Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 14 de julio de 2026. -Bajo una asfixiante presión social, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, entregó formalmente el Plan Hídrico del Estado ante el Congreso de Jalisco. La propuesta plantea una inversión global inicial de 3 mil 500 millones de pesos de origen estrictamente estatal.
Sin embargo, más allá de las grandes cifras, el documento confirma lo que el activismo y la academia han denunciado qué el estado está rebasado y obligado a reaccionar tarde, inyectando dinero a la infraestructura deficiente para apagar el fuego de una crisis de salud pública que ya escaló hasta las quejas colectivas de la ciudadanía ante la CEDHJ.
El núcleo financiero del plan entregado al Congreso se centra en rescatar y remendar la infraestructura que opera al límite en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De los recursos comprometidos, la mayor tajada se destinará de urgencia a dos frentes obsoletos:
Los 2,500 millones de pesos serán inyectados exclusivamente para la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora Número Uno de Miravalle, interviniendo a marchas forzadas 66 de sus celdas de purificación.
Otros mil millones de pesos se canalizarán a la segunda etapa del acueducto y sistema de bombeo de La Calera para intentar desviar el abasto hacia el sistema Chapala-Guadalajara.
El discurso de entrega estuvo marcado por el reclamo político. Al recalcar que las obras se costearán en su totalidad con fondos estatales, el Ejecutivo lanzó una pedrada directa a la Federación afirmando que han recibido “cero pesos y cero centavos” de apoyo.
Como admisión implícita de que la solución de fondo tardará meses —o años— en reflejarse en las tuberías de los hogares, los funcionarios anunciaron una serie de “medidas de contención inmediata” que devela la gravedad de la contingencia.
Ante la negativa sistemática de decretar la alerta sanitaria, el gobierno implementará un esquema asistencialista que incluye el despliegue de pipas, plantas potabilizadoras provisionales en plazas públicas y, de manera insólita, un convenio de vales intercambiables en comercios locales para entregar garrafones de agua gratis a las familias de las zonas críticas.
Este subsidio al agua embotellada institucionaliza una realidad humillante para los tapatíos: el Estado confiesa que el agua de la red pública sigue sin ser apta para el consumo humano.
Pese al triunfalismo del bloque oficialista de Movimiento Ciudadano, las bancadas de oposición en el Congreso local (Morena, Hagamos, PRI y PT) congelaron el entusiasmo general de los funcionarios. Los legisladores advirtieron que el Plan Hídrico no pasará como un cheque en blanco y condicionaron su voto en comisiones a una rigurosa auditoría del origen de los fondos.
Se revisará con lupa que los 3 mil 500 millones de pesos provengan de ahorros presupuestales legítimos y no de una deuda pública oculta o del desvío de otras áreas prioritarias de la administración.
