarburos.

La estrategia de López Obrador fue cerrar las válvulas de algunos ductos de Pemex, para tratar de evitar que ladrones de combustible conocidos como huachicoleros siguieran “ordeñando” los ductos.

La interrupción del suministro afectó a la población de varios estados. Según datos oficiales, el robo de combustible ocasiona una pérdida anual de 60 mil millones de pesos al país.

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