De nueva cuenta, el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, utiliza la represión como principal método de acción para amedrentar y silenciar las voces contrarias a su proyecto de Refundación (cualquier cosa que esto signifique), sobre todo a aquellas que provienen de grupos juveniles y universitarios, que han sido foco constante de las represiones gubernamentales.
El pasado jueves a las 3 de la madrugada agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco desalojaron a jóvenes que acampaban desde el 29 de marzo en unos predios del llamado parque Resistencia Huentitán.
La razón expuesta por las autoridades para llevar a cabo el desalojo son darle cause a las dos denuncias presentadas por la empresa Hoteles Rivera Deluxe S.A. de C.V y el ayuntamiento de Guadalajara, para exigir la liberación del predio, ante las cuales un juez ordenó al Ministerio Público de la Fiscalía restituir los terrenos.
Más allá de las razones jurídicas que alude la Fiscalía, en voz del fiscal Gerardo Octavio Solís, quien además afirmó que la diligencia se llevó a cabo “bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas”, lo cierto es que el desalojó violentó los derechos humanos de estudiantes y vecinos que se encontraban en el campamento.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier Armenta, señaló de forma clara la manera en la cual irrumpieron los agentes en el lugar, amenazándolos con armas cortas y largas, destruyendo las casas de campaña, incomunicándolos por varias horas, pidiendo los datos personales de los estudiantes, así como fotografiándolos y quitándoles sus pertenencias sin el registro correspondiente.
Detrás de los sucesos de este jueves encontramos varias aristas. Por un lado, en los predios en cuestión se pretende construir el proyecto inmobiliario Iconia, que traería una densidad habitacional de alrededor de 2 mil departamentos y grandes bolsas de dinero para sus promotores. A ese proyecto se han opuesto los vecinos de la zona quienes han contado con el apoyo de los estudiantes universitarios.
Otro aspecto que no podemos olvidar, es el conflicto político que mantienen el gobernador del estado y el rector de la UdeG, a consecuencia del retiro, por parte del Ejecutivo estatal, de 140 millones de pesos que ya habían sido destinados a la máxima casa de estudios para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, y que ahora se utilizarán para el Hospital Civil de Guadalajara.
También encontramos detrás de todo esto la negativa del rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, para apoyar el regreso a clases presenciales en medio de la ola de contagios por la variante delta, que ha impulsado el gobierno estatal y las universidades privadas. Por si esto no fuera suficiente, se han comenzado a suceder en cascada las descalificaciones en ambas direcciones sobre los intereses particulares de cada grupo en cuestión.
De todo lo sucedido el jueves en la madrugada y de los métodos que utiliza el gobernador Enrique Alfaro para atender los problemas del estado, me queda claro que el diálogo es el que menos utiliza, por el contrario, al paso del tiempo, desde Casa Jalisco se continúa privilegiando el uso de la fuerza y la represión como estrategias principales para andar el camino de la administración pública y enfrentar a los opositores.
@contodoytriques
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