Cuando la justicia triunfa, hay que celebrarlo

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Criterios

La libertad es como el reino de Dios; ella sufre violencia, y los violentos la arrebatan (Félix Robert Lamenais).

Durante muchos años, en México, en el esplendor del partido único, se celebró, año con año, la libertad de prensa religiosamente cada 7 de junio.

Los primeros y casi los únicos en acudir a la comilona de celebración con el presidente de la República en turno –aparte de los encargados de la “fuente” para dar la noticia– eran los dueños y directores de los medios: prensa, radio y televisión, y no, digámoslo así, los plebeyos del periodismo, los reporteros.

Se acostumbraba –es bueno recordarlo por aquello de las nuevas generaciones– que aparte del besamanos al mandatario, se cruzaban discursos de un lado hacia otro: el representante por parte de los medios tomaba siempre la palabra para agradecerle al jefe del Ejecutivo esa libertad y éste a su vez, directamente o a través de algún secretario que la hacía de vocero, hablaba de las bondades de la forma de ejercer libremente el periodismo, como si fuera una gratuita concesión gubernamental y no un derecho innato a la naturaleza humana al hablar y escribir.

Ambas partes olvidaban tocar los sutiles controles impuestos desde el poder: uno, el de las concesiones para radio y televisión –que aún existen y saben que si se salen de ciertos lineamientos pueden perderlas–, y el otro medio de acotamiento, tan sutil como eficaz, era el de la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA). Pobre de aquel periódico o revista que se atreviera a salirse del huacal, a rebelarse en contra del poder porque no tendría abasto de la materia prima, pues era la única empresa   comercializadora de papel.

Otro medio de controlar, o al menos de castigar, a los medios informativos es vía publicidad oficial que el gobierno da a raudales a televisión y a algunos diarios u otras publicaciones que le son afines o relativamente controlables.

El semanario Proceso ha padecido, desde su arranque, primero la negativa de papel que hubo de adquirirlo por fuera de calidad más corriente y a un precio desproporcionado, y de la publicidad, ni hablar,  ha sido su sempiterno tormento.

Ahora los tiempos han cambiado. Ya no existen, en la ley, medios de control, y menos ahora que las redes sociales han venido a provocar una explosión de información y noticias. Bendito internet y benditas redes que han venido a darle un giro y actualización plena a los acontecimientos diarios y ya no hay prácticamente  nada que pueda esconderse.

Ciertamente, hay, con frecuencia, quienes de los internautas incurren, no pocas veces, en las famosas fake news (falsas noticias), en exageraciones, interpretaciones distorsionadas, muy imprecisas, sin sustento, provocadoras y en ocasiones virulentas, retadoras y hasta calumniosas y difamatorias. Con regularidad se trata de entes autómatas o personas que se revisten del anonimato. Ese es el grave riesgo.

Caso Mellado

No obstante, hoy uno de los riesgos del periodismo frente al poder son las recurrentes demandas judiciales, de autodefensa, por supuesto, incluido o no “daño moral” ocasionado presuntamente a prepotentes políticos, funcionarios, influyentes personajes o gobernantes de epidermis muy delicada cuando  son exhibidas sus debilidades, abusos, negligencias, arbitrariedades y su mediocre o corrupto desempeño. Les basta el menor cargo para sentirse intocables.

Eso le sucedió al columnista Pedro Mellado Rodríguez el13 de julio de 2016, cuando fue demandado por “daño moral” por el entonces diputado local por el Partido Verde y hoy dirigente del mismo en Jalisco, Enrique Aubry de Castro Palomino, en respuesta a una serie de artículos en Puntos y Contrapuntos que publicó en el diario Mural cuestionando su “indigno y violento” proceder.

 

Manuel Edgardo Servín Orozco, titular del Cuarto Juzgado de lo Civil del Primer Partido Judicial con sede en Zapopan, sentenció el 9 de enero de 2018 que se causó “daño moral” al demandante Aubry, en el sentido de que Mellado “traspasó los límites existentes a la libertad de expresión…”

Poco tiempo después, el 18 de mayo del mismo año, en segunda Instancia, los magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Enrique Villanueva Gómez (presidente), José de Jesús  Covarrubias Dueñas y Héctor Delfino León Garibaldi, ratificaron la sentencia de Servín Orozco, condenándolo a pagar los costos tanto de la primera como de la segunda instancia y a publicar, bajo su costo, ambas sentencias.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede también en Zapopan, dictaminó en la sentencia de amparo en favor de Mellado Rodríguez que “no se probó la presunción de daño moral, de malicia efectiva ni afectación alguna…” al demandante Aubry. Resolvieron los magistrados Martha Leticia Muro Arellano (presidenta); Carlos Arturo González Zárate y Martha  Claudia Monroy Flores. También quedó exento de cualquier daño moral y de las respectivas publicaciones y pagos.

En resumen, lo resuelto por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil viene a demostrar que, como dice el propio columnista, “la libertad de expresión y derecho a la información no se negocian: se exigen, se conquistan, se ejercen y se defienden hasta con la vida misma, si es necesario”.

Concluyo suscribiendo las afirmaciones del mismo Mellado Rodríguez, señalando que dichos valores están relacionados y que la responsabilidad y el compromiso ético y vocacional de los periodistas es estar “obligados a transmitir lo que su inteligencia y sus sentidos han percibido y documentado, y la necesidad de miles, de millones de personas que quieren saber qué es lo que sucede en su entorno y reclaman su derecho a estar bien informadas.

“Siempre ha habido poderes formales y fácticos que pretenden conculcar esos derechos, porque tienen claro que la fragilidad de un sistema de medios de comunicación sometido por las urgencias económicas, los amagos, las amenazas, las demandas o las agresiones físicas y hasta de muerte, preserva una sociedad de privilegios en la que no hay lugar para los pobres, los desvalidos y los marginados. En las sombras y en la ignorancia se incuban los más deleznables abusos y las más agraviantes impunidades.

“En el cumplimiento estricto y profesional de sus deberes, los periodistas son un peligro para poderes arbitrarios y abusivos, porque generan bienes intangibles que nutren y fortalecen a la  sociedad. El periodismo está determinado por estrictos imperativos vocacionales y éticos que le comprometen en el servicio a la gente. El periodista investiga, sustenta, argumenta, observa con profunda curiosidad los asuntos públicos, descorriendo el velo en los espacios opacos o sombríos y llevando luz a los rincones más oscuros, donde se refugian las alimañas que envenenan la vida pública y la pudren”.

Por eso, el triunfo de la justicia hay que celebrarlo.

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