Diego Valadés (Especial).

Partidiario

Criterios

Hace un cuarto de siglo -cuando lo de Luis Donaldo Colosio- la noticia del asesinato de José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública de Tijuana, fue desdeñada por la prensa local y reducida a la mínima expresión.

Él investigaba por su cuenta por el sólo afán de conocer la verdad y deslindar de cualquier responsabilidad a sus elementos y al gobierno municipal y, en dado caso, al estatal.

Conociendo la trascendencia del suceso, porque estaba en juego el esclarecimiento del homicidio del candidato presidencial priista, en su edición del día siguiente, viernes 29 de abril, el diario The San Diego Union-Tribune desplegó a las ocho columnas la nota.

El matutino sandieguino también destacaría, seis días después, jueves 4 de mayo,  aunque no en la misma proporción, la aparatosa captura del subprocurador bajacaliforniano, Sergio Ortiz Lara, ocurrida la víspera.

Ortiz Lara entregó oficialmente a la Delegación de la Procuraduría General de la República al agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega quien había sido detenido por el Grupo Táctico Especial (GTE), bajo el mando de Federico Benítez, tras el atentado contra Colosio aquella tarde del 23 de marzo del 94.

Sánchez Ortega traía la manga derecha de su chamarra blanca ensangrentada y la prueba del rodizonato le salió positiva en la subdelegación a cargo de Ortiz Lara. Benítez López y su escolta fueron acribillados el 28 de abril de aquel mismo año, un mes cinco días después del asesinato de Colosio y de la captura del sospechoso, agente del CISEN, institución que no mucho tiempo atrás había estado bajo la responsabilidad de Manlio Fabio Beltrones cuando fue subsecretario en Gobernación.

Los policías municipales –nos lo dijo la noche anterior a su muerte el propio Benítez López a Antonio Jáquez y a quien esto escribe, habían recogido, ya de noche el mismo 23 de marzo, la ojiva del segundo disparo que sólo rozó el vientre del candidato antes de caer de bruces sin haber girado a la izquierda. Erróneamente el primer fiscal especial, Miguel Montes, había asegurado que al disparo de Mario Aburto Martínez hizo girar completamente a la izquierda a Colosio y que fue entonces que le disparó de nuevo al estómago, cuando Montes ni siquiera había hecho la reconstrucción de los hechos, al menos a primera semana después del crimen, por lo que hubimos de hacerla los propios periodistas, nacionales y extranjeros con fines meramente informativos.

Ortiz Lara en el penal

Con la cara que denotaba ira, el entonces procurador general de la PGR, el jurista Diego Valadés, enviado especialmente por el presidente Carlos Salinas, como se anotó en la primera entrega de esta serie, anunció ante los medios de comunicación la captura de Ortiz Lara, por “complicidad con narcotraficantes”, abuso de autoridad, evasión de reos y obstrucción de la justicia.

Juntando cabos sueltos del asesinato de Colosio; lo que me consta (I)

“Yo qué culpa tengo de que los del PAN acusen a Hank González de si quieren o no tumbar a Ernesto Ruffo Appel. Yo no soy político, soy académico y mi actividad es la procuración de la justicia, independientemente de partidismos ¿O es que quieren que pague las ineficiencias de las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio Murrieta y de Posadas Ocampo? ¿O están tan presionados y tienen que decir algo como para que el procurador Valadés afirme que estoy involucrado en el narcotráfico y que lo va a demostrar y hasta me achaca la muerte del cardenal?”, afirmó Ortiz Lara, entrevistado por Proceso en el penal de la Mesa una semana después de su arresto.

Se le cuestionó que Valadés lo acusó como involucrado en la muerte Benítez López. Respondió que “son capaces de inventar delitos, de acusar sin el menor fundamento y eso es precisamente lo que me preocupa ¿Por qué tanta saña contra mí? Si sus funcionarios aquí le son honestos, que le digan quién soy y cómo soy. El delegado (Arturo) Ochoa Palacios, me conoce muy bien, fue mi alumno, y el subdelegado Salvador Gómez Ávila también sabe muy bien quién soy, litigamos juntos ¿Por qué siguen las instrucciones de su superior, que señala sin fundamento? ¿Por qué pensar con el estómago y no con la cabeza? A su conciencia se los dejo”.

Ortiz Lara expresó en la entrevista que Diego Valadés declaró casi a la misma hora que lo detenían, que me acusaban de cuatro delitos, sabiendo perfectamente que eran únicamente dos los que aparecían en la orden de aprehensión. “¿Cómo es posible que el abogado de la nación, el brazo derecho del presidente de la República, haga esas acusaciones sin fundamento? Y después, en otra conferencia de prensa diga que va a comprobar que yo tengo vinculación con el asesinato de Benítez López y con el narcotráfico No es posible que hable así, con esa ligereza, tan temeraria y falazmente, sin investigar, pese a que la PGR tiene todos los recursos del mundo para hacerlo”.

Dos meses atrás –el 3 de marzo- hubo una balacera en Tijuana entre judiciales federales y estatales. Los primeros cuidaban al Güero Palma, del cártel del Pacífico y los del estado al de los Arellano  Félix.

En el tiroteo hubo cinco muertos, entre ellos los comandantes Alejandro Castañeda, de la Policía Judicial Federal y Salvador Miramontes Torres, de la estatal.  Ortiz fue al lugar de los hechos y dos días después lo acusa la PGR como responsable de la huida de Francisco Arellano Félix, El Tigrillo y de su lugarteniente Ismael Higuera Guerrero, El Mayel.

Quince días después del suceso sangriento, la juez de distrito, Graciela Guadalupe Alejo Luna, negó la orden de aprehensión porque no había elementos. La PGR apeló y el 3 de mayo el Segundo Tribunal Unitario del 14 distrito en Mexicali, revocó la negativa de la orden de aprehensión.

Cuenta Ortiz Lara que su intervención fue haber estado en el lugar del enfrentamiento poco después y sólo unos 20 o 30 minutos; “igual que los agentes de la PGR y altos funcionarios de la misma, en una bocacalle, a unos pasos de los cuerpos. Llegué después de los hechos, cuando ya estaban actuando los socorristas, cuando todo mundo corría, cuando retiraban los vehículos, cuando los agentes querían tomar las armas. Era una confusión tremenda, sin un mando, todo mundo ordenaba y gritaba, y todos jalaba a los sujetos que se decía habían participado en la balacera; nadie le hacía caso a nadie. Mi actuación se limitó a cerciorarme de que hubiera un elemento del Ministerio Público actuando.”

Dijo en la entrevista en la penitenciaría que por el hecho de que los judiciales estatales sean sus subalternos, “no por eso voy a responder de los actos de todos y cada uno de ellos. Eso equivale a pensar que si soy responsable de los actos de mis subordinados, pues entonces también el procurador de la República podría pensarse que es el responsable de la forma violenta en que mandó a sus subordinados a detenerme y también es responsable de los que tripulaban unidades robadas cuando me aprehendieron. Estamos en el mismo terreno, en el mismo supuesto.

“Mi única intervención fue cuando el director de Servicios Periciales me dijo: `No me dejan trabajar, ya me cansé de decirles que no se lleven las armas, que no pisen las manchas hemáticas, que no pisen los casquillos y demás No me dejan trabajar, a ver si a usted le hacen caso’ Lo único que hice fue decirles: dejen trabajar a los de Servicios Periciales, abran el área’. Al rato llegaron los municipales y acordonaron la zona y, más o menos, se controló la situación y se pudo hacer el trabajo. Continuamente llegaban comandantes federales y agentes del MP. “Sólo se presentaban de palabra, no se identificaban ante mí, se quedaban un rato, cruzaban unas cuantas palabras y se iban.

“Era un verdadero caos. Nadie sabía quién era quién y ahora me cuestionan porque no  di el auxilio que querían los de la PGR para que les entregara el asunto. Simplemente se presentaron, nunca me requirieron. Ahí arranca todo. Judiciales federales y estatales se disputaban la detención de un sujeto, estaban a media cuadra (…) En esas condiciones no se puede controlar la situación y me salen con que yo protejo a narcotraficantes, que propicié su huida y que actué con negligencia. Los de la PGR también estaban actuando, y lo aceptan. Entonces, tenemos la misma responsabilidad.”

Cuenta que su captura “fue espectacular, para llamar la atención, para provocar, tal vez, un enfrentamiento, y no descarta que pudo ser asesinado si no hubiera guardado un mínimo de tranquilidad, “aunque confieso que yo estaba muy asustado y creí que se trataba de un secuestro” cuando le pusieron una pistola en la sien. Los federales no siguieron los trámites legales de pedir a sus superiores la presentación del inculpado

De una u otra forma, el titular de la PGR, Diego Valadés, cometió una notable injusticia y brindó protección a los judiciales federales, tan culpables de proteger a narcos como los estatales. Pero tenía la consigna de humillar a la oposición y, de ser posible, hasta involucrarla, tanto en el narcotráfico como en la muerte de Colosio. Al menos es lo que se sospechó desde entonces. En gran medida, porque el subprocurador Ortiz Lara entregó al agente de CISEN a quien, en los laboratorios de la Procuraduría del estado de Baja California le resultó positiva la prueba del rodizonato: “palmar y dorsal derecho, positivo; palmar izquierdo, negativo; dorsal izquierdo, positivo”, igual que Aburto.

En su libro El Cártel, Jesús Blancornelas describe así aquel enfrentamiento:

“Anochecía; 3 de marzo de 1994. A los separos de la Policía Judicial del Estado llegó detenido un personaje: Francisco Javier Arellano Félix. Y atrasito, Ismael Higuera “El Mayel”. No pasaron quince minutos cuando se apareció Francisco Fiol Santana, jefe del Grupo de Homicidios. Los vio; sin saludarlos, se dirigió a tres o cuatro agentes vigilantes: “Déjenlos libres”. Se vieron sorprendidos entre sí los policías. “¿No entienden?, ¡déjenlos libres!”. Los acompañó hasta la puerta (…)

“El resto del episodio es dramático: recién había cumplido cuatro años el primer gobierno panista en Baja California, y a esas alturas la PGR ya era un chapoteadero de corrupción, cuando se afianzó el Cártel Arellano Félix. Sembraron soborno y cosecharon impunidad, invirtieron dólares y obtuvieron complicidad como utilidad. A su generosidad, la procuraduría panista correspondió con protección, encubriendo sus crímenes; despistó y “congeló” investigaciones, tanto como aquella noche dejó libre a Francisco Javier y a “El Mayel”.

“Los dos iban en una Suburban nuevecita, un guardaespaldas de “El Mayel” y su chofer de confianza; atrás, en una patrulla, varios agentes judiciales estatales los custodiaban. Hicieron alto frente al “Mercado de Todos” en La Mesa de Tijuana. Iban tras “El Güero” Palma, que, se enteraron, estaba protegido por agentes federales. Allí se toparon con el convoy contrario: una Suburban azul, nuevecita, repleta de hombres de la PGR. Adentro, Palma. Sintiéndose con más autoridad, se bajó el comandante de la Policía Judicial, Alejandro Castañeda. Encaró a los contrarios; el diálogo debió ir subiendo de tono, seguramente el policía reconoció a Francisco Javier y “El Mayel”. Ni siquiera se dio cuenta; desde dentro del vehículo le dispararon a la cabeza y el pecho quién sabe cuántas veces. No tuvo agonía, murió a media calle.

“Respingaron sus camaradas, desenfundaron y apretaron gatillos; metros separaban a los dos grupos, unidos por la desesperación, cobijados por la muerte. Los retaguardias protectores también debieron apearse y tirotear a los atacantes de Francisco Javier; fue increíble el revoltijo de policías federales y estatales matándose por culpa del maldito narcotráfico. Nunca hubo un disparadero así. El Obispo de Tijuana, (Emilio) Berlié Belaunzarán, iba camino a su casa, escuchó el tiroteo y llegó al sitio; bendijo (dio la extremaunción viático) a los muertos y agónicos.

“El licenciado Sergio Ortiz Lara, Subprocurador de Justicia del Estado, se dio cuenta de cómo fueron liberados Francisco Javier y “El Mayel”; indudablemente hubiera acusado a los policías, pero no pudo. Los Arellano actuaron más rápido y detuvieron al funcionario; le endilgaron el delito de permitir la fuga de los mafiosos, precisamente la que él iba a denunciar; lo consignaron, fue procesado. El gobierno estatal de Ruffo pagó la fianza para liberarlo (se cuenta que fueron 150 millones de pesos). Sucedió entonces lo dramático: toda la prensa condenó ese pago; hasta a las planas de los diarios llegó la influencia de los Arellano”.

Cabos sueltos: investigador muerto; subprocurador encarcelado (II)