11 de diciembre de 2021.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas cautelares al Gobierno de Jalisco para garantizar la protección al trabajo de periodistas en la entidad, argumentando una “Situación contextual de violencia hacia periodistas” por 24 agresiones contra ellos en lo que va del año, principalmente por parte del mandatario Enrique Alfaro Ramírez.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDH, informó que, independientemente de la investigación que ya sigue la Comisión Nacional, se conocen de casos de amenazas, hostigamiento, intimidación y descalificación hacia varios representantes de los medios de comunicación.
“Esto habla de la falta de una política de Estado para garantizar el ejercicio periodístico y el respeto a la dignidad de las y los periodistas. Por eso es necesario que se revise a fondo esa política y se consolide al menos lo que ya está establecido en la ley”. señaló el ombudsman.
Gobierno responde, se dice violentado en sus derechos
El Gobierno de Jalisco, al ser notificado sobre estas medidas cautelares, aseguró que siempre se ha respetado la libertad de expresión e informó que serán atendidas, sin embargo, aclara que, las 24 agresiones a periodistas no les fueron notificadas, “lo cual constituye una violación flagrante al derecho humano al debido proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.
Cuestiona, a través de un comunicado, el que la CEDH se base en notas periodísticas que carecen de un valor legal como prueba.
“Las supuestas agresiones a periodistas fueron del conocimiento de la Comisión a través de un ‘monitoreo de medios’, es decir, a través de notas periodísticas (las cuales, legalmente como pruebas solo pueden tener un valor indiciario) y no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio periodístico”.
Pone en duda la investigación que dice llevar a cabo la CEDHJ: “Lo anterior es mayormente preocupante, puesto que, con base en el citado ‘monitoreo de medios’, la Comisión afirma que: se denota un patrón de hostilidades dirigido a minar la legitimidad y condición psicoemocional de quienes ejercen el periodismo”.
“Es decir, sin conocer de manera directa los probables casos de agresión contra periodistas y sin haberlos documentado o si quiera investigado, la Comisión prejuzga sobre un contexto específico y atribuye responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución”, señala el comunicado.