En Jalisco, una de las prácticas más comunes es la desaparición forzada, llevada a la práctica por parte de la delincuencia, a cualquier hora del día, y contra cualquier persona, sin importar giro, condición económica, política o social de las misma. El objetivo puede ser una sola persona o un grupo, como sucedió en días pasados en Zapopan, luego de que un comando de sujetos armados se llevaron consigo a siete víctimas, aparentemente por un conflicto de tierras.
En dicho caso, las siete víctimas lograron regresar a casa en buen estado de salud, luego de que sus captores las liberaron. Sin embargo lo común es que los levantados no regresan a sus hogares.
De acuerdo con el artículo segundo de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada se define como el “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Y es, precisamente, el consentimiento del Estado por el que casi cualquier desaparición puede enmarcarse bajo el término de “forzada”, más allá de que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, haya aceptado públicamente (el año pasado) que la delincuencia organizada está infiltrada hasta en la Fiscalía estatal, lo cual es gravísimo.
Al día de hoy, Jalisco es el estado con el mayor número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, de finales de 2018 a la fecha, con 433 cuerpos, es decir, el 42.96 por ciento del total nacional. De la mano, Jalisco también es la entidad con el mayor número de desaparecidos en la última década, al menos son 12 mil 343. De manera individual, Guadalajara tiene 2 mil 416 personas con dicho estatus; Zapopan mil 792, Tlajomulco mil 110; Tonalá 509; El Salto 498; Puerto Vallarta 409; Lagos de Moreno 342 y Tepatitlán 252.
Pese a esto, la realidad es que prácticamente no hay sanciones en Jalisco, y la impunidad es el monstruo que alimenta a quienes practican esta actividad. El nivel de impunidad en Jalisco, según diversa métricas, es de 96.2 por ciento.
Una desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entre otros: Derecho a la libertad y seguridad de la persona. Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Derecho a la protección y a la asistencia a la familia. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida.
Uno de los casos más mediáticos sobre desaparición forzada ocurrido recientemente fue el de la familia Villaseñor, la cual después de estar 15 días privada de su libertad, fue abandonad, con vida, en una gasolinera en Jalisco. Cuatro miembros de la familia, tres adultos y un niño de 9 años fueron liberados alrededor de las 2:30 horas el viernes 9 de abril, en la comunidad de la Laja, municipio de Zapotlanejo, a unos varios kilómetros de donde habían sido levantados. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Un día antes, las autoridades habían reportado el jueves que Julia Villaseñor, una niña de solo 18 meses, había sido encontrada en buen estado de salud en un lote baldío en el municipio de la Barca Jalisco.
Como principales sospechosos se detuvo a siete policías de Acatic, y, como en el primer caso citado, las víctimas fueron liberadas por sus captores. No obstante, las autoridades intentaron, mezquinamente, lucrar con este “hallazgo”, cuando en realidad nada tuvieron qué ver.
Por si fuera poco, un grupo de 30 miembros de la Marina fue acusado y encarcelado en días pasados por su presunta participación en una serie de desapariciones forzadas en Tamaulipas, lo cual es un hecho sin precedente en el México contemporáneo.