Filosofando
Criterios
Con la sacudida al zarzo que dio el paso legislativo en torno a la aprobación del presupuesto anual, para normar el dinero público, aparecieron varios desajustes importantes. Uno en especial, el del rubro educativo, sacudió redes sociales y columnas de los medios. Hubo bruma de números a favor y en contra, como ocurre cuando se establecen estas diferencias. Los responsables universitarios alzaron de inmediato la voz. Miraron sorprendidas recortes en lugar de incrementos, cual suele ser la tónica.
El anuncio de la rebaja fue contradicha pronto por el propio titular del ejecutivo. Obrador comprometió a sus financieros de Hacienda a que no castigaran a las instituciones de educación superior. Si más aumento no se les puede obsequiar, que al menos lo erogado para ellas no quede por debajo de la inflación. Eso pareció calmar las aguas en dicho rubro. Dentro de los jaloneos, salieron a relucir los sueldos de muchos privilegiados, que rebasan alegremente la ahora popular cota de los 108 mil pesos mensuales, que recibirá el presidente. También se volvió popular su norma constitucional, en el sentido de que nadie debe rebasar, pagado por las finanzas del país, un ingreso superior al del presidente. El sólo hecho de que se vuelva público este renglón les ha venido a producir sarpullido a muchos de nuestros tradicionales atracadores legales.
En Jalisco algunos comunicadores hemos puesto la mira desde hace muchos años en el despilfarro y mal manejo que se hace del dinero en nuestra máxima casa de estudios. La Universidad de Guadalajara recibe un ingreso anual que rasca los catorce mil millones de pesos en dos partidas, una federal y otra estatal. Se trata de una cantidad muy respetable. Se comparaba hace algunos años la cifra presupuestaria de la UdeG con la del municipio de Guadalajara. Mientras la ciudad atiende a casi dos millones de habitantes, la UdeG engloba a 200 mil personas. La cifra del ayuntamiento apenas le llega a la mitad a la de la UdeG. La diferencia se podría calificar de injusta, vista sólo como cuestión de números y su correspondencia con el número de ciudadanos atendidos. Pero la cuestión debe ser ajustada para que la revisen mejores catalejos.
El día 23 de diciembre, cuando ya andábamos todos atrapados en el tráfago de las fiestas navideñas, la edición nacional del periódico La Jornada sacó a relucir los duros números del despilfarro practicado en nuestra alma mater. Aparecen por ahí los sueldos nominales del rector general y de todos los rectoritos de los centros. La información, dice el reportero Juan Carlos G. Partida, se tomó de transparencia, es decir que es verdad nominal o formal, estipulada para ser dada a conocer tanto a Hacienda como al público interesado.
De todos los sueldos mencionados, sólo el del rector general, Miguel Ángel Navarro, es de 135 mil pesos mensuales. O sea que rebasa en casi treinta mil la cota límite fijada para el presidente de la república. Los demás quedarían por debajo de la línea marcada como de tolerancia. Pero es verdad de Pero Grullo, conocida por todos los que nos hemos ocupado alguna vez de estos entenderes mañosos de la UdeG, referidos a los dineros, que existen en sus prácticas los vicios de los doble sueldos, las licencias con goce, las simulaciones de pagos, la famosa nómina azul y más lindezas. Por años nos hemos entretenido en darle seguimiento a muchas de las erogaciones atípicas o heterodoxas, que se hacen en nuestra máxima casa de estudios. Ya hace tiempo que resultan escandalosos sus boatos, sus faramallas, su glamour y toda esa parafernalia tan alejada del comedimiento y las maneras sencillas y republicanas, a que se someten los auténticos investigadores, docentes y estudiantes en la mística de su formación profesional y de sus tareas universitarias.
Da cuenta el reportaje, casi al final, del proyecto inmobiliario de las 700 viviendas que pretende construir la UdeG en la vieja hacienda de Los Belenes. Es un mero decir que las pretenda construir la UdeG. Con el nombre de Uniterra, sabemos ahora de una empresa inmobiliaria udegeísta. Es una más de las caras del corporativo de empresas universitarias, que preside, desde siempre y por obviedad, Raúl Padilla. Dice su titular subordinado, Héctor García, que este proyecto se ubica en un espacio propiedad de la UdeG de 173 hectáreas de extensión. Cuando Luis Echeverría puso en manos del rector de aquella universidad en la que estudiamos, don José Parres Arias, la donación del terreno de Los Belenes, supimos que eran doscientas hectáreas. ¿En el camino ya se les perdieron 27 o cómo hay que entender esta diferencia?
Pero lo más burdo de todo este tinglado viene a ser la respuesta que envía la responsable de comunicación social de la UdeG al periódico La Jornada, el día dos de enero, aparecida en la columna del correo del lector, para ‘puntualizar’ la información aparecida. Todo lo ‘desniegan’, como diría su mentor de oro Cantinflas. No rebasan topes presidenciales de salarios, no rechazan alumnos solicitantes, las ‘empresas universitarias’ no se recargan al presupuesto sino que generan ingresos propios. Lo mejor de toda su tanda exculpatoria es la afirmación de que siempre y permanentemente la están auditando y nunca elevan tales instancias fiscalizadoras observación alguna para corregir. ¿Se trata acaso de auditores sordos o de inspectores ciegos? Porque los de la UdeG no sólo son maestros puestos en doble fila para pagos estratosféricos, también poseen una cara dura que les envidiaría el más cínico de los lunfardos argentinos. De lo que se viene uno a enterar con el paso de los días.
