Del paso libre a la deportación

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El Rincón de Clío

Criterios

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está equivocando la estrategia migratoria. Si bien al inicio de su administración suspendió el Plan Frontera Sur que militarizaba la atención del fenómeno migratorio, ofreció condiciones de estancia en nuestro país a las personas migrantes de Centroamérica a través de empleos y acceso a servicios médicos y educativos, además de ampliar el alcance de la Tarjeta de Visitante Regional Fronterizo (TRF) a los ciudadanos de Honduras y El Salvador, Guatemala y Belice (los dos últimos ya gozaban de ese beneficio) que permite entrar y salir de México por un periodo de cinco años, siempre y cuando permanezcan en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, ya que en caso de abandonar estas entidades se les retirará la TRF y serán deportados.

Hasta aquí todo parecía mostrar una cara diferente con respecto a la política migratoria de los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón. Sin embargo, la realidad se va imponiendo al paso de las semanas. En principio, el asunto de fondo que viven las personas migrantes provenientes del triángulo del norte centroamericano es que no quieren permanecer en México sino llegar a Estados Unidos, de tal manera que la TRF les sirve de muy poco; además, el documento mencionado no les permite llevar a cabo actividades económicas para obtener una remuneración y continuar con su camino. En caso de que quieran buscar trabajo deberán esperar a que sea autorizada por el poder legislativo la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), lo cual puede demorar mucho tiempo más.

A pesar de esta situación, las cosas no parecían empeorar. Sin embargo, las condiciones han comenzado a cambiar. El gobierno de López Obrador se ha hecho a las disposiciones de la administración Trump para detener y deportar a los migrantes desde nuestro país; además de volverse receptor de quienes esperan obtener asilo en Estados Unidos; y desde luego, guarda silencio frente a las bravuconadas y amenazas del inquilino de la Casa Blanca en su afán de continuar la construcción del muro y militarizar aún más la frontera sur de la Unión Americana.

Lo que más llama la atención es que apenas en días pasados, mientras Washington reconocía y felicitaba al gobierno de López Obrador por detener a los migrantes, la presidencia de México lo negaba; sin embargo, esta semana ha sido imposible ocultar el operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) para detener y deportar a centenares de migrantes centroamericanos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, que formaban parte de una caravana. En el operativo los agentes migratorios y elementos policíacos separaron a los menores de edad para obligar a las madres y padres a buscarlos y así poder detenerlos. El final de la historia fue mandarlos a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, y de ahí ser deportados.

De cara a esos hechos, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que “en ningún momento México ha planteado cambiar su política migratoria, la cual se basa en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en diciembre de 2018 en Marrakech, Marruecos”. No tengo duda que el canciller está mirando una realidad diferente a la que sucede en el sur del país.

De todo ello, la más peligroso y preocupante es que de continúan los operativos del INM y los cuerpos policiacos para detener y deportar a las personas migrantes, los cerca de 3 mil 500 centroamericanos que están ingresando diariamente a nuestro país regresarán a treparse a la Bestia con las violentas consecuencias que esto conlleva.

Son varias cosas en las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está dando los resultados que esperábamos, y que el mismo presidente prometió en campaña: una de ellas es una política migratoria más humana. A querer o no, en la Cuarta Transformación lopezobradorista, la política migratoria mexicana se sigue diseñando desde el Departamento de Estado norteamericano.

 

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