Puntos y Contrapuntos

Criterios

Las razones políticas nunca tendrán el peso de las verdaderas razones jurídicas. Aunque en algunas ocasiones los intereses políticos puedan torcer el pretendidamente recto camino de la legalidad, sustentada en una correcta, honrada, justa y valiente interpretación de las leyes.

Por lo tanto, las argumentaciones políticas tienen poco valor real en el ámbito jurisdiccional, donde debe prevalecer la esencia sustantiva de las normas. Las razones políticas carecen de validez jurídica cuando no están argumentadas como precedentes legales, que abonen a la documentación y sustentación de una queja, una demanda o una denuncia. Por eso es muy delicada y aventurada la pretensión de condicionar el rigor jurídico con la presión mediática, aunque se ganen los aplausos y el respaldo de las galerías.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tiene muchos frentes abiertos al mismo tiempo, que podrían conducirlo, de tener éxito, al reconocimiento incondicional de la gente común, que es fácil de contentar y de convencer, porque tiene hambre y sed de justicia.

Sin embargo, las acciones preponderante mediáticas del mandatario estatal, que están orientadas a satisfacer a la tribuna, para obtener el aplauso fácil y entusiasta, pretenderían también tender una cortina de humo para disimular los efectos de algunas de sus controvertidas decisiones, que han despertado profundo malestar en un segmento popular mayoritario, de economía frágil o depauperada.

El pasado miércoles 24 de julio de 2019 el gobernador anunció un alza en la tarifa del transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, de 7.00 a 9.50 pesos, aplicable a partir del sábado 27 de julio del 2019. La inconformidad y protestas, contra un transporte que se considera caro, inseguro y agraviante para los usuarios continúan. El pasado viernes 9 de agosto del 2019, estudiantes de derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, presentaron más de cinco mil firmas ante un Juez de distrito en materia civil y administrativa, para ampararse en contra del incremento a las tarifas del transporte urbano.

El reciente lunes 29 de julio del 2019 el gobierno de Jalisco formuló denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que investigue las presumibles irregularidades en la existencia de mil 573 hectáreas de aguacate ubicadas en terrenos de vocación forestal en 14 municipios del sur de Jalisco, entre ellos San Gabriel, donde el domingo 2 de junio del 2019 hubo un deslave que causó cinco muertes y graves daños materiales, debido, presumiblemente, a la abusiva e ilegal deforestación. En la denuncia, el gobierno del estado no señala los nombres de los propietarios de los plantíos de aguacate y se limitó a presentar datos del uso agrícola que se hace de predios forestales. La sociedad reclama una investigación profesional, rigurosa e independiente.

También está abierto el expediente, bajo sospecha de conflicto de interés y tráfico de influencias, de la adjudicación, en febrero del 2019, del contrato más importante en lo que va de la actual administración estatal: 3 mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al empresario Guillermo Romo Romero, a quien se identifica como amigo del gobernador Alfaro Ramírez. Estarían involucrados también el exdiputado local panista Jorge Alberto Salinas Osornio, presunto cabildero y empleado de Romo Romero, así como su hermano, Carlos Alonso Salinas Osornio, titular de Inteligencia Comercial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dependencia que habría solicitado el arrendamiento de las máquinas, según versión publicada en El Diario NTR de Guadalajara, el pasado viernes 29 de marzo del 2019.

Hay otro asunto que sigue siendo muy controversial. Ayer lunes 12 de agosto del 2019, la coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, descartó que lo dicho por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, respecto a la terminación de la presa El Zapotillo, fuera una decisión absoluta, según publicó el periódico Mural. La activista, junto con pobladores de las comunidades afectadas y productores del campo de Los Altos, sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que el mandatario les dejó en claro que no había tomado una decisión al respecto, y que estaba abierto en conocer otras alternativas que no implicaran la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Sin embargo, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respectivamente, informaron que la presa El Zapotillo seguiría su curso, que la estructura no será demolida pese al rechazo de las comunidades que se verán afectadas por su construcción, así como de activistas y colectivos, y que el mandatario federal avaló su propuesta.

En ese clima de reclamos, controversia y dudas, una cortina de humo mediática tendría el propósito de desviar la atención de los cuestionamientos en contra del mandatario jalisciense.

Enrique Alfaro Ramírez podría quedar atrapado en su propio laberinto, si las investigaciones realizadas, así como las pruebas documentales y testimoniales, no corroboran las certezas jurídicas que pudieran llevar tras las rejas a los presuntos corruptos o delincuentes a los que el mandatario ya les puso etiquetas de villanos.

Además de los costos políticos que le significará la ruptura con algunos de sus viejos aliados y el descrédito que podría sobrevenir en el supuesto caso de que no consumara su propósito de poner y mantener tras las rejas a los personajes que por iniciativa y con argumentaciones de la administración estatal, ya fueron lapidados públicamente.

Son frentes muy delicados y confrontaciones complejas las que tendrá que superar el gobernador de Jalisco. El riesgo es que no hubiese medido los alcances de sus decisiones o no hubiera sido adecuadamente asesorado y orientado por sus consejeros jurídicos.

LA RUPTURA

Más allá de los delitos y las culpas que pudieran documentarse, para justificar una acción, incluso jurídicamente sustentada, en política la traición y la ingratitud siempre se cobran caro.

El miércoles 1 de octubre del 2014 el panista Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez –aspirante albiazul a gobernador en los comicios del 2012–, al presentar su libro “Diálogos con mi conciencia”, enlistó a todos aquellos a los que consideró traidores a su candidatura y a su partido, el PAN, y afines a Alfaro Ramírez.

Ofreció una larga la lista encabezada por el exgobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013), e incluía a algunos de sus colaboradores más cercanos como Herbert Taylor Arthur, excoordinador de Innovación y Desarrollo; Antonio Gloria Morales, exsecretario de Educación Pública; Eduardo Mar de la Paz, exsecretario particular del Mandatario; Álvaro García Chávez, exsecretario de Desarrollo Rural; Miguel Ángel García Santana, exsecretario de Desarrollo Humano, así como Diego Monraz Villaseñor, exsecretario de Vialidad.

La tarde del pasado martes 6 de agosto del 2019 la Fiscalía General de Jalisco emitió un comunicado en el cual informó que, por el presunto delito de peculado, en la compra a sobreprecio de la Casa Jalisco en Chicago, fue detenido Antonio Gloria Morales, quien fuera secretario particular del exgobernador Emilio González Márquez, exsecretario de Educación y exdirigente del PAN Jalisco. La orden de aprehensión fue obsequiada por el juez Décimo Tercero de lo Criminal.

Antecedente: el jueves 28 de julio de 2016, el entonces gobernador priista del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, afirmó que la Casa Jalisco en Chicago se compró a sobreprecio en la pasada administración estatal, del panista Emilio González Márquez, lo que provocó un quebranto al erario.

Ese día se dio conocer la intención del gobierno estatal de vender esa propiedad. El gobierno de González Márquez gastó 66.6 millones de pesos entre la compra y la remodelación de Casa Jalisco en Chicago: 5.5 millones de dólares, al tipo de cambio vigente entonces, de 12.09 pesos por unidad estadounidense.

Luis Aguirre Lang, presidente del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), estimó en nota publicada por Mural el 17 de agosto del 2017 que a precios inmobiliarios de ese año la Casa Jalisco en Chicago podría venderse en 26.9 millones de pesos, lo que representaría un quebranto de 40 millones de pesos al erario jalisciense.

La compra de Casa Jalisco en Chicago fue anunciada por González Márquez el 25 de agosto de 2008. El 22 de febrero de 2011 Mural publicó, sobre la inauguración de Casa Jalisco en Chicago, realizada un día antes: “La sede fue inaugurada ayer, y al evento viajaron, con cargo al erario, el Rector de la UdeG, Marco Antonio Cortés; así como los Secretarios de Educación, Antonio Gloria Morales; de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez; de Cultura, Alejandro Cravioto Lebrija, y de Desarrollo Humano, Martín Hernández Balderas”. También estuvo Ricardo Gómez Quiñones, entonces presidente del Consejo de Administración del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade).

SIEMPRE JUNTOS

Durante toda su carrera política Antonio Gloria Morales creció al amparo del mismo grupo político panista en el que se abrigó y se fortaleció su entrañable amigo, y después jefe, Emilio González Márquez, del cual ha sido principal operador político Herbert Taylor Arthur. En el gobierno de Emilio, Herbert fue el primer poderoso Coordinador General de Innovación y Desarrollo.

Este grupo político mantuvo el control de la presidencia estatal del PAN durante 15 años, a partir de 1990. Estuvo liderado originalmente por José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, quien fue presidente del PAN en la entidad durante dos periodos, de 1990 a 1996. Herbert Taylor Arthur le sucedió de 1996 a 1999; entregó la dirigencia a Emilio González Márquez, de 1999 a 2002 y el siguiente líder estatal albiazul fue José Antonio Gloria Morales de 2002 a 2005.

José Guadalupe Tarcisio, quien impulsó políticamente a Emilio luego que González Márquez abandonó las filas del Partido Demócrata Mexicano (llegó al PAN en 1992), se dijo traicionado por González Márquez cuando el expedemista le ganó la postulación para la alcaldía de Guadalajara el domingo 19 de enero de 2003. Rodríguez Martínez había declinado contender apenas 24 horas antes, al argumentar que había manipulaciones e irregularidades graves en el padrón de militantes para favorecer a González Márquez.

El grupo de Tarcisio-Emilio-Herbert perdió el control del PAN estatal el domingo 13 de marzo de 2005, cuando Eduardo Rosales Castellanos, colaborador del gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007) le arrebató la mayoría en el Consejo Político Estatal y la dirigencia del partido para el periodo 2005-2009.

Fue presidente interino del PAN Jalisco 2009-2011 Iván Eduardo Argüelles Sánchez. Le relevó Miguel Ángel Monraz Ibarra en la dirigencia estatal 2011-2014. Después de él llegó a la dirigencia panista Gustavo Macías Zambrano, para el periodo 2014-2015. Del 2016 al 2019 estuvo la presidencial estatal albiazul Miguel Ángel Martínez Espinoza. Actualmente es presidenta estatal del PAN María del Pilar Pérez Chavira, primera mujer que llega a ese cargo para el periodo 2018-2021. Ella asumió sus funciones el pasado 15 de enero del 2019.

La relación de Gloria Morales siempre ha sido muy estrecha con Emilio González Márquez y con su grupo. Sus nombres aparecen vinculados según revelaciones del periodista de Lagos de Moreno, Álvaro Delgado Gómez, en sus libros “El Yunque. La Ultraderecha en el poder” (2003) y “El Ejército de Dios” (2004), ambos publicados por la editorial Plaza Janés.

Los panistas de Jalisco mencionados como integrantes de El Yunque son Emilio González Márquez, Herbert Taylor Arthur, Fernando Guzmán Pérez Peláez, Leonardo García Camarena, Luis Enrique Gómez Espejel, César Coll Carabias, Daniel Ituarte Reynaud, José de Jesús Gómez Espejel, Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, Antonio Álvarez Hernández, Rodolfo Ocampo Velásquez y Antonio Gloria Morales.

Este lunes 12 de agosto del 2019, Antonio Gloria Morales, segundo excoordinador de Políticas Públicas del gobierno de Emilio González, recibió la formal prisión en el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal y quedó sometido a proceso.

OTRO FRENTE

El pasado miércoles 7 de agosto del 2019 los periódicos Mural y El Informador publicaron, con pequeñas variables, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto Castillo, había congelado las cuentas bancarias de tres magistrados de Jalisco: dos del Tribunal de Justicia Administrativa y uno más del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los involucrados: Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, del Tribunal de Justicia Administrativa, y Celso Rodríguez González, del Supremo Tribunal de Justicia, con base en diversos supuestos de corrupción. El congelamiento de cuentas a los tres magistrados se derivó de denuncias formuladas en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República.

El Informador contextualiza que, en el caso de Celso Rodríguez González, en septiembre de 2015, el abogado José Félix Torres y el empresario Elías Sahd, lo denunciaron por enriquecimiento ilícito. Lo acusaron de poseer bienes por 50 millones de pesos, una fortuna que, presumen, no podría justificar, aunque hubiese ahorrado todo su sueldo durante los 11 años previos a la compra de los bienes.

Es de remarcar -explica el mismo diario- que Rodríguez González se mantiene en el cargo gracias a un amparo, a pesar de que constitucionalmente ya terminó su periodo. También busca impedir que le quiten la titularidad de la Notaría 34, al promover un juicio de amparo luego de que el gobierno del estado determinó revocarle la licencia de dicha notaría, pues se argumentó que se le otorgó de manera irregular.

También desde la perspectiva de la información publicada por El Informador el pasado jueves 8 de agosto del 2019, se advierte que, en 2015, el magistrado Alberto Barba Gómez avaló la construcción, mediante afirmativa ficta, de 17 proyectos inmobiliarios irregulares, y aprobó la operación de 20 gasolineras con sendas suspensiones en Guadalajara y siete en Zapopan.

Recapitula el mismo diario: el 53% de trámites de edificios y gasolineras irregulares se resolvieron en la sala de Barba Gómez.

Refiere el mismo periódico que uno de los casos más polémicos del magistrado Armando García Estrada fue cuando en 2015 se dio a conocer que ayudó a que un particular construyera 33 mil viviendas, modificando el uso de suelo a una reserva forestal y acuífera, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a Colotlán.

Agrega El Informador que algunas de sus decisiones polémicas han sido para favorecer sistemas de transporte irregulares como mototaxis o emitir medidas cautelares para que operen rutas fuera de norma como la 24. Advierte que él fue el juzgador que en 2015 otorgó suspensiones para frenar los planes parciales de Guadalajara.

La diputada morenista María Esther López, presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, reveló al periódico Mural, el pasado 30 de enero del 2019, que seis juicios políticos contra funcionarios fueron atorados en la pasada Legislatura, la 61, que culminó funciones el 31 de octubre del 2018.

Entre esos juicios político están tres contra el Magistrado Alberto Barba, por otorgar afirmativas fictas para edificaciones y conceder suspensiones irregulares, y uno más contra García Estrada, señalado por supuesta vulneración al principio de impartición de justicia.

Hasta la fecha, ninguna denuncia penal o promoción de juicio político ha prosperado contra alguno de los tres magistrados señalados, quienes buscan el amparo de la justicia federal para que les sean descongeladas sus cuentas bancarias.

Si la pericia jurídica no está del lado del gobernador y de su equipo de asesores, el mandatario podría quedar atrapado en su propio laberinto, en medio de fuertes cuestionamientos, por sus propios errores y por los ajenos.