Descaro de diputados y “justicia”

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Por lo visto, y ya comprobado tantas veces en legislaturas de fin de milenio y en lo que va del nuevo milenio, hay infalibles que unen a los diputados de todas las tendencias: la ambición por el dinero, las prebendas y los cotos de poder.

Sin importar el color de las banderas políticas que enarbolan ideologías (pues ya ni a doctrinas llegan), en lo que primero se ponen de acuerdo sin discusiones es en las percepciones: sueldos, bonos, viáticos, haber de retiro y reparto de canonjías de toda índole.

Todo esto a nivel nacional, sin excepción de Cámaras de Diputados, Senadores o de congresos estatales.

En referencia al Congreso de Jalisco, después del dinero, lo que nada de trabajo les cuesta es acordar, aunque ocasionalmente haya algunas discusiones, es el reparto de cuotas, como el del Poder Judicial, que no es poca cosa, y que los legisladores lo ven como mera mercancía, cuestión de toma y daca, porque para ellos, la “justicia” tiene su precio ¡Y qué precio!

Hablo de la segunda instancia porque la de primera viene en el mismo paquete, pues controlando al Supremo Tribunal a través de los magistrados, podrán repartirse, y controlar en automático, los juzgados y enderezar, no pocas veces, la justicia a su conveniencia.

Cuando el PRI era el único que partía el pastel, para ellos solos era todo el poder, el dinero y hasta la gloria  ─con la anuencia siempre del Ejecutivo al que estaban sometidos de facto los poderes Judicial y Legislativo─, no había mayores discusiones públicas en sus plenos y sesiones, únicamente había que seguir la línea del gobernador y punto. Las aprobaciones eran unánimes.

Tal era el grado de dependencia del Poder Ejecutivo, estructural, material y físicamente, que el mismo recinto del Congreso estaba en el Palacio de Gobierno.

Los repartos de curules, dádivas y prebendas de toda índole se hacían con armonía, casi en hermandad, entre los sectores del partido: CTM, CROC y CNOP. Ocasionalmente se daba alguna diputación a representantes empresariales, siempre y cuando estuvieran en función del todo poderoso partido. Lo estipulaban las reglas no escritas del tricolor y todos felices.

Cuando empezó a haber legisladores de oposición únicamente por la vía de representación proporcional, mera caricatura de la democracia, tampoco había problemas de reparto de tajadas de poder. Es más, ni de comisiones: todas eran para la aplanadora. A lo más que aspiraban era a la Comisión de Corrección de Estilo. A uno de los primeros que le tocó tal honor, fue el panista y buen parlamentario, por cierto, Gabriel Jiménez Remus.

Cuando estaba por arrimar la democracia en serio, la oposición creció en representación e inició el estire y afloje por las comisiones.

Al hacerse de la mayoría de las curules antes de que despuntara el segundo milenio, pretendieron hacer lo mismo, pero para llevar la fiesta en paz, accedieron a negociar comisiones de cierta importancia con los priistas. Así, poco a poco nació la avaricia por el reparto de porciones de poder y así empezaron a aflorar las corruptelas en el Congreso.

Así hemos llegado a lo que hoy ocurre, cuando las magistraturas se dan no a los mejores que llegan por selección, sino a quien son puestos por tal o cual partido, aunque haya sido el último, o última, en la calificación.

Así se hicieron las designaciones, la semana pasada, de  Lorena Jiménez Aguirre –posición panista- como magistrada de la Sala Superior de Justicia  Administrativa, y de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Consuelo del Rosario Gonzáles Jiménez y de Daniel Espinosa Licón clasificados en los últimos lugares por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por eso, lo que se llama justicia, está como está. Por esa forma corrupta de repartirse, la impunidad rampante impera. Y que los diputados no se hagan los inocentes.

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