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Escala pleito Alfaro-UdeG y llega a la Suprema Corte

Escala pleito Alfaro-UdeG y llega a la Suprema Corte

Guadalajara, Jalisco.- El conflicto presupuestal entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la reasignación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conductor de la máxima casa de estudios.

De acuerdo con el diario Mural fue el pasado 06 de octubre que Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la universidad, presentó ante la SCJN una controversia constitucional.

Desde el comienzo de la pugna, la UdeG ha sostenido que la reasignación presupuestal atenta contra la autonomía de las universidades públicas, contenida en la Carta Magna, además de considerar como una ilegalidad la modificación de fondos ya etiquetados.

“Del Poder Ejecutivo de Jalisco, se reclama el acto, acuerdo, determinación o decreto cuyo objeto sea bloquear, transferir a terceros, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide el depósito o transferencia de recursos a la cuenta de la UDG, pese a ser una cantidad aprobada, asignada y destinada a una obra específica, y por ende, forman parte del patrimonio de la actora, al estar previsto en el Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2021”, se lee en el recurso legal presentado.

En este tenor, la SCJN ya turnó la controversia 135/2021 a una ministra instructora —cuya identidad aún no es pública—, pero no se ha notificado la admisión o desechamiento de la demanda, explica la citada fuente.

“Se trata de un litigio novedoso, que pondrá a prueba la reforma de marzo de 2021 al artículo 105 de la Constitución, por la cual ahora la Corte puede conocer de controversias entre órganos estatales con autonomía Constitucional, y los poderes Ejecutivo y Legislativo locales.

“La UdeG no es un órgano autónomo previsto en la Constitución de Jalisco, sino que es un descentralizado del gobierno del estado, cuya autonomía y personalidad jurídica propias están reconocidas a nivel de su Ley Orgánica.

“La ministra instructora del caso tendrá que decidir si, de entrada, esto hace que la controversia sea notoriamente improcedente, o si el juicio tendría que tramitarse para que el Pleno de la Corte sea el que aclare si la UdeG está legitimada para promover esta demanda”, se detalla.

Si la controversia es admitida, puede pasar más de un año para que la SCJN dicte sentencia de fondo, por lo que también será relevante la decisión de la instructora sobre una posible suspensión para frenar la orden del Ejecutivo de reasignar los fondos hacia el hospital.

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