Guadalajara, Jalisco.- El pleito legal que sostienen los hermanos González Uyeda por el control de la empresa Sello Rojo, tras la expulsión de los socios mayoritarios del consejo empresarial, ya comienza a provocar estragos y desde el mes pasado se detuvo por completo la distribución de los productos lecheros en tres ciudades del país: Acapulco, Saltillo y Querétaro.
Denunciaron los afectados, Aída Araceli Tomie, Alfredo Shigueru, Roberto Eiji y Sergio Akira González Uyeda que por la intromisión del juez Juan Pablo González Magaña, quien los dejó sin control sobre las decisiones de la empresa, ya se han perdido más de 320 puestos de trabajo.
Explicaron que en los tres centros de distribución que cerraron laboraban 170 personas, quienes se sumaron a los 150 desempleados “que fueron despedidos sin justificación alguna en la planta central de Guadalajara en el mes de julio”.
A decir de los exsocios mayoritarios, los actuales apoderados de Sello Rojo, los hermanos Abraham González Uyeda, exsubsecretario de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón, Masayi, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, e Hilda Hiroko, planean desmantelar la empresa.
Informaron que “ayer el Consejo de la Judicatura del Estado inició un trámite contra juez Juan Pablo González Magaña por su intromisión en el consejo de administración de Sello Rojo(…), luego de que se interpusieran una queja contra el juez, quien se excedió en sus funciones(…) de manera absolutamente ilegal”.
Alertaron que de continuar fuera del consejo de administración la crisis de la empresa continuará y 5 mil empleados que laboran actualmente en Sello Rojo, “que representa aproximadamente el 10 por ciento del mercado de lácteos en el país”, podrían perder su empleo, afectando también al sector ganadero de la entidad.
“La situación de la empresa es crítica, por lo que los socios mayoritarios urgen la intervención del gobernador del estado y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia con el fin de evitar una mayor pérdida de empleos y graves afectaciones a la cadena productiva a la que pertenece Sello Rojo”, apuntaron los implicados a través de un comunicado.
Apenas el pasado 3 de septiembre los expulsados del consejo de administración de la empresa lechera denunciaron la intromisión ilegal de González Magañana, quien presuntamente aplicó “medidas cautelares ilegales”, que permiten tener el control absoluto de la lechera Sello Rojo a tres de los socios, dos de ellos relacionados con las cúpulas del poder.
Otra instancia involucrada sería la Fiscalía del Estado de Jalisco, misma que realizó un operativo para tomar las instalaciones de la empresa el 29 de julio, llevándose preso al comisario de la sociedad, quien tenía más de 30 años en ese cargo. Fue acusado de presunto robo de vehículo utilitario”.
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