En lo que parece ser una extraña fascinación de Enrique Alfaro de acercarse a la figura de un antecesor suyo de triste recuerdo, pretende retomar una obra que causó descontento social en su momento, la presa de El Purgatorio. El asunto del agua para la zona metropolitana es un tema largamente arrastrado y contaminado por los intereses que actúan en el entorno de las industrias de la construcción e inmobiliaria. Ha generado asimismo inconformidad,  conflicto y fricción entre gobiernos y sociedad. En la década de los noventa el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri estableció como solución la creación de El Purgatorio. El asunto generó irritación y se convirtió en uno de los factores de inestabilidad para el gobierno, sobre todo por el incremento de costos que significa el bombeo del agua, mismo que terminó por propiciar el interinato de Carlos Rivera Aceves en 1992.

En un fenómeno de pérdida de confianza de la ciudadanía, el gobierno de Guillermo Cosío entró en un tobogán que complementaron los errores y el descuido de las funciones públicas y que terminó por generar la tragedia de las explosiones del drenaje del sector reforma. En realidad la inconformidad se acumuló desde el arranque del régimen, algunos hechos fueron documentados por Felipe Cobián, entonces corresponsal del semanario Proceso, que en febrero de 1992 dio voz a los constructores inconformes con la manera discrecional con que se otorgaban las obras a los incondicionales del régimen. Generó Cobián un evento probablemente irrepetible con el reportaje, se agotó la edición del semanario y circularon profusamente copias fotostáticas por todo el Estado.

La Presa Derivadora de El Purgatorio sería alimentada con las aguas del río Verde y la presa El Salto. La pérdida de confianza se manifestó paralela al proyecto, con las versiones de inversión y adquisición de terrenos para construir vivienda, lo que fue tomado como cierto por los habitantes, sobre todo como consecuencia de la discrecional manera de administrar los recursos públicos de ese gobierno.

La siguiente propuesta fue la del gobierno de Francisco Ramírez Acuña, conocida como Proyecto de Arcediano, que fue criticada por los expertos en temas ambientales, que la rechazaron por el elevado costo de construcción y por el riesgo que implicaba para la salud, debido a la presencia de aguas residuales y de metales pesados, de uno de los ríos que servirían de afluente.

La presa sería abastecida por los ríos Verde y Santiago, en este último desembocan los drenajes de Guadalajara, así como de industrias de alta contaminación. Además requeriría un enorme consumo de energía para el bombeo del agua a casi 600 metros de altura.

En el inicio de la administración de Aristóteles Sandoval se acordó reiniciar la obra de Guillermo Cosío y dejar de lado la propuesta del gobierno de Ramírez Acuña. Se hicieron de nuevo presupuestos y se retomó la Presa de El Purgatorio. El costo de la obra y el desorden de las finanzas del gobierno, llevó al fracaso la propuesta.

Con el inicio de las actuales administraciones, federal y estatal, el proyecto parecía haber perdido posibilidad de arrancar de nuevo, sobre todo porque el gobierno federal no presupuestó recursos para el abastecimiento de agua de la Zona Metropolitana. Para los organismos que administran el agua en el estado El Purgatorio registra un 55 por ciento de avance y está presupuestada en 9,200 millones de pesos, quinientos para la presa y ocho mil setecientos, para el sistema de bombeo.

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, no experimentó en cabeza ajena e insiste en el debatido tema sin considerar la opinión de la sociedad, por lo que asume que la alternativa para dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara es El Purgatorio y se empeña en rescatar el proyecto.

Sin embargo la desconfianza de la sociedad se alimenta con las experiencias anteriores y percibe un falso debate sobre el recurso del agua. Algo que levanta inquietud es el exagerado interés por construir obras faraónicas y que se percibe como un asunto de negocios, antes que el desarrollo urbano planeado de la Zona Metropolitana.

Un sistema viciado desde la creación del Código Urbano en la década de los noventa con Alberto Cárdenas, junto con otros instrumentos como el procedimiento judicial administrativo de las positiva y negativa ficta, en que prácticamente se entrega el control de última instancia de licencias y permisos de construcción, desarrollo urbano y habitacional al viciado Tribunal Administrativo del Estado, complementa la visión negativa.

El debate de fondo que nadie ha tocado, es cómo realizar un crecimiento armónico en el Estado, es decir un desarrollo equilibrado a  partir de las regiones y no como sucede, en que las inversiones federales y estatales se concentran en la Zona Metropolitana, lo que ha creado la macrocefalia de problemas y conflictos de todo género, desde la vivienda, hasta la seguridad pública, del transporte a el agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.

Visto así el asunto debe abordarse primero desde el ángulo del desarrollo urbano ordenado y armonioso en el Estado, considerando de forma primaria la protección de los recursos naturales, lo que implica hacer responsables de la recuperación del medio a las industrias que lo agreden.

El ejemplo que mejor ilustra es el de la industria tequilera, que fue obligada por lo Comunidad Económica Europea a cuidar el entorno ambiental en que produce, con plantas de tratamiento de aguas residuales, para así permitirles entrar a su mercado. En este proceso tendría que darse prioridad al saneamiento de las aguas de la Cuenca Lerma Chapala Santiago.

El siguiente paso es planificar el desarrollo urbano de manera sostenible en cada región, a partir de la Zona Metropolitana, determinando los límites de crecimiento y la atención adecuada de los servicios públicos.

Al final con diagnósticos objetivos, determinar si se requiere o no para la Zona Metropolitana de Guadalajara el caudal complementario de agua, definido por el crecimiento anual de la potencial demanda y la calidad de vida de los habitantes. Ello permitiría una planeación racional de obras y negocios inmobiliarios y llevar a un mínimo la afectación de los recursos naturales con las obras. A partir de esa etapa, permitir e incluso impulsar el crecimiento de la industria inmobiliaria, que tendría como eje de su acción la mejora de la vida de los habitantes.