El Rincón de Clío

Criterios

Para bien o para mal, la presidencia de Barack Obama se mantuvo alejada de América Latina a lo largo de ocho años. La histórica política injerencista de las barras y las estrellas hacia el subcontinente fue reducida considerablemente por la Casa Blanca en la administración anterior. En ese contexto pudieron ponerse en marcha y se fortalecieron diversos procesos económicos y políticos en Latinoamérica en beneficio de sus ciudadanos. En esa ola de cambios profundos se inscribe, desde luego, la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Si bien es cierto, que el alcance logrado por el gobierno de Barack Obama para normalizar las relaciones con la isla dejó algunos pendientes, como la cancelación absoluta del embargo comercial y el cierre de la prisión de Guantánamo, no podemos negar que lo obtenido fue mejor de lo que se tenía.

A pesar de ello, desde la llegada de Donald Trump a la oficina oval, la política hacia Cuba ha sido encaminada no solo a profundizar el embargo económico, sino a reducir a lo mínimo necesario las relaciones entre ambos países.

Como consecuencia de ello, el gobierno de Donald Trump “permitirá que los estadunidenses de origen cubano puedan demandar a partir del 19 de marzo, y hasta por un mes, a empresas que funcionan bajo la tutela del ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Manfer) de Cuba, y que fueron confiscadas tras el inicio de la Revolución. Esa acción atiende una exigencia del exilio cubano que se materializó en 1996 con la ley Helms-Burton que permite llevar ante las cortes estadunidenses a ciudadanos o entidades foráneas o nacionales que ocupen las propiedades que incautó el gobierno castrista” (La Opinión, 4 de marzo de 2019). Sin embargo, los gobiernos desde Clinton a Obama habían firmado cada seis meses una moratoria para no aplicar el Título III de la mencionada ley, para evitar afectar a la Unión Europa, cuyos empresarios se significan como uno de los grupos con mayor presencia en la isla.

Para evitar un enfrentamiento con la UE, el departamento de Estado elaboró una “lista negra” con más de doscientas empresas que cumplen con el requisito de estar bajo el control de los militares, de la inteligencia cubana o de elementos de seguridad en general. Si bien, la acción de Trump no deja de ser fundamentalmente política y sin efecto vinculante, aun procediendo las demandas, para que el gobierno cubano se vea obligado a cumplirla, si logrará recrudecer la asfixia económica de Cuba que lucha por incrementar la llegada de inversión extranjera, la cual en 2018 apenas alcanzó los 2 mil millones de dólares, de los 5 mil proyectados como necesarios para revitalizar la economía del país caribeño. En ese contexto, la nueva disposición podría afectar a algunas compañías estadunidenses que iniciaron inversiones en la isla a fines de la presidencia de Obama.

De todos modos, no podemos dejar de pensar que sea solo una jugarreta más de Trump para desviar la atención que existe sobre sus malas decisiones al frente de Estados Unidos, y por supuesto, pensando en obtener el respaldo del exilio cubano en la Florida de cara a su reelección. Esto forma parte del espaldarazo otorgado al senador republicano, Marco Rubio en su aventura por ayudar a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estoy cierto, que al paso de los días el gobierno de Donald Trump se enreda más en su laberinto. Solo nos queda esperar, y observar si el electorado lo saca de él o le permite que siga mareando a la ciudadanía en el laberíntico ejercicio de su poder.

@contodoytriques