Guadalajara, Jalisco.- Ante la violencia suscitada el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, estado de Sinaloa, ante la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, la diócesis local condenó lo sucedido y exhortó al gobierno federal a “pasar de la razonable molestia e indignación social, a la propuesta y acción contundente”.

A través de un posicionamiento, la diócesis de Culiacán consideró que hechos como los registrados en Culiacán, cuando decenas de criminales y autoridades entraron en pugna por la captura de Guzmán López, “cimbran el ambiente y espíritu de sana y respetuosa convivencia entre los ciudadanos”.

En este sentido, manifestó que el papel del gobierno es asegurar “para los sinaloenses y hermanos de otras entidades de nuestro país, la unidad y la paz social” y recordó que para la comunidad católica es necesario buscar “reine permanentemente la paz y que… seamos promotores de reconciliación”.

La diócesis de Culiacán también agradeció a quienes acogieron en esos momentos a las personas que se encontraban en el lugar, e invitaron a seguir con atención los llamados institucionales para salvaguardar la seguridad y la protección personal.

Por su parte, La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con las personas afectadas por los hechos de violencia ocurridos recientemente en Culiacán, Sinaloa; Aguililla, Michoacán; y Tepochica, Guerrero; e hizo un llamado “a sobreponer al dolor y al enojo, un espíritu de colaboración en favor de la paz”.

Exhortó a los miembros del crimen organizado y “a quienes provocan violencia, muerte y sufrimiento, a recapacitar, arrepentirse y convertirse”.

“Estos acontecimientos nos provocan naturalmente temor, enojo y desesperanza. Pero queremos pasar de estos
sentimientos espontáneos a la reflexión y a la respuesta colaborativa en la construcción de la paz”, subrayó el CEM en documento escrito por su presidente, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y su secretario general, Alfonso G. Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey.

Además, coincidieron con la diócesis de Culiacán al urgir a las autoridades “a realizar un sobreesfuerzo que reduzca los desbordados índices de violencia que sufre gran parte de nuestro pueblo a lo largo del territorio nacional”.

Finalmente, exhortaron “a todos los creyentes y personas de buena voluntad” a orar y encomendar esta intención.

 

“Esta de no creerse”: arquidiócesis de Guadalajara

A nivel local, la arquidiócesis de Guadalajara, considera que “está de no creerse” que seamos “tan vulnerables ante la
delincuencia organizada, muy organizada, no solo los ciudadanos comunes, sino sobre todo, nuestras autoridades”, así como las limitaciones del gobierno.

Mediante un editorial a difundirse el próximo domingo a través del periódico Semanario, que recoge opiniones e información de la arquidiócesis tapatía, la jerarquía católica cita al cardenal Francisco Robles Ortega, quien preguntado por medios de comunicación criticó que “nuestra autoridad y el gabinete de seguridad no hayan tenido la capacidad para prever las reacciones del crimen organizado, y de prever el riesgo en que se pondría a los ciudadanos”.

“No sabemos qué realidad es más grave y alarmante, si la fuerza inimaginable del cartel o las evidentes limitaciones, en materia de seguridad, de nuestro gobierno (ejército, mandos e inteligencia)”, agrega el texto.

Abunda: “¿Qué debemos hacer? Resulta difícil creer que las cosas cambien para bien, sobre todo porque a nuestras
autoridades les cuesta mucho trabajo aceptar que se pueden equivocar. Si han proclamado la humildad como signo de su gobierno, ese mismo criterio les debería ayudar a saber que no todo lo hacen bien, y que los errores se puede corregir, que todos entendemos que puede haber equivocaciones, y los respetamos cuando lo asumen para bien, pero cuando la máquina que no sirve no se da cuenta que no sirve, queda solo el vacío y la desesperación”.

Y finaliza: “Ojalá que el Ejecutivo y su gabinete se den cuenta que no son dioses, y que hay acciones, actitudes y criterios, sobre todo en materia de seguridad, que hay que corregir”.

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