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En las fiscalías: primero limpiar, para luego cambiar

En las fiscalías: primero limpiar, para luego cambiar

Hay instituciones que están severamente maleadas, carcomidas por la corrupción, contaminadas hasta la médula, que requieren una intervención quirúrgica delicadísima y profunda, para extirparles el cáncer que destruye sus fibras más sensibles y delicadas.

Después de una intervención quirúrgica profunda y detallada, habría que ponerlas en terapia intensiva y esperar a que, si sobreviven, puedan ser reconstruidas sobre nuevos cimientos.

Esas instituciones enfermas, podridas, consumidas por el cáncer de la corrupción no van a cambiar ni a sanar sólo por decreto o por un simple cambio de nombre.

El proceso de reconstrucción de algunas instituciones públicas, para hacerlas modernas y funcionales, tiene que cumplir etapas de mediano plazo, para poner la luz en los lugares más oscuros y ahuyentar o eliminar las alimañas, los malos bichos que, en las oscuras cañerías de la corrupción, las complicidades y la impunidad, han construido confortables nidos.

Mientras sus oscuras estructuras no sean destruidas, difícilmente podrían esperarse mejores y diferentes resultados. Y mucho menos van a cambiar sólo con poner al frente de ellas a personas de trayectoria presumiblemente limpia, inmaculada, y aparentemente al margen de intereses políticos o partidistas.

Al final, las instituciones carcomidas por la corrupción terminarían por contaminar, enfermar y destruir a personas bien intencionadas, presumiblemente capacitadas, honradas y con sanos propósitos, que sucumbirían víctimas de su ingenuidad.

El propósito de que Jalisco tenga una Fiscalía General autónoma, independiente del poder formal del Gobernador en turno y de poderes fácticos que puedan determinar su rumbo, es una necesidad imperiosa, para avanzar hacia un verdadero régimen de legalidad en el que la procuración de justicia se cumpla en plenitud.

Igual es imperiosa la necesidad en el ámbito federal por lo que respecta a una Fiscalía General de la República autónoma.

Del mismo modo, ambas instituciones tendrían que pasar por un periodo de transición en el que, además de depurar y curar la estructura humana, despidiendo al personal viciado, nocivo y corrupto, tendría que mejorarse el andamiaje jurídico y operativo, así como instrumentar un enérgico programa de capacitación a una amplia plantilla de nuevos servidores públicos orientados con una mística de servicio ético, honrado y comprometido con la sociedad.

Igual tendría que procurarse un amplio catálogo de prestaciones y estímulos para blindar al personal de las nuevas fiscalías frente a las tentaciones del dinero fácil y las presiones, tanto de autoridades corruptas como de expresiones del crimen organizado.

Ese proceso requiere tiempo y un razonable proceso de transición.

 

EL FRACASO

El pasado jueves 9 de agosto del 2018 especialistas de las organizaciones independientes México Evalúa y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), presentaron su informe “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” correspondiente a 2017, en el que concluyen que la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) fue tiempo perdido en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Para el buen funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal son fundamentales las tareas que realizan las policías preventivas, las policías investigadoras y los agentes del Ministerio Público, áreas sobre las cuales la Fiscalía General de Jalisco tuvo responsabilidad directa en los más recientes seis años.

La reforma al sistema de justicia penal se escrituró en 2008 -durante el gobierno panista de Emilio González Márquez-, para empezar a instrumentarse en 2016. A dos años de que fue puesta en marcha -ya durante el régimen del priista Sandoval Díaz-, en Jalisco el fracaso es muy evidente.

1.- En la clasificación que México Evalúa y CIDAC hacen, sobre resultados hasta 2017, Jalisco aparece como la entidad número uno del país con el más alto índice de impunidad en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio: 99.3 por ciento. Jalisco fue el estado peor calificado, por encima de la media nacional de 87.3 por ciento. Después de Jalisco quedaron Tlaxcala, con 99.1 por ciento de impunidad; Yucatán, con 98.9, y Nuevo León, con 97.3 por ciento.

2.- En la evaluación de los avances que Jalisco ha logrado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal aparece en el lugar 18, entre las 32 entidades del país. De un estándar ideal de 1,000 puntos, Jalisco apenas alcanza 243.

3.- En el índice de confianza de los ciudadanos en el nuevo sistema de justicia penal Jalisco está en el lugar 14, con un promedio negativo de menos 0.9 por ciento.

 

LA TRANSICIÓN

La Comisión de Justicia del Senado propone aplazar por lo menos dos años más la autonomía plena para la nueva Fiscalía General de la República (FGR).

La iniciativa de reforma constitucional presentada por los senadores de Morena contempla un régimen transitorio de por lo menos 24 meses antes de realizar las reformas constitucionales para dotar a la Fiscalía de plena independencia y eficacia, publicó Grupo Reforma el pasado lunes 5 de noviembre del 2018.

Ese obligado proceso de transición, depuración, capacitación y fortalecimiento del nuevo modelo institucional de las fiscalías, tanto estatal como federal, debería estar rigurosamente vigilado.

En la entidad tendría que supervisar el proceso de transición, de manera directa, el futuro gobernador -a partir del jueves 6 de diciembre del 2018- Enrique Alfaro Ramírez, auxiliado muy de cerca por el próximo secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza; por el coordinador general de seguridad, Macedonio Salomón Tamez Guajardo y por quien sea nombrado Fiscal General, cargo que muy probablemente recaerá en Gerardo Octavio Solís Gómez, exgobernador de Jalisco (2006-2007), exsecretario general de Gobierno (2005-2006) y exprocurador de la entidad (2000-2005).

Solís Gómez está en la terna de finalistas rumbo a la Fiscalía General junto con Salvador González de los Santos (exprocurador de Jalisco 2005-2007) y Rodrigo Lazo Corvera, un abogado orientado a la investigación y la academia.

Al mismo tiempo, la tarea de consolidación de un nuevo sistema de prevención del delito y procuración de justicia tendría que complementarse desde la Secretaría de Seguridad Pública, cargo para el que estaría perfilada la actual Fiscal General de Jalisco, Maricela Gómez Cobos.

En el ámbito federal el proceso de transición tendría que ser objeto de observación rigurosa del nuevo mandatario -a partir del sábado 1 de diciembre del 2018- Andrés Manuel López Obrador y de la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Entre los aspirantes a la Fiscalía General de la República está bien perfilado hasta el momento el experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, Luis Manuel Pérez de Acha, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Pérez de Acha es también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en funciones hasta el año 2020.

El proceso de transición, depuración y fortalecimiento del nuevo modelo institucional de las fiscalías también tendría que ser supervisado por un comité de expertos y organizaciones de la sociedad civil.

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