Guadalajara, Jalisco.- La intención del gobierno de Jalisco de recortar 140 millones de pesos al presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales y reasignarlos a la construcción del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, es inconstitucional, reiteró la Universidad de Guadalajara (UdeG) tras una ponencia virtual de especialistas en estudios jurídicos.
A decir de Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la fracción séptima del artículo tercero constitucional refiere que la universidad pública puede administrar libremente su patrimonio. Ello, sostuvo, se hace extensivo al presupuesto.
“La pregunta es: ¿esos 140 millones de pesos fueron previamente autorizados por el Poder Legislativo? La respuesta es: sí. ¿Puede entonces cambiar el destino libremente el titular del Poder Ejecutivo o la Comisión de Hacienda, previo dictamen ante la asamblea y votado por mayoría? La respuesta es: no, técnicamente”, señaló Ruiz Moreno.
Ya abundó: “este es el punto controvertido que tiene que presentarse ante la autoridad judicial federal para poder resolver la inconstitucionalidad del acto que en este momento está siendo reclamado. Ahora, antes de llegar a ello, autoridades administrativas están ejerciendo buenos oficios y están en pláticas con el titular del Poder Ejecutivo y con representantes del Poder Legislativo”.
No obstante, ayer por la tarde, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, adelantó que no habrá recursos para el Museo de Ciencias Ambientales y, en cambio, propondrá a la universidad una manera distinta de gestionar el presupuesto, para que éste pueda ser reorientado al proyecto cultural.
Por su parte, Martín Guadalupe Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, alertó durante la charla que permitir la modificación del presupuesto pondría en riesgo la autonomía universitaria.
“El riesgo de la injerencia externa en el funcionamiento de la universidad estriba en que se pierda mucho de lo alcanzado hasta la fecha. Las universidades públicas como la UdeG atienden a un alto porcentaje de estudiantes en todo el país, y a un menor costo que el manejado por otras instituciones, lo que se traslada a la sociedad en forma de ahorros para las familias que no pagan ni matrícula, ni colegiatura; pero también se transfieren a la sociedad en su conjunto cuando reciben servicios de sus egresados”, subrayó Romero Morett.
Un riesgo más, abundó, “es que la sociedad en su conjunto se prive de muchos de los servicios educativos que ofrece…, y servicios que van más allá que los ofrecidos en sus aulas, como la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara” y demás.
Adelanta Alfaro: no habrá dinero para el Museo de Ciencias Ambientales
