Eduardo González Velázquez
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero fueron desaparecidos por miembros de las fuerzas del Estado mexicano. A tres años y medio de aquel crimen de Estado, las únicas certezas que tenemos son dos: 1) los estudiantes siguen desaparecidos; y 2) las fuerzas del Estado se los llevaron.
En la medida que pasa el tiempo y aumentan las indagatorias de varios equipos especializados e independientes al “gobierno” de Enrique Peña Nieto, se incrementan las evidencias de la participación de las autoridades, y del uso de todo el aparato del Estado, no solo para desaparecer a los estudiantes, sino para armar todo el tinglado que pueda exculpar al inquilino de Los Pinos y su padilla en el poder.
Los últimos hallazgos sobre la manipulación perpetrada por el “gobierno” mexicano provienen de la investigación Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborada por El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) (La Jornada, 16 de marzo de 2018). En el documento se sostiene que durante las indagatorias del caso “se hicieron detenciones arbitrarias y que 34 de los 129 procesados fueron torturados por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), con la finalidad de que se auto inculparan o dieran información errónea, lo que generó investigaciones inadecuadas e incluso encubrimiento”.
Evidentemente, el conocimiento sobre las injusticias en el caso de los normalistas desaparecidos aumenta en tanto se profundizan las investigaciones. Ahora no solo estamos ante la desaparición de los estudiantes y la negativa del “gobierno” hacia sus familiares para conocer lo que realmente sucedió el último fin de semana de septiembre de 2014; sino que ahora, nos encontramos con la violación de las garantías individuales, la tortura y el incumplimiento del debido proceso en la detención de los acusados del crimen.
Según la investigación de ONU-DH, los presuntos culpables habrían sido torturados con violencia sexual; toques eléctricos en genitales, pezones y ano; golpes varios en todo el cuerpo; asfixia y ahogamiento para arrancarles declaraciones a modo y conseguir que las víctimas se inculparan de delitos no cometidos. Peligrosamente estas prácticas no son la excepción, sino la regla en las investigaciones que realizan los cuerpos de seguridad y los encargados de impartir justicia en México. A no dudar, estos hallazgos vienen a esparcir las cenizas que quedaban de la “verdad histórica”, que ha terminado por ser la madre de todas las fake news.
Por si esto no fuese suficiente, no hay evidencias de que los agentes implicados en las torturas hayan sido procesados, es decir, también en ese asunto campea la impunidad y la corrupción.
A querer o no, Enrique Peña Nieto siempre será perseguido por la sombra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por su gobierno.
@contodoytriques